A causa de una acción de amparo constitucional presentada por un dirigente de la Federación Boliviana de Fútbol sobre cuestiones relativas a la Presidencia de esa entidad, se ha desatado una interesante polémica respecto del poder que el mundo organizativo del fútbol (FIFA / CONMEBOL) pretende sobre los estados nacionales, sus normas y sistemas jurídicos. De acuerdo con las normas internas de aquellas organizaciones, amenazadas de aplicarnos según el último comunicado de la CONMEBOL, por “obligaciones administrativas”, la verde y sus clubes podrían ser eliminados de sus competiciones -roja, directa-, de persistir el trámite de esa acción.

Soy futbolero, aunque tengo una pizca de sentido común para diferenciar ese hermoso deporte de la mafia que lo tiene cautivo, precisamente desde sus entornos directivos, lo que me lleva cuestionar: ¿Hasta dónde puede alcanzar el poder de esas entidades –privadas- frente a los estados nacionales? ¿Acaso sus ciudadanos no tienen derecho a pedir tutela en sus tribuales frente a sus actuaciones? ¿Es que pretenden constituirse de facto en superestados cuyas Constituciones y Leyes, no les alcanzan? Cualquier estudiante no muy avispado del vestibular de Derecho, sabe perfectamente que cualquier pacto así sea de orden privado, no puede prevalecer frente a la normativa interna de cualquier país, peor si es de orden Constitucional.

No interesa aquí ingresar al mérito o no de ese amparo que entiendo además, obedece a las eternas pugnas de poder –por plata- que han prostituido al mediocre fútbol boliviano, al extremo que sigue festejando sus únicas glorias logradas el siglo pasado, frente a la cruda realidad de los sistemáticos papelones que hacen sus equipos –goleadas, en contra- incluyendo algunos desubicados que hablan de “grandes”. 

Empero, sostengo que las amenazas de aquellas organizaciones prácticamente mafiosas –les recomiendo las investigaciones de Andrew Jennings, por ejemplo “La caída del imperio”; Aguilar – Alfaguara, Bs. As. 2015, entre muchas otras- revelan el desorbitado poder con que deliran esos entes, al extremo de pretender situarse hasta por encima de los estados, sus leyes y estructuras institucionales.

Desde lo constitucional, esa postura es sencillamente insostenible. Para empezar, todos los ciudadanos tenemos derecho a pedir tutela judicial efectiva y oportuna ante nuestros tribunales de justicia nacionales, frente a acciones u omisiones que consideren lesivas contra sus derechos y garantías (que tengan o no mérito, es otra cosa). Para ello, la acción per se es la de amparo constitucional precisamente franqueada para tales supuestos. Además, nuestra CPE contiene un principio universal por el que todas las personas somos iguales ante la ley, lo que significa que tanto personas físicas de carne y hueso, como las jurídicas –FIFA, CONMEBOL, etc- deben recibir igual trato y, eventualmente, someterse a la administración de justicia, sea como demandantes o demandados. 

Para que todo eso pueda efectivamente funcionar y no quede sólo en el papel; plasmando todas esas declaraciones y como no podía ser de otra manera, la misma CPE es clarísima al ordenar: “Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidas a la presente Constitución”, siendo ella la norma suprema del ordenamiento jurídico de cualquier país, incluyendo el nuestro.  

Así el estado del arte de las normas aplicables, más allá que esa acción de amparo tenga o no mérito y sus circunstancias, incluyendo aquellas pugnas y sus reales causas que las huelo obscuras, la postura de la FIFA / CONMEBOL por muy poderosa que lo sea y recursos económicos que maneje (a su antojo, además) constituye una afrenta al estado de Derecho cuando precisamente éste implica que nadie, absolutamente nadie, puede situarse por encima de la CPE y las leyes de cualesquier país, al extremo grotesco de amenazar sacar la tarjeta roja a sus miembros, por el “pecado” de impetrar tutela ante sus tribunales de justicia para que se expidan sobre el mérito o no de sus pretensiones jurídicas. Nadie puede substraerse de la justicia y peor amenazar con la roja directa. “Cualquier sistema que permita a alguna persona ejercer un poder desenfrenado sobre otros, es una invitación abierta al abuso”. Thomas SOWELL