Los derechos en serio
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Iván Lima M.
27/10/2018 - 11:02

LA SENTENCIA QUE FIRMO LA ex-JUEZA PACAJES

El Autor explica que la inocencia del Dr. Jhery Fernandez, no es resultado de la grabación a la ex Jueza Pacajes, sino mas bien del irrito contenido de la sentencia, que es una prueba de prevaricato y abuso estatal a un inocente. Sugiere los caminos a seguir para reparar el daño y buscar las causas estructurales del problema. 

El menor de los problemas de la ex Juez Patricia Pacajes es la grabación en la que afirmo que condeno a un inocente.  Es evidente que fue grabada en estado de embriaguez y que se trataba de una conversación privada, seguramente podrá argumentar que esa grabación es ilegal. La Constitución y la ley procesal declaran que ese tipo de grabaciones no pueden ser utilizados como prueba. Su relato fue incoherente buscaba mostrarse como una Juez inteligente, poderosa y en su afán de buscar llamar la atención dijo una serie de incoherencias, actos de discriminación y ataques al actual Gobierno. Me imagino que la congestión judicial subiría bastante si comenzamos a procesar los comentarios de todos los borrachines que buscan atacar al Gobierno y mostrar el poder de su abuso. Es insulso perder el tiempo enjuiciando un hecho tan intrascendente. 

Ese inmoral hecho no la exime de una sanción, sostengo que la principal prueba contra Pacajes es que la Sentencia No. 5/2018 (1), por si misma prueba el delito de prevaricato. Porque dicto una sentencia en contra de la ley y con desprecio absoluto al debido proceso. Al iniciar la lectura de su texto que va de fojas 10490 a 10512 se sufre 44 páginas carentes de sentido jurídico. En ellas existen múltiples errores de redacción, ortografía e incluso párrafos íntegros que corresponden a otra sentencia.  La Sentencia no logra afirmar un solo argumento, no logra construir un relato y omite interpretar el sentido de la ley penal, no refiere que teoría del caso se probo, ni explica las razones de su decisión. El texto de la Sentencia 5/2018 carece de fundamentación y afirma sus conclusiones basada en una premisa de culpabilidad arbitraria y discrecional, sustentada en una intima convicción de culpabilidad sin prueba alguna que demuestre que el imputado fue autor de los delitos acusados.  

La Sentencia tiene ocho partes:  I. Enunciación del Hecho y Circunstancias que han sido objeto del juicio. II. Incidentes y excepciones. III. Declaración de los acusados. IV. Fundamentación descriptiva sobre las pruebas. V. Formulación de alegatos. VI. Fundamentación Fáctica probatoria. VII. Fundamentación analítica jurídica. Hasta fojas 10.510 no existe ninguna duda de que el imputado pueda ser condenado. La Fiscalía no logro probar la responsabilidad penal y no logro probar quien fue el autor del delito y la Juez violando su juramento de defensa a la Constitución salvo el mal trabajo realizado y dicto una irrita condena. 

A fojas 10510 vuelta y en una plana se explica las razones para condenar al Imputado por 20 años.  La Sentencia, sostiene que existe evidencia forense de que la víctima murió desangrada como consecuencia de una violación.  Afirma que el Dr. Fernandez era el único varón en el lugar de los hechos. Y declara que el mismo tiene tendencia a estar con menores de edad y que intento abusar a una menor de 7 años.  Concluye su razonamiento afirmando que el PSA (Antígeno Prostático Especifico) encontrado en un papel higiénico en el lugar de los hechos es CONCORDANTE CON LOS HISOPOS colectados en el ano del Bebe: 

  • La muerte es evidente no era necesario probarla. En el juicio se buscaba determinar la causa de la muerte y la cadena de causalidad; la relación entre la causa y el resultado, como sostiene la Teoría de Imputación Objetiva. Esto significa que la muerte (resultado) debe ser causada por una acción u omisión controlada por el autor.  Si la causa fue la violación y el resultado es la muerte, es necesario establecer que las causas accesorias, por ejemplo la negligencia médica, la falta de auxilio oportuno, la carencia de medios adecuados o inclusive el tiempo no fueron la causa principal que ocasiono la muerte.  Toda la evidencia forense explica algo obvio existe un niño muerto, pero no explica ni responde quien fue el autor de la muerte. 
  • El núcleo de la sentencia es una afirmación que no fue parte del juicio y no puede ser considerada seria. El derecho penal de autor esta expresamente prohibido por nuestro Código Penal, hace mucho tiempo no condenamos a las personas por sus antecedentes o por lo que otros digan de ellos; si no existe una acción relevante para el derecho penal no existe posibilidad alguna de hallar responsabilidad en la vida de las personas anterior al delito. Es un abuso sostener que el imputado tiene “tendencia” a estar con menores y este hecho no fue objeto del juicio, por lo que asumir ese hecho como fundamento de la decisión no es posible. 
  • El argumento central de la Fiscalia es que el imputado era el único varón en el lugar. Este hecho lo relacionan con la presencia del PSA en los hisopos, en papel higiénico colectado en el lugar y presentan como teoría del caso un novedoso “principio de culpabilidad” que no tiene base legal. Nadie debe probar su inocencia. Nadie esta obligado a acreditar su no culpabilidad. Lo que la Fiscalía sostiene es que el imputado es el culpable porque no hay otra persona a quien imputar, porque no hay otro varón, porque no existe otra persona a la que le pueda pertenecer el PSA y especialmente porque no hay otro “culpable” que pueda ser presentado a la opinión pública.  En este punto existe un principio fundamental en derecho penal, la culpabilidad debe ser probada mas allá de toda duda razonable, y la prueba debe ser legal. El PSA encontrado no corresponde al imputado, se puede ser contundente en ello porque nunca se podrá saber de quien es el PSA. Esto es así porque al no haber ADN es imposible identificar de que persona proviene. Teorías alternativas podrían sostener que la transfusión total de sangre al Bebé Alexander o incluso el que no se hubiera preservado la cadena de custodia pudieran ser la causa de que el PSA fuera encontrado. La Fiscalía insiste y afirma que si el imputado es inocente ¿por qué se negó a que se le tomara muestras? y ¿por qué no se practicó un estudio de ADN?. La respuesta es constitucional, el imputado y todo ciudadano esta protegido de toda acción que invada su esfera de intimidad y derechos a la dignidad humana. Más allá del principio el imputado debe ser tratado y visto como un inocente, y tiene todo el derecho a considerar y argumentar que la “cadena de custodia” no esta preservada, el imputado argumenta que su negativa no fue absoluta, sino condicionada a estudios de control simultáneos. Su desconfianza del IDIF, la policía y la Fiscalía, visto como actuaron no parece ser irrazonable. Imaginemos que habrían hecho con una muestra de ADN del imputado, personas con la moral y ética de Blanco y Pacajes. 

La Sentencia, esta en la fase de Apelación y la Sala Penal a cargo de considerar este caso, tiene la obligación de ANULAR esta decisión. No existen en la sentencia argumentos, pruebas o siquiera indicios que prueben la culpabilidad de todos los imputados. Simultáneamente, lo justo en este caso es que los Vocales determinen también la extinción de la acción penal por haberse superado el plazo razonable de duración del juicio. 

La verdadera investigación en este caso estará en el Juicio por Prevaricato a la Juez y la acusación por abuso de autoridad a los Fiscales que hubieran estado involucrados en sostener una acusación que es claramente arbitraria y abusiva. La sociedad no debería tolerar, mas juicios secretos es inaceptable mantener la reserva del juicio en contra de la ley procesal. El juicio secreto busca encubrir las razones estructurales y las causas que ocasionaron la muerte de Alexander.  El Estado tiene la obligación de investigar y sancionar a los culpables de esta situación de injusticia extrema, Alexander y Jhery tienen derecho a conocer la verdad, esperemos que la Fiscalía General en los años que vienen garantice un debido proceso y se encuentre a los culpables de la muerte y el abuso.  

En épocas electorales, quien asegure que otorgara las condiciones políticas para que la Justicia funcione tendría mayores oportunidades de victoria. Es claro que si este año que le resta el Gobierno no da señales claras y concretas de búsqueda de verdad y justicia, la población asumirá la necesidad de un cambio para que se sancione a los responsables de esta cadena de impunidad estructural que presenciamos en este caso.  

(1) https://www.paginasiete.bo/seguridad/2018/9/18/esta-es-la-sentencia-contra-jhiery-fernandez-194246.html

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