La Paz, 11 de octubre (La Tercera).- Cambios y ajustes pretende hacer la Cancillería para reforzar la defensa de Chile en el litigio por la demanda marítima interpuesta por Bolivia en la Corte Internacional de La Haya tras la derrota sufrida el 24 de septiembre pasado, cuando por 14 votos contra dos, los jueces desestimaron la solicitud de incompetencia presentada por Chile.

Los primeros anuncios se darán a conocer pasado mañana, según adelantó el canciller Heraldo Muñoz a los parlamentarios de las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y de la Cámara de Diputados, durante la sesión del miércoles pasado, en la que se analizaron las implicancias de la reciente sentencia de la corte, que dio luz verde a la pretensión boliviana de seguir adelante con la demanda para obligar a Chile a negociar una salida soberana al mar. 

En la sesión reservada con los parlamentarios, el canciller Muñoz indicó que se convocará a un consejo asesor de historiadores, integrado por varios premios nacionales de Historia, para  sumarlos al equipo que ya está trabajando en la preparación de los argumentos que incluirá la contramemoria chilena, la que deberá ser entregada a la secretaría del tribunal a más tardar el 25 de julio de 2016. Además, el consejo de historiadores colaborará en la elaboración de contenidos que sirvan para refutar la visión que ha dado Bolivia de una veintena de esfuerzos diplomáticos y políticos que se dieron entre Santiago y La Paz entre 1895 y 2011 y en los que sustenta su demanda de que Chile se comprometió a negociar de buena fe una salida soberana al océano Pacífico y que ha incumplido esa obligación.

Para preparar su demanda, Bolivia constituyó un consejo asesor histórico al interior de la Diremar, coordinado por el historiador Fernando Cajías, hermano de la cónsul general de Bolivia en Chile y también historiadora Magdalena Cajías de la Vega, que se encargó de recopilar antecedentes que no sólo se usaron para fundamentar la memoria de la demanda que presentó La Paz a la secretaría de la corte el 15 de abril de 2014, sino también buena parte de la ofensiva comunicacional que ha desplegado el gobierno boliviano. El trabajo del equipo de historiadores bajo el mando de Cajías también ha dado como frutos el difundido Libro del Mar y más de tres documentales que han exhibido televisoras locales y a través de las redes sociales.

En Santiago, hasta ahora el trabajo de investigación historiográfica del equipo de la defensa estaba en manos de los ex diplomáticos Luis Winter, Juan Martabit (quien se desempeñó como coagente y embajador de Chile en La Haya durante el juicio con Perú por la delimitación de la frontera marítima), Luis Goycoolea Grez y José Miguel Pozo Ruiz, quien ya se desempeñó como asesor histórico de la Cancillería durante el litigio con Perú. 

Salvo Pozo, el resto son abogados y diplomáticos, por lo que para llevar adelante su investigación han mantenido contacto con el historiador de la Universidad Católica Joaquín Fermandois, miembro del comité asesor de Chile para la demanda boliviana.

Winter, Martabit y Goycoolea ya recopilaron desde los archivos diplomáticos todos los cables, notas y declaraciones de autoridades intercambiadas entre Chile y Bolivia, especialmente a partir del año 1930 en adelante. Además, iniciaron las entrevistas a funcionarios diplomáticos chilenos y ex autoridades del gobierno que participaron en las negociaciones del llamado Acuerdo de Charaña (1975), del “enfoque fresco” de 1987 y que asistieron a las conversaciones que se llevaron adelante durante los gobiernos de Ricardo Lagos y de la primera administración de Bachelet bajo la llamada Agenda de los 13 Puntos. 

Con todo ese material, Winter elaboró un informe de 600 páginas, que contiene, además, las respuestas y declaraciones que formularon autoridades bolivianas a cada una de esas gestiones y que corroborarían que muchos de esos esfuerzos y acercamientos no prosperaron por decisión de Bolivia.

Hace cerca de un mes, el equipo de Winter, Martabit y Goycoolea, por instrucciones del canciller y del agente Bulnes, tomaron contacto con premios nacionales de Historia, entre ellos Sergio González y Sergio Villalobos, junto a otros investigadores de diversas universidades, para pedirles que colaboren con el equipo de la defensa chilena.

Ajustes en embajadas

La creación de este equipo asesor histórico no es el único cambio para reforzar la defensa chilena que deslizó el canciller Muñoz durante la sesión reservada en el Congreso              -a la que asistió acompañado del agente Felipe Bulnes y del asesor jurídico de la Cancillería, Claudio Troncoso-, para hacer frente a las críticas e inquietudes que generó el fallo adverso de la Corte de La Haya y la hasta ahora exitosa campaña internacional boliviana.

La Cancillería tiene entre sus planes cambios de embajadores en varias de las misiones diplomáticas que son relevantes en este litigio. Los ajustes involucrarían, según fuentes diplomáticas y políticas consultadas, las misiones de Chile en el Vaticano, Cuba, México y La Haya.

Según las mismas fuentes, la evaluación del rol que ha desempeñado la ex ministra de Educación Mónica Jiménez en el Vaticano no es positiva, tras la inesperada intervención del Papa Francisco en favor del diálogo como vía para encontrar una solución a la demanda boliviana y de calificar de justo el anhelo de ese país de retornar al mar.

Aunque no se la responsabiliza de esa situación, a Jiménez se le critica no haber previsto que la disposición al interior de la curia vaticana y en el entorno del Pontífice era hacer un gesto así de categórico en favor de las pretensiones bolivianas.

Cuba, por su influencia ideológica y política sobre los países del bloque de la Alternativa Bolivariana para América Latina (Alba), es clave para morigerar los respaldos a Bolivia de parte de los gobiernos aliados. México, por el contrario, ha dado muestras de ser uno de los principales aliados de Chile en Centroamérica. Días atrás, la Cancillería mexicana firmó una resolución en la que declara que el litigio entre Chile y Bolivia es bilateral. El gobierno mexicano ha ofrecido su peso e influencia en Centroamérica y el Caribe para difundir la posición chilena. El embajador de Chile en México es el ex timonel socialista Ricardo Núñez, quien habría dado a conocer a la Cancillería su interés de retornar pronto a Santiago, lo que haría urgente su reemplazo para no dejar abandonada esta importante plaza en momentos en que los partidos políticos y parlamentarios exigen a la Cancillería mayor proactividad en las gestiones comunicacionales y diplomáticas en la defensa chilena.

Chile también evalúa los pros y contras de cambiar a la actual embajadora de Chile en La Haya, la abogada María Teresa Infante, para permitir un mayor despliegue de la experta en temas limítrofes y en derecho internacional en foros de derecho internacional en los que suele coincidir con miembros de la Corte Internacional de Justicia. Infante es miembro de algunas de las más prestigiadas asociaciones de derecho internacional, donde, según algunos miembros del equipo de la defensa chilena, es posible hacer lobby para explicar los puntos de vista de Chile y los alcances y riesgos que podría tener un eventual éxito de la demanda boliviana para las relaciones y negociaciones diplomáticas en el mundo.

El cambio de piezas en La Haya permitiría a la Cancillería reforzar el equipo que encabeza Bulnes, con un nuevo coagente que se sume a la labor que ya realizan en ese sentido Claudio Grossman e Infante. 

Agencia de comunicaciones

Según varios senadores y diputados que participaron el miércoles pasado en la reunión con Muñoz y Bulnes, la Cancillería se comprometió a reforzar el despliegue comunicacional y diplomático de la defensa chilena con una mayor difusión de las gestiones que están en marcha.

En ese sentido, la Cancillería está evaluando contratar a una segunda agencia internacional de comunicaciones estratégicas y darles a ambas una mayor responsabilidad en la elaboración de insumos.

Desde el segundo semestre de 2014, Chile cuenta con los servicios de la empresa inglesa FTI Consulting y de uno de sus asesores especiales, sir Mark Malloch-Brown, pero, según fuentes de la defensa chilena, sólo se les ha pedido informes de cobertura de prensa internacional, algunos estudios de comunicación estratégica, entre ellas una que aconsejó  al gobierno chileno enfrentar de manera propositiva a Bolivia, dejando en claro la disponibilidad para mantener el diálogo y también ha colaborado en gestionar entrevistas de autoridades chilenas en medios extranjeros, que son de lectura habitual por parte de los jueces de La Haya. Pero no ha hecho un trabajo más concreto de comunicación estratégica. Por eso, el senador de RN e integrante de la Comisión de RR.EE. de la Cámara Alta, Francisco Chahuán, ha pedido a la Cancillería que se den más atribuciones a estas agencias y coordinar un trabajo más proactivo de los ex presidentes y parlamentarios para dar a conocer la posición de Chile en el exterior.

El retiro de Chile del Pacto de Bogotá, instrumento que obliga a someterse a la jurisdicción de la Corte de La Haya, es otra de las medidas que dirigentes políticos y expertos en derecho han pedido evaluar. 

El viernes, tras una reunión para abordar los alcances del acuerdo por el TPP, el canciller Muñoz se mostró por primera vez abierto a analizar la permanencia de Chile en el Pacto de Bogotá. “Hoy no, pero no se puede excluir a futuro”, dijo al ser consultado sobre este tema.

Si Chile denuncia el Pacto de Bogotá ahora no tendrá ningún efecto práctico sobre el juicio ya abierto en La Haya. Además, señalan los detractores a retirarse del pacto, la renuncia sólo se hace efectiva un año después del anuncio, por lo que podría incluso alentar a Bolivia a presentar nuevas demandas en contra de Chile, entre ellas por el uso de las aguas del río Silala. 

Para otros, sin embargo, como el ex director jurídico de la Cancillería en tiempos de Piñera, el abogado Hernán Salinas, el que Chile se salga ahora del Pacto de Bogotá  impediría a Bolivia demandarnos otra vez ante La Haya, esta vez, durante la etapa de ejecución del fallo, por un eventual incumplimiento de la sentencia de la corte. 

Chile ha dicho reiteradamente que no cederá territorio soberano si la corte eventualmente fallara a favor de Bolivia y la negociación no prospera, La Paz podría acusar a Santiago de no actuar de buena fe, abriendo un segundo litigio. “Es indispensable analizar si es conveniente o no para el interés internacional de Chile seguir vinculado a un sistema de  jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia”, señala Salinas. El gobierno y gran parte de la Nueva Mayoría es contraria a la idea de abandonar el Pacto de Bogotá, pero el tema no está zanjado, ya que por ahora la prioridad está en el movimiento de piezas que comenzará a delinearse con los anuncios del canciller Muñoz de este martes.

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