Los derechos en serio
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Iván Lima M.
20/10/2018 - 17:31

La sentencia Constitucional Peruana y su relación con la SC 84/2017

Análisis de la Sentencia Constitucional del Tribunal Constitucional Peruano y el voto disidente de su Presidente. Las diferencias con la SC 84/2017 del Tribunal Constitucional boliviano y los efectos de la solicitud de Opinión Consultiva propuesta por el ex Presidente Tuto Quiroga.  

La Sentencia Constitucional de 4 de Octubre de 2018 (1) , no es comparable con la SC 84/2017 del Tribunal Constitucional Boliviano.  5.000 ciudadanos del Perú cuestionaron la Constitucionalidad de la Ley 30.305 que modifico el artículo 194 de la Constitución Peruana, esos ciudadanos consideran que la prohibición de reelegir a los Alcaldes Municipales es inconstitucional por argumentos referidos a la materia vedada al proceso de reforma constitucional y especialmente porque es una falacia que esa medida destierre la corrupción en los municipios del Perú. 

El equivalente en Bolivia, sería que las bases de un Alcalde (Leyes, por ejemplo) el año 2020 soliciten que la Asamblea Legislativa modifique el artículo 168 y conexos de nuestra Constitución para eliminar de manera absoluta el derecho de los ciudadanos de reelegir a estas autoridades.  En un rapto de coherencia la nueva Asamblea Legislativa, reconocería que la corrupción de Leyes y sus seguidores merecen todo el repudio del país y exigirían que el personaje no tuviera posibilidad alguna de ser reelegido.  

La Constitución Peruana, establece que la Reforma a su Constitución puede seguir un camino parecido al Boliviano, es decir una Ley de Reforma Constitucional y su ratificación por el pueblo en un referéndum como el del 21F. Alternativamente el Proyecto puede ser aprobado en una Legislatura y ratificado en otro periodo Legislativo. En ambos casos la reforma debe ser aprobada por ⅔ de Votos de la Asamblea.  La aplicación del procedimiento de reforma, puede seguir esta modalidad express si la materia no compromete las bases esenciales de la República Peruana. Es interesante leer el voto disidente del Presidente del Tribunal Constitucional Peruano Ernesto Blume Fortini, que me parece se ajusta a la Convención y su aplicación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Volviendo a la materialidad del recurso presentado en Perú y su comparación con la situación presentada en Bolivia, el Tribunal Peruano transcribe como fundamento de su decisión párrafos íntegros de la opinión genérica de la Comisión de Venecia, tema sobre el que ya me referi anteriormente. La fundamentación de esta Sentencia,  no responde a la pregunta de fondo que es si esta Ley puede afectar el núcleo duro de la Constitución Peruana, si los derechos políticos son parte de las bases esenciales que solo el Constituyente puede reformar.  Existe materia que nunca puede ser limitada por un poder derivado y su cambio solo puede ser ejercido por una Asamblea Constituyente, el voto disidente de Ernesto Blume Fortini (jurista destacado por su capacidad e inteligencia excepcionales) presenta  argumentos validos: 

  1. El derecho a elegir y la democracia como ejercicio de la participación política responsable es inherente a la imposibilidad de prohibir la participación de todos los sectores políticos. La alternancia no es un derecho constitucional, porque solamente los ciudadanos con su voto en las urnas pueden definir quien los gobernara. El crear un Partido no genera automáticamente el derecho a ser gobernante por alternancia. El voto como núcleo central de la democracia permite a la población ejercer su derecho a elegir a quien libremente decida. 
  2. Es inconstitucional establecer restricciones al derecho a escoger de los ciudadanos, proscribir un candidato por la única razón que previamente ha ejercido un cargo limita irrazonablemente las opciones del soberano que tiene derecho constitucional a elegir sin otra limitación que no sea algunas de las causas referidas por el art. 23 del Pacto. 
  3. Es decir que la prohibición de reelegir contraviene los limites de reforma a la Constitución porque desnaturaliza el principio democrático y el derecho a participar de los ciudadanos.  Bolivia, limitaba la re elección y se ajusto a la Convención, contrariamente Perú no tenia el limite y ahora si prohibe la re elección, es evidente la diferencia y el rol que jugo cada Tribunal Constitucional. 

La Sentencia Peruana, responde a una pregunta equivocada, porque el debate no se refiere a un supuesto derecho humano a la reelección, y es que  la misma Comisión de Venecia en el numeral 84 dejo establecido que ni siquiera en el caso de los Tribunales Constitucionales de Bolivia y Honduras ese fue el debate jurídico de fondo. El debate se refiere al ejercicio de los derechos politicos y la imposibilidad Convencional de limitarlos sino es por las causas definidas por el art. 23 del Pacto.   

Por ejemplo si la Opinión Consultiva, que pide el ex Presidente Tuto Quiroga, terminara favorablemente a su interpretación se crearia una obligación del Estado Boliviano, de inhabilitar la participación del Presidente Evo Morales o incluso de darse el caso llevaría a cuestionar el origen de su mandato entre 2020 y 2025. Al igual que en el tema de La Haya, hemos cedido la decisión de este problema a un Tribunal Intermacional y por eso resulta fundamental analizar si existen bases jurídicas serias y cual es el riesgo de un pronunciamiento de la Corte. El análisis de probabilidades de exito del Gobierno Boliviano, y su interpretación del artículo 23 de Pacto de San José es equivalente a la teoría de los actos unilaterales de los Estados. Se trata de una interpretación de los derechos humanos, novedosa y basada en los valores de justicia y progresividad de los derechos humanos. Sin embargo, la realidad del vecindario es diferente: la posición del Tribunal Constitucional Peruano, es seguida por la mayoria de los Tribunales de América y esto presagia un resultado negativo si nos guiamos por un pronostico del pensamiento de 5 de los 7 Jueces de la Corte Interamericana. 

Si bien Bolivia podria tener asegurado el voto de Pazmiño y Zaffaroni por su afinidad ideologica al socialismo del Siglo XXI. En el caso de los votos de Sierra (Colombia), Ferrere (México), Odio Benito (Costa Rica), Vio Grossi (Chile) y el nuevo miembro Perez Manrique (Uruguay) parece exisitir una adhesión importante de estos Jueces a una aplicación amplia  a los valores democraticos que garanticen el concepto "elección libre" que debe entenderse en el marco del artículo 3 de la Carta Democratica Interamericana: 

 ... la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo ... (art. 3)

El criterio referido a una elección libre y justa podría estar reñido con el modelo boliviano que coloca a los candidatos de la oposición al partido gobernante en una situación de desventaja con un Candidato-Presidente que debe hacer gestión y que como Evo lo hace no tiene límites entre los que es el servicio al pueblo y la campaña tradicional. Es decir que los modelos que siguieran una aplicación "boliviana" del artículo 23 del Pacto, deberian asegurar que no exista duda alguna de que sus elecciones sean libres y justas entre los partidos politicos que participen en la elección.  En ese contexto, un modelo de renuncia del Candidato-Presidente durante el periodo electoral podría ser una garantía definitiva que cierre el debate.  El segundo problema fundamental a tiempo de analizar los alcances de la SC 84/2017, es el referido a la "negativa de acceso a la justicia" por parte del Tribunal Constitucional Boliviano, el cual de manera sistematica se esta negando a recibir los casos y analizar los efectos de la Sentencia 84/2017, el Referendum del 21F y su aplicación en la Ley de Organizaciones Políticas y el Reglamento del Tribunal Supremo Electoral. Esta negativa sistematica a ingresar al fondo del caso, lejos de blindar el precedente contenido en la SC 84/2017, genera un caso de agotamiento de la via interna y habilita argumentos para que la Corte Interamericana sea contraria a la solución boliviana.  

La conclusión de este debate es lejana se trata de materia en evolución y sin duda una respuesta de la Corte Interamericana sera contundente porque deberá ser aplicada sin posibilidad de defensa o reserva alguna por nuestro país.  Al igual que en La Haya, pareciera que nuestro Gobierno debe evaluar también los alcances negativos del litigio ante el Sistema Interamericano de protección a los derechos humanos y no concentrarse unicamente en los plazos de tramitación que son referenciales y podrian variar sustancialmente si existe voluntad de los Jueces en dar certidumbre en materia sometida a su competencia de manera tan amplia y entusiasta. Con seguridad los Jueces de la Corte estaran muy felices de tener un país que acatara sus decisiones por encima de su propia Constitución y soberanía. 

 

(1) Sentencia TC Perú

 

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