La Paz, 19 de febrero (Oxígeno).- El Ministerio Público, la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Defensoría del Pueblo y el Concejo Municipal de El Alto tomaron las medidas correspondientes para dar con los responsables de lo que se califica una tragedia tras la muerte de seis personas en la urbe alteña.

El fiscal  general del Estado, Ramiro Guerrero,  ordenó a la fiscal departamental de La Paz en suplencia legal, Rosario Venegas, la conformación inmediata de una comisión para comenzar las investigaciones sobre los hechos de violencia registrados el miércoles.

Guerrero llegó a La Paz y estuvo dirigiendo los operativos de allanamiento  y detención junto a la Policía. Se detuvo al exdirigente gremial, Braulio Rocha y el excandidato a concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Wilmer Sarzuri, ambos que fueron enviados a la cárcel de San Pedro con detención preventiva.

A eso se sumó la Defensoría del Pueblo, institución que abrió una investigación para identificar qué derechos fueron vulnerados. La investigación fue delegada al Representante Especial de El Alto, José Luis Hidalgo, a la Representante Departamental de La Paz, Teófila Guarachi y al equipo de Asesoría Constitucional y Legislativa de la entidad defensora de los derechos humanos, quienes, en primera instancia procederán a emitir Requerimiento de Informe Escrito (RIE) al Ministerio de Gobierno, a la Policía Boliviana, al Gobierno Municipal de El Alto, al Ministerio Público y a los centros de salud donde fueron trasladadas las personas que resultaron fallecidas y heridas durante el incendio del edificio municipal.

Otra de las instancias  que decidió colaborar en las investigaciones es el Concejo Municipal de la ciudad de El Alto. Conformó una comisión compuesta por los concejales Sonia García de Unidad Nacional (UN), Wilma Alanoca  del Movimiento Al Socialismo (MAS) y el concejal Javier Tarqui de Soberanía y Libertad  (Sol.bo).

Por su parte, el Senado en representación de la Asamblea Legislativa Plurinacional al ministro de Gobierno, Carlos Romero, y a la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, para que presenten un informe oral el 1 de marzo.