A partir de la Resolución Procuradurial 133/2017, la Procuraduría General queda habilitada para la defensa del Estado en la jurisdicción nacional. Tras la depuración de éstos, existen 156 casos sobre los cuales intervendrá.

La elección de estos casos, explicó el procurador Pablo Menacho, se realizó en base a los criterios establecidos por norma, que son que los procesos sean civiles, penales o coactivos fiscales, que el monto demandado sea superior o igual a Bs. 7 millones, y cuando se trate de casos en que la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de una institución sea demandada o por solicitud del presidente del Estado.

Hasta ahora, la Procuraduría sólo participaba en los procesos internacionales contra el Estado, como los arbitrajes internacionales. Con la nueva norma pasará a defender al Estado en las demandas internas.

Menacho indicó que iniciará la revisión de documentos y se espera la notificación por parte de los tribunales dentro de los procesos judiciales que se sigue contra el Estado. Señaló además que los 156 casos fueron definidos después de una depuración de los registrados en el Registro Obligatorio en Procesos del Estado (ROPE).

La depuración se realizó primero en el sistema, identificando 35.027 procesos hasta el 30 de junio de 2017, posteriormente se identificó que 23.563 de éstos eran penales, civiles y coactivos fiscales, por último, que 156 respondían a las características antes mencionadas.

De los 156 procesos, 57 son en La Paz, 46 en Santa Cruz, 13 en Tarija, 9 en Chuquisaca, 9 en Cochabamba, 8 en Oruro, 5 en Beni, 2 en Potosí y 1 en Pando.

El Procurador aclaró que en dichos procesos tanto las unidades jurídicas de las instituciones como la Procuraduría serán parte defensora del Estado.