Correo del Sur publicó ayer una nota en la que informa sobre una reunión entre Pastor Mamani, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)  y el embajador de Irán Reza Tabatabaei Shafiei; en la publicación se afirma que el propósito es “acceder a tecnología iraní para fortalecer los servicios de las plataformas de atención al público, los expedientes electrónicos y otros”. La publicación también afirma que Pastor Mamani oficializará algunas iniciativas en los próximos días en la ciudad de La Paz. 

Es muy llamativo que Bolivia le pida apoyo, así sea técnico, a un país cuya justicia es constantemente cuestionada por la comunidad internacional, por las múltiples violaciones a los derechos humanos y civiles. La ONU y Amnistía Internacional (AI) presentaron, en abril de este año, informes en los que denuncian que es el segundo país en el que se cometen más ejecuciones, alrededor de 1.000 el 2015, además se ejecuta a menores de edad y se utiliza la tortura para conseguir confesiones forzadas. Este es e sistema judicial al que el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia pedirá apoyo.

LA JUSTICIA EN IRÁN

El 14 de este mes, el alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, llamó a Irán a detener las ejecuciones por delitos relacionados con las drogas, hasta que el Parlamento discuta una nueva ley que elimina la pena de muerte por esas ofensas.

En el comunicado informa que en la semana anterior a su presentación cinco hombres fueron ahorcados, tres por tráfico de drogas y dos por asesinato. Según la ONU, el proceso de uno de los ejecutados, Rashid Kouhi, presentó serias dudas sobre la imparcialidad del juicio y la negación del derecho a apelar.

El Alto Comisionado también afirmó que el año pasado, 966 personas fueron ejecutadas en Irán, el índice más alto de las últimas dos décadas. La mayoría de los casos se debieron a delitos relacionados con las drogas, y al menos cuatro eran menores de edad.

CONDENAS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

A principios de este año, dos relatores especiales de Naciones Unidas instaron a las autoridades de Irán a poner fin a las detenciones, enjuiciamientos y el acoso a periodistas, cuando se arrestó a cinco periodistas bajo los cargos de ser sospechosos de formar parte de una red al servicio de gobiernos occidentales, que buscaba influenciar a la opinión pública y socavar a la República Islámica.

Según la misma publicación Irán posee uno de las mayores cifras de periodistas y activistas sociales detenidos a nivel mundial.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, expresó que condenar a muerte a alguien por ejercer pacíficamente su libertad de expresión o religión constituye una clara violación de las leyes internacionales de derechos humanos.

AMNISTIA INTERNACIONAL

Según un informe de Amnistía Internacional (AI), publicado la semana pasada, al menos, 1.634 personas fueron ejecutadas en 25 países el 2015, un 54% más que en 2014. Sólo Arabia Saudí incrementó el número de decapitaciones en un 76% ese año. Según el informe 1.000 de esas ejecuciones se realizaron en Irán.

AI también informa que en Irán y Pakistán se ejecutaron a menores de 18 años, y que había adultos condenados a muerte por delitos cometidos siendo menores. Irán tiene la tasa de ejecuciones de menores más alta del mundo. En la última década, Irán ha ejecutado al menos a 73 menores delincuentes juveniles.

 Si bien la mayoría de los ejecutados fueron hombres, en Irán se ejecutó al menos a 16 mujeres.

TORTURAS PARA CONSEGUIR CONFESIONES

El 27 de marzo del 2016 la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán presentó una carta en la que se describe el tormento inflingido a 12 bahá'ís. Esta carta documenta los actos de tortura que realizaron los interrogadores hace tres años en la prisión Amir Abad y los centros de detención que se ubican en la provincia de Golestán, Irán. El grupo defensor de derechos humanos supo también que el Poder judicial iraní ha permanecido en un postura impasible ante el mismo, pese a la evidencia de tortura y una carta de reclamo formal dirigida al director del poder judicial de la provincia de Golestán, que fue enviada por las víctimas en el año 2012.

La práctica de las “confesiones” forzadas en Irán ha sido bien documentada por las organizaciones internacionales de los derechos humanos. Con frecuencia estas son provocadas bajo tortura o con amenaza de esta.