Los derechos en serio
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Iván Lima M.
10/11/2018 - 11:22

EL CASTILLO DE ARENA NO ES LO MISMO QUE EL LAVA JATO

El Caso CASTILLO DE ARENA fue declarado NULO y sin valor legal en Brasil. La justicia Brasileña ordeno a la peruana la devolución de las pruebas. No existe argumento que convierta lo ilícito en legal una vez que se pasa la frontera. La Ley 3187 del Gobierno de Rodriguez Veltze, promulgada por Sandro Giordano y el Recurso Directo de Nulidad presentado por Carlos Morales ex Ministro de Gonzalo Sanchez de Lozada, muestran una historia compleja que acaba de comenzar.  El rol de Bolsonaro y su Ministro de Justicia se muestran positivos para castigar a los empresarios corruptos. 

Odebrecht tampoco es parte de la empresa Camargo Correa y entre los dos casos hay al menos 5 años de diferencia. El caso “Castillo de Arena” involucra únicamente a la empresa “Construcciones y Comercio Camargo Correa”, una empresa que está próxima a cumplir los 100 años de existencia y que opera en 40 países de África, Asia y Latinoamérica. La mega investigación dirigida por la Policía Federal brasileña inició el año 2008 y buscaba establecer si existía una operación de lavado de dinero, a partir de la actividad sospechosa del suizo-brasilero Jurt Pickel. Los policías no tuvieron mejor idea que alegar que conocían el tema por una denuncia anónima y el Juez Federal Fausto Martin de Sanctis les autorizó escuchas telefónicas y seguimientos a los altos ejecutivos del Grupo empresarial.  Es en este proceso que se obtiene toda la documentación que sirve de base para armar los casos en Argentina, Venezuela, Perú y ahora Bolivia. La investigación se fue ampliando y se pudo evidenciar que la empresa realizaba aportes para las campañas políticas y pagos a funcionarios públicos para asegurarse licitaciones, benignidad en el seguimiento a las obras e incluso para recibir los pagos por los servicios prestados. Los actores, los procedimientos, las cuentas y las iniciales parecían vislumbrar un contundente caso contra la Empresa. 

El problema es que el año 2011, se ANULÓ la investigación con dos argumentos: la empresa si había declarado los aportes electorales y el hecho de que un caso no puede abrirse con base en un anónimo.  Esto es así porque las escuchas y las actividades de la Policía en la investigación deben estar sujetas a control judicial y un anónimo no permite establecer la fecha cierta del inicio de las intervenciones. La Fiscalía de Brasil apeló esta decisión y el Magistrado Roberto Barroso del Supremo Tribunal Federal en febrero de 2015, confirmó la decisión de anulación. 

En Perú es donde se dio un mayor avance de las investigaciones con base en la información obtenida en Brasil, los presuntos sobornos habrían llegado a los Gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García. La Fiscalía Peruana avanzó en los casos a diferencia de la Fiscalía Venezolana y la Argentina. La Boliviana aún no se entera del caso.

El problema es que el año 2017, el Juez Brasileño Paez Moreira, ordenó a la Fiscal Karen Jeanette Kahn (quien estuvo a cargo del caso Castillo de Arena) que exija a la justicia peruana la devolución de toda la prueba remitida a ese país, porque se trata de pruebas nulas e ilícitas y llegó a establecer la destrucción de la misma.  Los Fiscales Peruanos alegaron que la prueba fue de su conocimiento por información pública y que por lo tanto no tenían nada que devolver, sostuvieron un principio de soberanía y decidieron que nadie les puede decir que deben investigar. 

Un paréntesis sobre el Lava Jato y Marcelo Odebrecht, así nos parezca que la Sentencia dictada en su contra en Estados Unidos y la condena que le impuso el Juez Sergio Moro deben ser aplicadas a ultranza, materialmente no se refieren a Bolivia; si bien podrían aparecer nuevos indicios la lectura de estas Sentencias no permite vincular a funcionarios o ex Presidentes bolivianos. 

Volviendo a la “ilegal y anulada investigación del Castillo de Arena” a la empresa Camargo Correa, de acuerdo a la información pública en Brasil, Perú y ahora Bolivia se tiene los siguientes elementos: 

(a) El 2 de octubre de 2018 la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa presidida por la Diputada Susana Rivero analizó los Casos Odebrecht, Lava Jato y Castillo de Arena; ese Informe deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa y eventualmente todo el caso podría ser remitido a la Fiscalía General para el enjuiciamiento penal.  Sobre este Informe se sabe que la UIF aportó el detalle de más de 179 cuentas bancarias, se conoce que muchos funcionarios presentaron descargos y que se logró recopilar Movimientos Migratorios, viajes y datos que permiten sostener que existen indicios suficientes para ser remitidos a la Fiscalía General del Estado. 

(b) El ex Ministro de Gonzalo Sanchez de Lozada, Carlos Eduardo Mario Morales Landivar, el 11 de octubre de 2018 presentó un Recurso Directo de Nulidad contra la Asamblea Legislativa y la Comisión Mixta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, se tiene radicado dicho expediente bajo el No. 25924-2018-52-RDN. Recordemos que Morales Landivar dejó el Poder el 2003, me pregunto ¿por qué Castillo de Arena lo mencionaría? y ¿por qué presentó este recurso?, esta parece ser la punta del ovillo para descubrir dónde y desde dónde se gestó el proceso de corrupción a funcionarios bolivianos por parte de Camargo Correa. 

Finalmente, El Deber y el ex Presidente Carlos Mesa han presentado la información del caso Castillo de Arena, señalado que la construcción de la carretera se produjo durante el Gobierno del ex Presidente Eduardo Rodríguez Veltzé y el Presidente Evo Morales. Lo que se puede tener como datos, por ahora, es lo siguiente: 

  1.  En los Gobiernos de Sanchez de Lozada y Carlos Mesa, se generan contratos y negociaciones con Brasil para que el BNDES (Banco Brasilero) financie las obras, pero no se llega a ejecutar los contratos y se los deja sin efecto porque Bolivia no tenía los fondos de contraparte para poder financiar las obras. 
  2. El 2005, cuando Mesa renuncia, la CAF (Corporación Andina de Fomento) aporta los fondos para realizar la obra y ahora sabemos que los Parlamentarios bolivianos, entre el 30 de septiembre de 2005 y el 21 de octubre de 2005, recibieron sobornos por más de 60.000 $us (no sabemos cual es la cifra final o ¿será que una Ley en Bolivia cuesta sólo eso?). La Ley Nº 3187 fue promulgada por el ex Presidente del Senado Sandro Stefano Giordano García en la gestión del ex Presidente Eduardo Rodríguez Veltzé. 
  3. Entre Septiembre de 2005 y agosto de 2008, se habría pagado sobornos a funcionarios bolivianos para la construcción de la carretera Roboré-El Carmen. Estos pagos se habrían producido durante los gobiernos de Eduardo Rodríguez Veltzé y Evo Morales Ayma. Estos pagos podrían estar vinculados además a un sobreprecio (aunque en verdad el monto pactado en el Gobierno de Carlos Mesa y que no se concretó era mayor al monto que finalmente se pagó, la realidad es que los componentes eran diferentes entre los contratos, parece un exceso decir que hubo sobreprecio) y a sobornos por 4,2 Millones de Dólares. 

El problema es que la información que da origen a estos hechos, contenida en correos electrónicos y documentos publicados, fue declarada NULA y SIN VALOR LEGAL por la Justicia Brasileña, no existen argumentos que permitan sostener que esa evidencia pase a ser legal cruzando la frontera boliviana o peruana. Un segundo problema es que estos delitos estarían prescritos porque han transcurrido mas de 8 años desde que fueron cometidos. 

No está demás reiterar que la Ley 44 y la 612, que autorizan el enjuiciamiento a ex Presidentes y ex Ministros de Estado, son inconvencionales porque autorizan el juicio en rebeldía, porque no garantizan la doble instancia y al no respetar el debido proceso no pueden servir de base para ningún juicio. Iniciar un juicio basado en una prueba ilegal y nula y con base en un procedimiento inconstitucional e inconvencional, es por lo menos riesgoso.

El Informe de la Comisión presidida por la Diputada Susana Rivero aún no es público, creo que es una de las parlamentarias de mejor desempeño y honesta sin ninguna duda. Habrá que leer su Informe con mucho detalle y analizar si existe prueba que pueda servir para un debido proceso. También es posible que la asunción de Bolsonaro y la designación de Sergio Moro, permitan que la información y los juicios archivados a los empresarios de Camargo Correa puedan dar un vuelco en esta historia. Estamos en el inicio de la novela.

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