Dictaduras
Redacción Oxígeno
21/08/2017 - 12:00

Juran los miembros de la Comisión de la Verdad

Tendrán la misión de investigar los crímenes cometidos durante las dictaduras militares en Bolivia.

Gironda, Viscarra, Ramírez, Heredia y Barrientos juraron como miembros de la Comisión de la Verdad. Foto: Min. Comunicación.

Los cinco miembros que conforman la Comisión de la Verdad juraron en sus cargos esta mañana. Tendrán la misión de investigar los crímenes cometidos durante las dictaduras militares en Bolivia.

La Comisión de la Verdad, posesionada hoy, tiene el objetivo de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por los gobiernos militares desde el 4 de noviembre de 1964 en la que se produjo el golpe militar de René Barrientos, al 10 de octubre de 1982 cuando Bolivia retornó al a democracia con Hernán Siles Zuazo.

Los cinco integrantes de la Comisión son Eusebio Gironda, ex ministro de Trabajo en el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989 – 1993) con el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI); Nila Heredia, ex ministra de Salud en el gobierno de Morales, miembro de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia (Asofamd) y ex militante el Ejército de Liberación Nacional; Edgar “Huracán” Ramírez, ex dirigente minero y ex ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB); María Isabel Viscarra, activista de derechos humanos y fundadora del Café Semilla Juvenil y Teodoro Barrientos, miembro fundador de la Confederación de Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en Chuquisaca.

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Los miembros de la Comisión trabajarán por un lapso de dos años, siendo posible extender su investigación por 6 meses más, sin recibir remuneración, aunque el Estado correrá con los gastos para el funcionamiento de la misma. La conformación de la misma fue posible gracias a la ley 179 promulgada el 23 de diciembre del año pasado.

La creación de una Comisión de la Verdad fue un compromiso que hizo el Estado Boliviano el 19 de marzo del 2015 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C. con Amnistía internacional, Asofamd, el Centro de Justicia por el Derecho Internacional (Cejil), el Movimiento de Mujeres Libertad, la Plataforma de Luchadores Sociales contra la Impunidad, por la Justicia y la Memoria del Pueblo y la Unión de Victimas de la Violencia Política, que señalaban que el D.S. 28015 y la ley 2640 de resarcimiento a las víctimas de violencia política no eran suficientes.

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