Hidroeléctricas
Vanessa Vélez Loza
30/04/2018 - 18:57

Se suspende audiencia de Rositas porque ENDE se declara en indefensión

ENDE se declaró en “indefensión” debido a la ausencia de representantes de la Procuraduría  y señalando que también debería estar presente el Ministerio de Energía.

Los comunarios de las comunidades afectadas se dieron cita en el tribunal. Foto: Periodista Virtual en Facebook.

La audiencia de acción popular por la hidroeléctrica Rositas que presentaron las comunidades guaraníes Taratenda Nueva y Yumao se suspendió porque la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) se declaró en “indefensión” debido a la ausencia de representantes de la Procuraduría General del Estado y señalando que también debería estar presente el Ministerio de Energía.

“El día de hoy llegó ENDE a la audiencia con un memorial argumentando que se encontraba en indefensión porque la Procuraduría no se presentó y alegaron que el Ministerio de Energía debía estar también presente”, señaló el abogado de las comunidades, Nelson de La Madrid, citado en ANF.

La audiencia se realizó en el municipio de Lagunillas, Santa Cruz, en el que las comunidades piden que se ratifiquen las medidas cautelares con la paralización del proyecto Rositas. Afuera de la sala de audiencia, se dieron cita comunarios de Vado del Yeso, Masicuri, Arenales, Lajas Tocó, además de los comunarios de Yumao y Taratenda Nueva, que son las demandantes, para expresar su apoyo a los demandantes.

Las comunidades alegan que el proyecto Rositas no tuvo consulta previa. A principios de abril, un Tribunal de Garantías dispuso que ENDE debe abstenerse de realizar cualquier actuación jurídica o administrativa sobre el proyecto Rositas hasta que se lleve una audiencia que defina el tema. Días después, en otra audiencia en la que participaron equipos jurídicos de la Procuraduría y ENDE, el juez se declaró incompetente a seguir tratando el caso.

El proyecto hidroeléctrico Rositas tendría un costo de mil millones de dólares y generaría 600 MW de energía eléctrica. Las comunidades se oponen al mismo porque inundaría 45 mil hectáreas de terrenos y dejaría bajo el agua a 12 comunidades indígena-campesinas.

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