Muy orondo, el Ministro de Gobierno con motivo del pescotis a su ex colega Characayo recibiendo el adelanto de una coima de 20.000 whasingtones, en conferencia de prensa ha confesado que con el equipo de inteligencia y la tecnología con la que contaría su despacho, logró desmantelar esa red de corrupción de tierras, recurriendo entre otros medios, a “conversaciones telefónicas” usadas para ese fin.

No es que censure la lucha contra la corrupción pública, la aplaudo y espero sea efectivamente realizada sin importar la ocasión, el cargo o la persona que se trate sea de la oposición o del oficialismo, aunque en el caso y por lo admitido públicamente por el mismísimo MinGobierno, me ha sido mutatis mutandis, imposible no acordarme del célebre escándalo “Watergate” que le costó la pega al Presidente Richard Nixon (1970) precisamente cuando los periodistas Woodward y Bernstein, entre otras perlitas, revelaron ya en aquellas épocas –imagínense lo que ahora habrá disponible- un sistema oficial de escuchas o espionaje a conversaciones privadas, de sus opositores.

Y es que la plausible lucha contra la delincuencia organizada o de cualquier linaje, admite límites, fundados en la dignidad del ser humano. Es lo que los garantistas propugnamos cuando sostenemos que por muy buena que sea la intención, el ejercicio del derecho de castigar o perseguir el crimen, debe enfrentar límites –garantías-  puesto que de lo contrario, no existieran diferencias entre quienes persiguen el delito y los cometen. El estado no puede rebajarse al mismo nivel de la delincuencia.

En el caso boliviano, la Constitución es clarísima: partiendo del principio por el que la dignidad de la persona es inviolable, siendo obligación primordial estatal protegerla, todos tenemos derecho a la privacidad e intimidad; por lo que su art. 25 es taxativo al precisar: “Ni la autoridad pública, ni persona u organismo alguno podrán interceptar conversaciones o comunicaciones privadas mediante instalación que las controle o centralice”, castigando a continuación a la información y prueba obtenidas con violación de correspondencia y comunicaciones en cualquiera de sus formas, pues no producen efecto legal. 

El Código procesal penal declara su principio rector en materia probatoria por el que no podrán ser valorados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como sus presupuestos, los actos realizados con inobservancia de los derechos y garantías previstos en la CPE e incluso, el Código Penal tipifica como delitos aquellos actos que agreden al bien jurídico de la inviolabilidad del secreto (tipos penales de sus arts. 300, 301 y 302). 

No cabría entonces caer en la ingenuidad de simplificar la lucha contra la delincuencia, pretendiendo que el fin justifique los medios empleados. Todo gobierno genuinamente democrático y su sistema penal deben ser coherentes con los valores  y principios de la CPE y los Instrumentos Internacionales en materia de DDHH y, por mucho que los fines sean loables –tolerancia 0 a la corrupción, se discursea- el estado, más aún cuando se trata de su repartición que en todo gobierno enfrenta las peores tentaciones dada su naturaleza represiva, debieran también ser coherentes con la normativa que, precisamente, fija límites a su proceder. 

Así el estado del arte dada la pública confesión del Ministro, surge para cualquier ciudadano medianamente informado un pequeño gran detalle a modo de interrogante: ¿Si así se procedió en ese caso, no se hará lo mismo tratándose de otras personas? Por ejemplo opositores u otros que no son santos de devoción del gobierno: ¿Tendrán también pinchados sus teléfonos, sus comunicaciones privadas? ¿Será que el Mingobierno está fisgoneando a los ciudadanos bolivianos y al contestar una llamada habrá que también saludar a sus espías? Entonces: ¿La confesión del Ministro fue una metida de pata o una advertencia para infundir miedo al resto de la ciudadanía?  El propio ZAFFARONI en sus buenos tiempos, había advertido: “Gobernar mediante el miedo importa la fabricación de enemigos y la consiguiente neutralización de cualquier obstáculo al poder punitivo ilimitado, supuestamente usado para destruir al enemigo, aunque todos sabemos que es materialmente utilizado para lo que el poder quiera. Siempre el fenómeno es en el fondo una inmensa estafa para distraer la atención de otros riesgos y obtener el consenso para ejercer un poder policial sin control”.