Triunfada la feliz insurrección ciudadana de las pititas y expulsada la tiranía, comenzó el largo camino no exento de vallas, hacia la recuperación de la democracia y el estado sujeto al imperio del Derecho. En ese contexto, un elemento determinante tiene que ver con establecer un genuino sistema de pesos y contrapesos, que soporte un efectivo cumplimiento de roles institucionales, anulados durante la noche de los 14 años azules: instituciones habían, pero sólo en fachada.

Si bien existen avances con el Tribunal Nacional Electoral o el Ejecutivo, sostengo que la mayor asignatura pendiente está aún en la administración de justicia. No sólo no ha podido renovarse por lo menos en sus altos cargos, todos designados por el MAS recurriendo a estrategias envolventes como las “elecciones” judiciales u otras mañas, sino incluso, en su interior se ha desencadenado un desesperado proceso de designaciones express, congeladas por meses o más en el Órgano Judicial, por el que muchos juristas del horror al servicio del MAS, aparecieron reciclados con nuevos cargos o ratificados (salvando excepciones): el nivel de institucionalización en ese Órgano es patético, caracterizado por la preminencia de servidores transitorios (80% según el Informe del Estado de la Justicia en Bolivia 2018).

Tal pretexto que entraña inocultable discriminación, son ipso facto despedidos apenas les dé la gana a los jerarcas del Consejo de la Magistratura, sin el Debido Proceso o nada por el estilo, con lo que la independencia judicial y sus garantías reforzadas, siguen siendo chistes de mal gusto.

Tratándose del Ministerio Público, la situación es en gran medida similar, pues si bien el actual Fiscal General fue formalmente elegido según procedimientos constitucionales, fuera imposible omitir que fue producto también de la mayoría legislativa del MAS. Tratándose de los Fiscales operativos (los Departamentales y de Materia, principalmente), la situación es sencillamente grotesca si se recuerda que el MP es ante todo, garante de legalidad, pues de esas 9 autoridades departamentales, ninguna ha sido elegida como ordena su propia Ley Orgánica, por lo que no están institucionalizadas desde más de 7 años atrás y de los restantes, sólo algo menos del 10% lo está actualmente.

Ninguna de las administraciones fiscales en poder del MAS (Guerrero y Lanchipa) han hecho algo efectivo -salvo algún lunar, sólo para la platea- para institucionalizar el MP estableciendo como les ordena su propia Ley una genuina carrera fiscal, a la que sus servidores ingresen, permanezcan o cesen, sólo por méritos profesionales y no partidarios.

Considerando que la Fiscalía es garante de legalidad, debiera dar ejemplo de ello, pero resulta hasta burlesco que su propia Ley Orgánica de Ministerio Público No. 254 de 11 de julio de 2012 (sí, leyó bien, de 8 años atrás) le obliga al FGE: a) designar Fiscales Departamentales, previa convocatoria pública y calificación de capacidad profesional y de méritos a través de concurso público (art. 33.II), habiéndole permitido por única vez hasta que organice el escalafón y carrera fiscal, designar a dedo a los primeros FFDD, lo que ocurrió hace 7 años: desde aquél momento, todos los nombramientos posteriores que deben alcanzar por lo menos a 50 FFDD, son ilegales y se han hecho vulnerando su Ley Orgánica; y, b) tratándose de los Fiscales de Materia, la misma Ley (art. 39.2) establece taxativamente como requisito previo a su designación, haber vencido el Curso de Formación inicial en la Escuela de Fiscales, lo que en la gran, pero gran, mayoría de los varios cientos de nombramientos, jamás ocurrió. Le metieron no más.

En flagrante incumplimiento de sus elementales deberes institucionales, la Fiscalía ha mantenido un sistema perverso que funciona así: designan funcionarios a dedo, principalmente por cuestiones partidarias y cuando el designado no les hace caso, se le despide inmediatamente (con el encubrimiento y cobardía del resto de operadores del partido, sea a nivel judicial o constitucional).

Así las cosas, la administración de justicia que en un sistema genuinamente democrático debe ser independiente de todos los poderes fácticos (entre ellos, el partidario) porque su razón de existir es ponerles límites, se mantiene en garras del anterior oficialismo (salvando las excepciones que existen). Mientras no haya una profunda reforma del sistema de justicia, lo que empieza por establecer una genuina carrera de ingreso, permanencia, evaluación y salida institucional, seguirá perpetuándose la tristemente célebre fama de muy poco confiable y hasta temible de la justicia boliviana. El viejo CARRARA decía: “Cuando la política entra por la puerta de los tribunales, la Justicia sale disparada por la ventana”.