El jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, presentó el informe sobre el proceso de contratación de YPFB para la compra de tres taladros de perforación; adelantó que se detectó que terceras personas habrían actuado sin tener representación legal y deberían ser investigadas ya que existe probable incumplimiento de deberes por parte de funcionarios de YPFB y del Comité de Licitación; además se informa que existe un posible sobreprecio en la compra.

El jefe de Transparencia aseguró que responde a un compromiso asumido por mandato presidencial y por lo tanto el informe se realizó de manera clara, transparente y objetiva. La evaluación, según la autoridad, fue realizada en coordinación con la Dirección de Transparencia de YPFB, el ex procurador General de Estado, Héctor Arce y la ex ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia.

Novillo explicó que entregará el informe al Directorio de YPFB, y destacó tres conclusiones:

• La empresa adjudicada no presentó el Documento de Constitución, 
• La empresa no presentó su Registro Tributario
• El Poder que ha presentado la empresa tanto para la presentación de propuestas como para la suscripción del contrato es insuficiente, le falta validez conforme a las leyes bolivianas e italianas.

“Además, hemos detectado que terceras personas habrían actuado alrededor de este contrato sin tener representación legal, dudándose de su actuación legal y transparente y, consiguientemente, consideramos que estas personas debieran ser investigadas por autoridad competente; en este sentido, consideramos que existe probable incumplimiento de deberes por parte de funcionarios de YPFB, como del Comité de Licitación”, explicó Novillo.

SOBREPRECIO 

Sobre la denuncia de sobreprecio en la adquisición de las perforadoras, Novillo afirmó que existe una duda razonable sobre el precio que se estaba ofertando.

“Nosotros estamos sugiriendo que el Directorio debe solicitar una auditoría técnica imparcial e independiente. Este informe deberá ser analizado y evaluado por asesores legales imparciales e independientes”, afirmó.