Los derechos en serio
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Iván Lima M.
11/04/2019 - 13:23

La renuncia de un Magistrado cómo solución a la violencia contra la mujer

La renuncia de un Magistrado o un juicio de responsabilidades por incumplir las obligaciones Constitucionales y Convencionales asumidas por el Estado boliviano y la necesidad de preservar un debido proceso son analizados desde la perspectiva procesal de lo que podría ocurrir con este caso. 

El Magistrado Orlando Ceballos, pidió dejar sin efecto la solicitud de licencia presentada al Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La licencia fue solicitada debido al inicio de un proceso penal por violencia familiar presentado por su esposa. El caso fue conciliado entre las partes y el Juez Cautelar, debería homologar el acuerdo y declarar extinguida la acción penal. La Ley 348 permite la conciliación y el derecho de la victima debe ser analizado para que cumpla su finalidad, no se puede expropiar su titularidad de la acción penal. El artículo 46 numeral I de la Ley 348, señala: “Excepcionalmente la conciliación podrá ser promovida únicamente por la víctima, sólo por única vez y no siendo posible en casos de reincidencia”. En tanto se desarrolle el juicio penal, el Magistrado Ceballos está protegido por el principio de inocencia, esto significa que debe ser considerado y tratado como inocente por todos.

La Ley No. 27 del Tribunal Constitucional, en su artículo 22 habla de la Cesación de los Magistrados, las causales son siete. La tercera es la renuncia y requiere que la voluntad del Magistrado sea libre y voluntaria; no se habilita a la Sala Plena si no es presentada por el mismo renunciante. La causal Sexta señala la cesación si el Magistrado incurre en una prohibición (art. 18 de la Ley 027) o causal de incompatibilidad (art. 21 de las Ley 027), ninguna de ellas afecta al Magistrado Ceballos, por el principio de inocencia. La Séptima causa es amplia: “Otras establecidas por Ley.”

La Ley 348 Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, declara que es de prioridad nacional asegurar que ningún funcionario estatal pueda tener antecedentes de violencia que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada (art. 13 ley 348). Sin embargo, de lo anterior el artículo 47 de la Ley, desarrolla el artículo 410 de la Constitución y otorga la aplicación preferente de los derechos colectivos (de las mujeres a vivir en una sociedad libre de violencia) por encima de los individuales (principio de inocencia), en relación a los Tratados de Derechos Humanos. La Convención Interamericana de Belen Do Para (ratificada por Ley 1599) y la Convención del CEDAW (Ratificada el 8 de junio de 1990) y especialmente su Comité son contundentes en abolir toda práctica de violencia y erradicar las prácticas que permitan consolidar actitudes que puedan mostrar un desprecio o incluso una actitud contraria a la prioridad nacional plasmada en todos estos instrumentos legales.

Por otra parte, la Constitución y el desarrollo legal en las Leyes 44 y 612 regulan los Juicios de Responsabilidades contra los Magistrados del Tribunal Constitucional por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. En concreto existe tipos penales amplios cuya constitucionalidad es debatida por no respetar el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, me refiero al delito de “Incumplimiento de Deberes" que sanciona cualquier tipo de omisión y que es, en verdad, excesivamente amplió en su alcance. 

Existe un antecedente similar al caso que nos ocupa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Juez Caldas solicitó licencia y luego renunció con efecto inmediato al estar involucrado en un hecho de violencia familiar en contra de su esposa. Se habla en la práctica judicial y en los Principios de Bangalore sobre independencia Judicial, que los Magistrados vivan los valores de Integridad y Corrección en su vida privada:

Un juez debe mantener estándares elevados en su vida privada así como en su vida pública. La razón de esta exigencia se basa en la amplia gama de experiencias y conductas humanas respecto de las cuales un juez puede tener que pronunciar sentencia. Si el juez condena públicamente lo que practica en privado se le tendrá por hipócrita. Ello conduce inevitablemente a la pérdida de confianza pública en el juez, lo que puede extenderse a la judicatura en forma más general. Se exige de un juez que lleve una vida ejemplar fuera y dentro del tribunal. Un juez debe comportarse en público con la sensibilidad y autocontrol que exige el desempeño de las funciones jurisdiccionales, porque la exhibición de un temperamento poco juicioso es dañina para el proceso de la justicia y no cuadra con la dignidad de las funciones jurisdiccionales".

En este punto la pregunta legal es si un Magistrado tiene como deber legal, Constitucional y Convencional, cumplir con el derecho de protección a la mujer, más si se trata de su esposa y si existe un derecho de todas las mujeres a que el tratamiento de esa situación sea realizado en el marco Convencional fijado por la Convención de Belen do Para. En el caso concreto, se admite que el hecho existió, no hay ninguna duda que el delito fue cometido; es posible que existiera causales de exclusión de la responsabilidad penal o incluso que atenúen el grado de reproche en su culpabilidad. Sin embargo la vía de extinción de la acción penal por conciliación excluye en forma absoluta su responsabilidad penal; la conciliación en sede penal tiene efecto absoluto de extinción de la responsabilidad y por lo tanto no se puede generar sanciones adicionales o posteriores con relación a este hecho ante otra Autoridad, existe la prohibición de juzgar dos veces el mismo hecho.

La mayor critica en esta crisis se da en relación, a la licencia solicitada y la concedida por el Presidente del Tribunal Constitucional Dr. Petronilo Flores. El Magistrado Ceballos, es miembro de una Sala conformada por dos Magistrados, y a su vez era miembro de la Comisión de Admisión del Tribunal. El tiempo solicitado y concedido, no fueron suplidos por el Magistrado Suplente, la realidad es que la cantidad de Casos que recibe el Tribunal y los plazos que no fueron cumplidos en ese tiempo de “licencia” causan un perjuicio a la colectividad en el desempeño y celeridad de la justicia constitucional. Existe tipificación penal con relación a la retardación de justicia, que es una forma del incumplimiento de deberes. Este es un tema que ataca al modelo mismo de Control de Constitucionalidad, un promedio de 5.000 Casos por año, atacan la calidad y celeridad de la justicia ya en si misma demorada y que se ve afectada por cualquier tipo de licencia; este punto puede ser rebatido por la estadística y la Gaceta Constitucional que lamentablemente no es publicada en formatos accesibles y contrastables en tiempo, el pre datar y post datar fechas es una realidad denunciada muchas veces en los últimos años.

Ahora, si las declaraciones de los Presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores se mantienen podríamos tener el inicio de un juicio de responsabilidades, por incumplimiento de deberes. Esto es así porque se alega que existen Obligaciones, Constitucionales, Convencionales y legales que obligan a actuar en escrupuloso cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado Boliviano. El juicio en esta visión, no sería un doble Juzgamiento, sino una evaluación general de las omisiones incurridas desde que ocurrieron los hechos e inclusive la persistencia del ejercicio del cargo. Esto sería así porque el mensaje que se le da a la población es confuso, se busca erradicar la violencia y se anima a las mujeres a denunciar estos hechos y en este caso el mensaje y el precedente es que estos hechos se pueden arreglar.

Mantengo mi posición, con relación a la inconstitucionalidad de las Leyes 44 y 612, que sostuve en relación al Magistrado Gualberto Cusi. Es necesario ajustar con carácter de urgencia esta ley y garantizar un debido proceso a todos los Magistrados, la realidad es que esa norma determina la suspensión del Magistrado, casi al inicio del proceso. No existe otro escenario posible, lamentablemente, la Asamblea Legislativa tiene más de 100 Juicios de Responsabilidades antes de este caso. La regla de precedencia y orden cronológico de las causas, podría hacer que este caso sea analizado en unos años; también es posible que la voluntad política acelere plazos. El mensaje es contradictorio, el Adalid de la Sentencia Constitucional 84/2017 que habilita al Presidente Evo y su calidad de cosa Juzgada, fue el Magistrado Orlando Ceballos; podría ser que la visión de genero y las mujeres en la política boliviana estén marcando una agenda que es sin duda necesaria e importante y lo mas interesante podría significar el ajuste a la Ley de Juicios de Responsabilidades.  

El choque de trenes de la institucionalidad: "TCP vs Asambea Legislativa", es evidente y muestra una realidad incontrastable estamos en emergencia nacional para erradicar la violencia contra la mujer, es una prioridad nacional no tolerar de ninguna manera hechos y practicas de violencia. Lo que se debe resguardar ante esa radicalidad, es el debido proceso y las garantías individuales de los Magistrados y en general de todo ciudadano acusado de violencia, aunque no se crea posible todos tenemos derecho a un debido proceso incluso los hombres acusados de violencia. Aún no se sabe quien ganara en este enfrentamiento, esperemos que no se vea un choque de soberbia o radicalidad, las mujeres merecen que su lucha no sea contaminada por el abuso al debido proceso. 

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