Asamblea Legislativa
Redacción Oxígeno
01/10/2017 - 11:21

Comisión propone anteproyecto de ley en contra de paraísos fiscales

La Comisión de la Asamblea Legislativa que estudió los Papeles de Panamá remitirá los resultados de su investigación a la UIF, la ASFI y el SIN.

El presidente de la Comisión, el diputado Manuel Canelas. Fotos: Cámara de diputados

La Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que investiga a empresas relacionadas con el paraíso fiscal de Panamá aprobó su informe conclusivo y propuso un Anteproyecto de Ley de Lucha Contra el Uso de Paraísos Fiscales, y recomendó a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) que prosigan la investigación.

La Comisión presentó un anteproyecto de ley que plantea un ajuste normativo que permita el control de las operaciones comerciales, la información transparente, la investigación corporativa y el régimen de sanciones administrativas, a nivel de la UIF, la ASFI y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AFCSE).

El Anteproyecto plantea también que las instituciones que controlan la salida de divisas, la fiscalización en materia comercial y tributaria, las investigaciones sobre el lavado de activos y la lucha contra la corrupción, implementen mecanismos de coordinación más eficaces para enfrentar el uso de paraísos fiscales.

La comisión realizó las siguiente recomendaciones:

  • Crear un registro obligatorio para las personas naturales o jurídicas que constituyan o tengan nexos con empresas “offshore”.
  • Controlar la contratación de obras y/o servicios públicos cuando los proveedores sean empresas “offshore” constituidas en paraísos fiscales, remitiendo la información de la Comisión a la UIF, a la Procuraduría General del Estado y al SIN.
  • Al Banco Central de Bolivia diferenciar las transferencias de las comisiones realizadas con empresas en paraísos fiscales, elevando el monto, a fin de desincentivar estas actividades, y que la información de aquéllas sea remitida al SIN para la verificación del pago impositivo.
  • A la ASFI un control adicional y riguroso de transferencias de acciones a sociedades “offshore”, y que, de conocer la existencia de alguno, se comunique al SIN y a la UIF.
  • A la UIF proseguir con las investigaciones y establecer mecanismos para la prevención y la lucha contra el uso de paraísos fiscales.
  • A la Aduana Nacional fortalecer el control de las salidas de divisas al exterior en medio físico y ampliar la cobertura de los “precios referenciales” para bienes de exportación, más aún cuando el destino sean los paraísos fiscales.
  • Al Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción prosiga con la investigación a ex autoridades públicas, para determinar responsabilidades en el marco de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales y la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas.

El informe será remitido, junto a los anexos y documentos de respaldo de los casos, a los ministerios de Economía y Finanzas Pública, Obras Públicas y Relaciones Exteriores, además al Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, al BCB, ASFI y a la Aduana Nacional, para que analicen la pertinencia de las modificaciones a las normativas institucionales propuestas en el Anteproyecto de Ley.

“Concluimos con un informe que nosotros pensamos cumple las expectativas, queríamos, por un lado, un diagnóstico institucional, ver qué faltaba en las instituciones del Estado boliviano, con el fin de ser más efectivos en la lucha contra los paraísos fiscales; de ahí se deriva una Ley de Lucha Contra el Uso de los Paraísos Fiscales, que va a modificar algunos aspectos de la normativa”, explicó el presidente de la Comisión, el diputado Manuel Canelas.

Algunos casos 

La Comisión estudió a 360 empresas y 198 personas bolivianas relacionadas con empresas “offshore” panameñas, y analizó 76, en concreto se refirió a diez casos que serán remitidos a instituciones estatales pertinentes para su investigación.

La Comisión sugiere remitir antecedentes al Ministerio Público y la PGE sobre las siguientes empresas y personas: la Cooperativa de Telecomunicaciones y Servicios de Cochabamba; la familia de Branko Marinkovic, expresidente del Comité Pro Santa Cruz; Fernando Romero, ex ministro de Economía de Gonzalo de Sánchez de Lozada; los hermanos José y Walter Kreidler, éste último exministro de Desarrollo Económico en la presidencia de Carlos Mesa; Samuel Doria Medina, por la creación de la “offshore” Akapana; y los empresarios Urenda, Dueri, Luzio, Daher y Azcarrunz Campuzano.

 

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