La postulación de Nardi Suxo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte - IDH) derivó en una serie de posiciones de rechazo y apoyo por parte de políticos bolivianos tanto de la oposición como del oficialismo.

Por un lado, la diputada Lourdes Millares (UD) que critica la candidatura de Suxo, la calificó de ser un “cálculo político” del gobierno central. “Es una mala noticia y qué pena que el gobierno, teniendo la posibilidad de postular abogados idóneos, no haya pedido al sistema universitario que le diera un nombre. El MAS quiere poner su cuota al margen del criterio del conjunto el pueblo boliviano”, manifestó. Anunció, además, que como oposición reabrirán los casos que Suxo tiene pendientes en Bolivia relacionados a la corrupción y al tráfico de influencias.

Por otro, el diputado Edgar Montaño (MAS), considera que el currículo de Suxo la hace una firme candidata para juez de la Corte – IDH. Rechazó la posición de Millares señalando que “es la retórica de la oposición que siempre observa o que nos diga qué candidatos plantean llevar al organismo internacional”.

Suxo fue Ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y embajadora de Bolivia ante la Organización de Derechos Humanos en Ginebra Suiza. Durante su gestión en Bolivia fue investigada por su supuesta participación en la llamada “red de extorsión” descubierta el año 2012 e involucrada en una denuncia interpuesta por los legisladores de la oposición por un supuesto desfalco al Instituto Nacional de cooperativas (Inalco).

Fue postulada por Bolivia a uno de los tres puestos vacantes en la Corte – IDH. Compite contra Humberto Antonio Sierra (Colombia), Eduardo Ferrer MacGregor (México) y Ricardo Pérez Manrique (Uruguay); los dos primeros van por su segundo periodo de seis años. Suxo necesita el apoyo de al menos 12 países para asumir el cargo.