La Corte de Apelaciones de Iquique rechazó el amparo presentado por la defensa de los dos militares y siete aduaneros bolivianos que cumplen prisión preventiva desde el 22 de marzo por considerar que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en la resolución de la jueza de garantía de Pozo Almonte.

La Corte rechazó el recurso de amparo presentado por el procurador boliviano, Pablo Menacho, de acuerdo a la resolución judicial dictada por los ministros Pedro Güiza, Rafael Corvalán y el fiscal judicial Jorge Araya:

“No se aprecia que se haya cometido un acto u omisión que, arbitraria o ilegalmente, prive de su libertad a los amparados, por cuanto el decreto de prisión preventiva que pesa en su contra, fue dictado en el marco de un proceso legalmente tramitado, por un Juez de Garantía actuando dentro de su competencia y en uso de sus facultades, observándose las formalidades legales y en los casos previstos por la ley¨.

El abogado defensor Carlos Vila fundamentó que existió delitos, ya que los funcionarios sólo cumplían sus funciones en la lucha contra el contrabando; además alegó que la jueza carecería de competencia, porque los hechos ocurrieron “fuera de su territorio jurisdiccional, debido a la indeterminación de la frontera en el lugar de los hechos”.