Los derechos en serio.
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Iván Lima M.
21/04/2019 - 16:31

¿Es traición a la Patria, escribir una carta a Mr. Trump?

La oposición boliviana le pide a Mr. Trump su intevención ante la OEA, sin explicar ante que instancia de esa organización, ni explicando las razones de su posición jurídica con relación a la SC 84/2017 y el art. 203 de la Constitución Boliviana, se trata de un tema en estudio y debate, en el que vale la pena estudiar MAS los argumentos de ambas partes.

Un grupo de Parlamentarios mandó una carta al Presidente de USA, Mr. Donald Trump, en la que piden:

“… INTERVENGA ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para que la misma se pronuncie ante la Comunidad Internacional y de esa manera se evite la consolidación de la dictadura totalitaria de Evo Morales Ayma en Bolivia.”

La carta la mandaron en español y alegan que pidieron a la empresa de Cabildeo Dark Horse Political, traduzca la carta y la presente en la Casa Blanca. Esta comunicación se debe entender en el marco de la Carta Democrática Interamericana, esta norma en su artículo 3 refiere que constituye un elemento esencial de la democracia representativa el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. La ruptura del orden democrático puede darse cuando se altera el orden constitucional y en ese caso cualquier Estado miembro o el Secretario General podría solicitar la Convocatoria al Consejo Permanente y luego a la Asamblea General, para que esta finalmente por dos tercios de votos suspenda al Estado miembro donde se ha producido la ruptura de la democracia.

La carta a Trump no es un hecho aislado, este grupo de parlamentarios denuncia y remite estas notas a diferentes gobiernos y organizaciones. Su argumento es que el artículo 168 de la Constitución no pudo ser declarado inaplicable por el Tribunal Constitucional Plurinacional, por consiguiente los actos posteriores: habilitación del presidente Evo por el Tribunal Supremo Electoral, las elecciones primarias y finalmente la elección de octubre de 2019, son actos nulos por su origen.

Este punto es muy relevante, si en las Elecciones de Octubre de 2019, gana el presidente Evo, en primera o segunda vuelta, el soberano (voto del pueblo) ¿estaría convalidando la inaplicabilidad del TCP?  O en sentido contrario, si el “Bolivia dijo NO, 21-F” se impone o incluso si Carlos Mesa gana la elección: ¿la Sentencia 84/2017 y sus efectos desaparecerían?. Si los resultados son contundentes para alguna de las opciones, pareciera que el camino de solución por la revocación o la ratificación serian sencillos, pero si la diferencia es menor y mantenemos un empate ¿qué ocurriría? Si resulta que finalmente, Evo Morales ya no logra los 2/3 de votos o si Carlos Mesa debe gobernar con una Asamblea contraria a su administración, cómo solucionamos el problema sobre la validez de la Sentencia. En definitiva no se puede afirmar que las elecciones de octubre de 2019, sean un acto jurídico de rechazo o convalidación de la SC 84/2017, se trata de dos hechos jurídicos diferentes. Relacionables, tal vez, pero diferentes.

El Presidente Trump y los Senadores de USA, deben preguntarse si es posible inaplicar el artículo 168 de la Constitución Boliviana, si esto es posible; la segunda pregunta es si se llevo a cabo el procedimiento en el marco de la ley y jurisprudencia vigentes. Si la respuesta es negativa, en Bolivia enfrentamos una ruptura del orden democrático y corresponde aplicar las gestiones y medidas necesarias para reestablecer la democracia, y en ese caso no solamente no son traidores a la patria, sino que mas bien se constituyen en héroes por la democracia, de ahi la importancia de responder a esas preguntas:

  1. Los Tribunales Nacionales, me refiero al Tribunal Constitucional Plurinacional y al Tribunal Supremo Electoral, han aceptado la inaplicabilidad por inconvencionalidad del art. 168 Constitucional, respetando el debido proceso. Esta decisión es obligatoria porque así lo establece el art. 203 de la Constitución.
  2. El Estado actual de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, avala la decisión de los Tribunales Bolivianos. A diferencia de los restantes países de la región la Constitución boliviana sostiene en los artículos 410 y 256 la primacía del Pacto de San José sobre todo el orden interno incluida la Constitución. Esa idea que se escribe en Gelman vs. Uruguay (2011) y la supervisión de cumplimiento de esa decisión, se conoce como obligación de Control de Convencionalidad por los órganos nacionales. Respecto a la interpretación del artículo 23 del Pacto de San José, tenemos al menos 4 sentencias que lo analizan: Yatama vs. Nicaragua, Castañeda Gutman vs. Mexico, Arguelles vs. Argentina y Lopez vs. Venezuela. En esta última el diálogo entre los votos concurrentes de los Jueces Garcia Sayan y Vio Grossi, muestra el camino actual de la Jurisprudencia en sentido de que el artículo 23 del Pacto, como restricción al derecho al sufragio o derecho a elegir de los ciudadanos se decanta porque la palabra “exclusivamente” sea entendida de manera restrictiva de manera que pueda restringirse el derecho solo y únicamente por las razones señaladas por el art. 23 del Pacto.

Existe, sin embargo una postura de muchos Constitucionalistas bolivianos en sentido de que no puede interpretarse lo que está claro, por lo tanto el artículo 168 al ser taxativo en permitir la reelección por una sola vez, no admite que los Jueces Constitucionales declaren su inaplicabilidad. Un derecho se agota en su ejercicio, el derecho del presidente Evo a ser candidato al haberse ejercido más de dos veces que son el límite constitucional, no puede volver a ser ejercido, lo mismo que un hombre casado no podría afirmar que se viola su derecho al matrimonio al no permitirsele un segundo o tercer matrimonio. La objeción democrática se formula en términos del valor del referéndum del 21F como argumento de cierre del debate, si la mayoría no aceptó la Reforma, el TCP era incompetente para tratar esa materia. Finalmente, la Comisión de Venecia y la interpretación de ese Informe por el Secretario General Almagro, sostienen que no existe un derecho humano a la re elección y por lo tanto no se puede modificar el Régimen Electoral de ningún país por contraposición con el artículo 23 del Pacto o incluso alegando afectación al derecho a la igualdad y no discriminación.

En textos anteriores, he sostenido que la SC 84/2017 es deficiente, porque no respeta los propios precedentes del TCP, porque no se refiere al valor jurídico del 21F y especialmente porque su análisis de la jurisprudencia interamericana es, por lo menos, limitada. Siempre he concluido señalando que como toda obra humana es perfectible y he señalado que el TCP debió haber ingresado a conocer el fondo de los cuestionamiento generados contra la SC 84/2017 y no solo haberlos rechazado por aspectos formales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está perfectamente habilitada para dictar una medida cautelar que impida la participación del Presidente Evo en las elecciones de octubre de 2019. Existe un precedente en materia electoral en el caso de Susana Iguchi ex esposa de Fujimori. Existiendo la posibilidad, es remoto que lo haga, porque no existe uno de los elementos fundamentales de una medida cautelar que es la “verosimilitud del derecho”, ni el Constitucionalismo boliviano, ni los políticos opositores han explicado porque la SC 84/2017 y el artículo 203 de la Constitución deben ser suprimidos y considerados inexistentes. Es poco probable que la CIDH decida suspender la vigencia de un caso de control de convencionalidad, además corre el riesgo de que los órganos Judiciales y Electorales de Bolivia, desobedezcan la medida, o lo que es más grave que sean los generadores de los problemas que buscan solucionar en Nicaragua y Venezuela.

Si volvemos a los argumentos jurídicos del Constitucionalismo boliviano, estos se pueden descartar, porque no existe en la región y en el mundo un país que hubiera cedido su soberanía de una manera más entusiasta y amplia que Bolivia; los artículos 256 y 410 de la Constitución le entregan a la Corte Interamericana, e inicialmente al Tribunal Constitucional Plurinacional, la categoría de ASAMBLEA CONSTITUYENTE PERMANENTE. La combinación de los artículos 256 y 410 Constitucionales, sumados al Control de Convencionalidad otorgan un poder creador de derecho absoluto a los Jueces. Esa la gran diferencia del caso boliviano.

El argumento de la democracia participativa y la necesidad de respeto absoluto del 21F, son rebatibles. Los referéndums no se pueden realizar en Bolivia, si se refieren a derechos humanos o a la estructura fundamental del Estado; si esto es así el TCP tenía que haber descartado su valor y explicado porque había autorizado llevar adelante el referéndum. Ese fue el error estratégico y temporal más grave de haberle pedido al anterior TCP un pronunciamiento que era contradictorio con su propio precedente a tiempo de habilitar el referéndum del 21F. La realidad es que los Tribunales Constitucionales y la misma Corte IDH han dejado sin efecto jurídico el voto popular expresado en un referéndum, en Colombia con relación al proceso de paz, en España con relación a la independencia de Cataluña y recientemente en Suiza con relación a la falta de información a los electores. El referéndum de mayor repercusión con relación a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el BREXIT y su desarrollo han demostrado que no necesariamente la democracia participativa es la solución a los problemas. En el caso del BREXIT, el Parlamento y la Primera Ministra han demorado la decisión de aplicación del artículo 50 del Tratado Constitutivo, demora que solo vuelve más complejo el problema y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al declarar que Reino Unido puede decidir sin necesidad de otro consentimiento la inaplicabilidad del art. 50, marca el camino para que el Referéndum del BREXIT quede sin aplicación.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que pareciera ser la gran panacea de la oposición boliviana, les responderá tarde y con una respuesta que solo podrá molestarlos. Si rechaza sus argumentos y declara como es previsible que el TCP en la SC 84/2017 era competente para ejercer Control de Convencionalidad y luego confirma que el art. 168 de la Constitución es contrario al art. 23 del Pacto de San José, estamos en un escenario previsible bajo la actual jurisprudencia. La decisión de la Corte IDH que dé la razón a la oposición boliviana, es poco probable, es dificil que declare la incompetencia del TCP para ejercer Control de Convencionalidad. La máxima victoria que podrían obtener es que el artículo 23 del Pacto, no puede servir para declarar inaplicable el artículo 168 de la Constitución. Imagino que el lenguaje de la Corte, tendrá que ser muy cuidadoso y prudente porque en ese caso el precedente estará limitando la fuerza expansiva del Pacto de San José. Esa la gran dificultad de este caso, se trata de un país excesivamente generoso en su cesión de soberanía y una Corte IDH debilitada en el ejercicio del Control de Convencionalidad con países que la están desobedeciendo.

La Corte IDH, a tiempo de conocer el caso Boliviano, tendrá que evaluar también el alcance de la Carta Democrática Interamericana, y el margen de apreciación nacional, porque esta materia representa soluciones particulares en cada país. El régimen electoral es el resultado de factores, históricos, políticos y jurídicos. Asumir que en esta materia existe una sola posición jurídica representa una actitud soberbia, esta materia requiere de mayor estudio sobre las consecuencias de las decisiones que asumirá la Corte IDH, la cual seguramente tendrá que escuchar argumentos, ideas y opiniones, de expertos en derecho y no solo las ideas de Mr. Trump. (Mr. Trump y su Gobierno pagan el 60% del presupuesto de la OEA, pero no reconocen la competencia de la Corte IDH, seguramente porque no saldrían bien librados de su responsabilidad por Guantanamo, su regulación sobre la pena de muerte y su postura con relación a los migrantes).

Lo que resulta un exceso es pensar que existiendo la SC 84/2017, el art. 203 de la Constitución y Jurisprudencia de la Corte IDH, Mr. Trump pueda interceder ante la OEA para que apoye a la oposición boliviana que ni siquiera se toma la molestia de señalar a que instancia de la OEA se refiere en sus cartas, ese el nivel de la oposición boliviana y la razón por la que muchos piensen que lo mejor del Gobierno es la oposición.

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