La Defensoría del Pueblo anunció que está elaborando un informe sobre el conflicto ocurrido entre Gobierno y Cooperativistas mineros, sin embargo adelanta que no ha establecido responsabilidades, y pide prevenir la violencia. 

Según el documento que se publicó en su página web, y que fue leído por el Defensor en conferencia de prensa, se pondera el trabajo policial y se asegura que sus acciones siguieron los protocolos establecidos a pesar de sus condiciones limitadas. 

“Es ponderable que la Policía Boliviana haya desempeñado su mandato de cumplir y hacer cumplir la ley y que en gran parte del conflicto ejecutaron acciones acordes a protocolos contra disturbios, en condiciones limitadas de indumentaria, insuficiencia en equipos de protección antimotines y elementos de disuasión en situaciones de desproporcionalidad y desventaja, sufriendo varios heridos en sus filas”.

Sobre la actuación de los cooperativistas, la Defensoría lamenta que su movilización haya alcanzado los niveles de violencia que provocaron la muerte de cinco personas y decenas de heridos. 

“La escalada de violencia y la subversión del orden y la ley, abierta y sin precedentes, sumada a la forma en que se asesinó a una autoridad, ha decantado en una deslegitimación de las dirigencias de un sector social y que éstas deben asumir responsabilidades; asimismo sus demandas debieron ajustarse al modelo de Estado y no exponer a la clase trabajadora a una confrontación”.

Sobre el uso de armas durante el conflicto, aseveró que se encontraron casquillos, pero confirmó que el Ministerio de Gobierno ordenó a los efectivos policiales no usarlas.

“El personal defensorial pudo constatar la existencia de cartuchos de gases y balines de goma, casquillos, heridos y víctimas fatales por arma de fuego, por lo que se puso en la tarea de mediar y evitar más enfrentamientos, aún poniéndose en medio de los mismos. Al respecto, el Ministerio de Gobierno ha informado oficialmente, que prohibió el uso de armas letales durante el desarrollo del conflicto. La utilización de munición letal estará sujeta a investigación, tanto en la Policía Boliviana como por el Ministerio Público”.

El texto termina manifestando solidaridad con las familias de las víctimas y pidiendo a la justicia investigar y sancionar a los responsables y a las autoridades a “allanar las soluciones que correspondan”.