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Andrés Guzmán Escobari
23/09/2018 - 20:34

La solución de medio camino, Morales - Piñera

A poco tiempo de conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el caso registrado como “Obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico, Bolivia v. Chile”, no parece que las condiciones estuviesen dadas como para retomar las negociaciones que se han iniciado e interrumpido muchísimas veces a lo largo de la historia.

El gobierno de La Moneda, después de anunciar que no negociará lo que Bolivia solicita, ha decidido cancelar unilateralmente las reuniones del Comité de Fronteras que era el único canal de diálogo oficial y público entre ambos gobiernos; y por si fuera poco, su Canciller, Roberto Ampuero, lejos de comprometerse a cumplir lo que dictamine la Corte cuando los periodistas se lo preguntaron, respondió con evasivas y nerviosismo.

Por su parte, el gobierno de La Casa Grande del Pueblo, tampoco ha hecho las gestiones necesarias como para generar un ambiente de negociación, conseguir el apoyo de la comunidad internacional y preparar al pueblo boliviano para un posible restablecimiento de las negociaciones con Chile. Muy por el contrario, nuestras autoridades han sido exagerada e innecesariamente agresivas con sus pares de Santiago, reduciendo así la predisposición del pueblo chileno hacia cualquier entendimiento; han defendido abiertamente a regímenes autoritarios en la ONU y la OEA, lo que nos ha valido el repudio de algunos países clave para las tratativas con Santiago; y han omitido por completo la evidente necesidad de definir entre los bolivianos qué queremos – qué entendemos por “acceso soberano” – y más importante aún, qué estaríamos dispuestos a dar en esa posible negociación.

No obstante, a pesar de este sombrío panorama, que nos lleva a pensar que no serán estos gobiernos los que negocien y resuelvan el asunto marítimo, la reciente revelación que hizo el periódico chileno La Tercera, respecto a que los gobiernos de Evo Morales y Sebastián Piñera habrían negociado este tema secretamente entre agosto y diciembre de 2011, nos devuelve de cierta manera las esperanzas.

En efecto, esa versión, que no ha sido desmentida hasta la fecha por ninguno de los dos gobiernos, se constituye en la prueba más clara y cercana de que en realidad sí es posible negociar este tema y que incluso las administraciones actuales pueden hacerlo cuando ambos tienen voluntad política. De hecho, llama la atención que esas tratativas se hayan podido desarrollar justamente cuando las relaciones político-consulares boliviano-chilenas se hallaban en muy mal momento.

respecto, cabe recordar que: en febrero de ese año, el General René Sanabria de la Policía Boliviana fue detenido por tráfico de drogas en un operativo realizado conjuntamente por la DEA de Estados Unidos y Carabineros de Chile, cosa que molestó mucho a Evo Morales porque no se le informó a pesar de los acuerdos que se habían firmado entre La Paz y Santiago para compartir información sobre narcotráfico; en marzo, el presidente Morales anunció por primera vez su intención de demandar a Chile, lo que fue considerado por Piñera como “un serio obstáculo para las relaciones de ambos países” y el Ministro de Defensa, Andrés Allamad, aseguró que las Fuerzas Armadas de Chile se encuentran en condiciones de hacer respetar los tratados y de cautelar la soberanía chilena; y en junio, 14 soldados bolivianos fueron detenidos cerca de la frontera por Carabineros chilenos que bajo acusaciones de robo y porte ilegal de armas, los enmanillaron, engrillaron y encapucharon como si se tratara de unos delincuentes de alta peligrosidad, y si bien fueron liberados sin culpa al poco tiempo, el trato que recibieron agravó aún más las tensiones.

Con esos antecedentes, los delegados especiales, San Miguel y Bunster, comenzaron a negociar secretamente una solución al tema marítimo y pese a que se aclaró desde el principio por parte del chileno que la soberanía no estaba sobre la mesa, ambos convinieron en que se trataba de una solución “de medio camino”, “con horizonte de soberanía”, tal como informa La Tercera (2/09/2018).

En las tratativas, que se desarrollaron en 5 reuniones celebradas en Mendoza, Buenos Aires, Arica, Calama y Santa Cruz, se avanzó en un arreglo que consistía en dos enclaves sin soberanía para Bolivia: uno de tipo industrial en algún punto cerca de Iquique (Pisagua, Punta Patache o Patillos) o en Mejillones, “en la línea de lo que fuera el entendimiento Lagos-Banzer”, y el otro enclave para fines turísticos y eventualmente comerciales, que sería entregado en comodato por 99 años en la playa Las Manchas, situada al norte de Arica, fuera de la zona portuaria y aeroportuaria del lugar. Por esa razón, también se habló de que Chile transfiera a Bolivia un muelle en el puerto de Arica y una terminal o faja de aterrizaje en el aeropuerto de Chacalluta.

Para que Bolivia pueda acceder a esos dos enclaves no soberanos, el negociador boliviano propuso que la administración de los ferrocarriles Arica - La Paz y Oruro - Antofagasta, así como de la carretera Arica – Tambo Quemado, pasen a manos del Estado boliviano. Lo cual fue rechazado por el chileno.

cambio, Bolivia debía desistir de su demanda, levantar el veto a la venta de gas a Chile y resolver el tema de la Constitución, es decir cambiar o eliminar la disposición que obliga al Ejecutivo a renegociar los tratados que sean contrarios a la Carta Magna, puesto que, según el gobierno chileno de entonces, el Tratado de Paz y Amistad de 1904, sería uno de ellos.

Este interesante arreglo de medio camino, que además comprendía una solución para el tema del Silala, similar a la que se había negociado en 2009, no pudo concretarse, siempre según La Tercera, debido a que San Miguel consideró que lo ofertado por Chile era “muy poco significativo como para aspirar a ser ‘una solución de medio camino’”.

En su último informe, Bunster le dice Piñera: “Parece claro que los vientos internos en Bolivia van en la dirección de construir la demanda marítima…”.

Por lo dicho, queda claro que la revelación de La Tercera, que seguramente fue publicada con la intención de descomponer aún más las relaciones entre ambos países y quizás eliminar las expectativas bolivianas por hablar de soberanía; es en realidad un muy buen antecedente que sin duda podría servir para retomar las tratativas boliviano-chilenas sobre el asunto marítimo, más aún si la Corte nos da la razón y obliga a Chile a sentarse a negociar un acuerdo que le devuelva a nuestro país un acceso plenamente soberano al Océano Pacífico.

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