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Los Derechos en serio
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Iván Lima M.
20/03/2019 - 09:49

¿Es Constitucional adelantar las Elecciones Generales? 

El autor analiza los argumentos constitucionales para adelantar las Elecciones Generales. La convocatoria a elecciones habilita el último plazo posible para que los partidos opositores puedan presentar listas únicas de candidatos a senadores y diputados, el plazo vence el 28 de marzo de 2019. 

La ley y la Constitución tienen como finalidad esencial, común e integradora, el que las instituciones y los actos que desarrollan, garanticen los derechos para los cuales fueron creadas. En los casos en los que la Asamblea Legislativa excede sus funciones o genera ambigüedad, la misma Constitución señala que las Instituciones, en este caso el Tribunal Supremo Electoral, resultan la instancia de interpretación y argumentación de los derechos de los ciudadanos. 

Existen en esta materia plazos no modificables: 

  1. La Constitución en el artículo 168, determina que el mandato del Presidente Evo Morales concluye el 22 de enero de 2020. El art. 166 de la Constitución señala que entre la primera elección y la “segunda vuelta electoral” debe existir 60 días: “En caso de que ninguna de las candidaturas cumpla estas condiciones se realizará una segunda vuelta electoral entre las dos candidaturas más votadas, en el plazo de sesenta días computables a partir de la votación anterior”. Si la Elección inicial se realiza el 27 de octubre, la segunda vuelta se debe realizar el 26 de diciembre de 2019.  
  2. La Ley de Organizaciones Políticas, en su art. 29 numeral I señala que las Elecciones Primarias, deben realizarse 120 días antes de la fecha de la Convocatoria a Elecciones Generales.  De esta forma cuando se fijó el domingo 27 de enero de 2019, como la fecha de realización de las Primarias, también se oficializó que el lunes 27 de mayo debe emitirse la Convocatoria a Elecciones Generales. Esta no es la mejor técnica legislativa, porque no es correcto fijar un hecho futuro, con base en una elección previa; lo que resulta un exceso, es el segundo plazo fijado por el artículo 51 numeral I, inciso b) de esta Ley.  Esa norma señala que 60 días antes de la Convocatoria a Elecciones los Partidos Políticos pueden presentar sus Alianzas para la conformación de listas únicas de candidatos a diputados y senadores.  La anhelada unidad de muchos opositores tiene fecha de caducidad el jueves 28 de marzo de 2019. 
  3. La Ley No. 26 del Régimen Electoral, en su artículo 94, señala un plazo de emisión de la Convocatoria a Elecciones Generales de por lo menos 150 días a la fecha de realización de la votación.  De esta forma, si la Elección se realiza el domingo 27 de octubre de 2019, la Convocatoria debe realizarse por lo menos el 30 de mayo de 2019. Y si se adelanta una semana al domingo 20 de octubre de 2019, la Convocatoria debe realizarse por lo menos el 23 de mayo de 2019. 

Bajo ese contexto tenemos un posible conflicto legal, si se adelantan las Elecciones una semana, y se realizan el 20 de octubre de 2019; la Convocatoria debe ser emitida al menos 150 días antes, esto es al menos el 23 de mayo de 2019. Fijada esa fecha, los partidos tienen 60 días para presentar sus Alianzas, es decir hasta el 24 de marzo de 2019.  En ese caso, su plazo, de acuerdo al art. 29 numeral I de la Ley de Organizaciones Políticas, que vencía el 28 de marzo de 2019, se reduce en cuatro días. 

Si bien existe la posibilidad legal de cambiar la Ley No. 26 y modificar el plazo de 150 días, esta no parece la solución correcta.  Lo importante es determinar porque se fijaron los plazos y  los derechos que podrían verse afectados en caso de que la Organización del Proceso Electoral se ajuste en la forma propuesta.

  1. El plazo de 60 días otorgado a los Partidos Políticos, puede ser respetado a tiempo de emitirse la Convocatoria el 23 de mayo de 2019.  El Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo a la Constitución y la Ley 18, debe ponderar los derechos en conflicto y en su caso decidir la vía que afecte en menor grado, el normal desarrollo de las Elecciones Generales. Si el TSE emite la Convocatoria, recién el 23 de mayo, ¿cómo podría disponer de un plazo que vence el 24 o 28 de marzo de 2019?  Es evidente que normativamente en ejercicio de su facultad reguladora, puede optar por el camino que garantice el plazo más amplio a los Partidos Políticos. 
  2. Resuelto el primer escollo, es necesario establecer si la Convocatoria del 23 de mayo, 4 días antes de la fecha definida por la Ley de Organizaciones Políticas en el artículo 29 numeral I, que es de 120 días después de las Elecciones Primarias, puede ser adelantada. El efecto es evidente, si se adelanta una semana las elecciones, no existe ningún sujeto afectado en sus derechos. Contrariamente, en el caso de una “segunda vuelta electoral” en lugar de acudir a las urnas un día después de Navidad, los bolivianos en el extranjero podrían votar el jueves 19 de diciembre. Algunos podrían alegar que la fecha fatal es el 27 de mayo de 2019, que no se puede adelantar esa fecha por 4 días, porque la ley debe ser cumplida de manera taxativa.
  3. En ese caso habría que preguntarse qué derecho se ve afectado por adelantar siete días la elección. El TSE tiene que garantizar que los bolivianos tengamos un Presidente elegido de manera democrática antes del 22 de enero de 2020, adelantar la fecha de Convocatoria no afecta ese plazo constitucional que es inmodificable. La Constitución otorga la atribución de ORGANIZACIÓN del proceso electoral, exclusivamente al TSE, lo hace en el entendido de que existe múltiples eventualidades y situaciones que afectan los plazos, por ello si no existe un perjuicio real en el ajuste de ese plazo, nadie podría alegar que se esta incurriendo en un acto ilegal. 
  4. El argumento central en este caso es el referido al incumplimiento de un plazo, cuando un hecho eventual y no previsto como la Elección presidencial en Argentina, afecta la posibilidad de que las Elecciones Generales y el voto de ciudadanos bolivianos se realice en óptimas condiciones, la solución que pide NO CAMBIAR la fecha y respetar la interpretación literal del texto de la ley, es injusta. Qué ocurriría si alguno de los plazos no puede cumplirse por un hecho de fuerza mayor, ¿suspendemos la elección? La aplicación de un plazo en contra del sentido constitucional que garantiza el ejercicio amplio de los derechos ciudadanos, es inconstitucional.
  5. Finalmente, un argumento importante es el referido a la alternativa de atrasar la elección para el domingo 3 de noviembre. El sentido común nos dice que los feriados previos de la Fiesta de Todos los Santos y el Día de los Muertos el 1 y 2 de noviembre anteriores, representan un hecho que afectaría una costumbre ancestral en razón a los Autos de Buen Gobierno, el silencio electoral y la imposibilidad de realizar reuniones públicas y pedidos de caramelos y tantawawas. 

El sentido de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), al fijar un plazo de 120 días, debe ser concordante con el plazo de 150 días de la Ley de Régimen Electoral. En esta elección si bien la Disposición Transitoria Tercera, manda la aplicación de la LOP en todos sus alcances, también otorga a todos los partidos un plazo de transición hasta el 31 de diciembre de 2021.  Es en esa fecha que los partidos tendrán sus nuevos ESTATUTOS y la ley entrará en vigencia plena, mientras esa fecha llega, el TSE debe garantizar a los ciudadanos las mejores condiciones democráticas con la mínima afectación a sus derechos y esto significa la obligación de proveer las mejores condiciones y elegir la fecha que garantice la mayor participación ciudadana y el fortalecimiento de nuestra democracia.  

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