Opinión
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Fundación para el Debido Proceso
26/07/2018 - 16:05

Batalla contra la corrupción judicial

La corrupción es una plaga que afecta a todas las instituciones del Estado. Ocurre cuando un empleado público antepone sus intereses personales a la función publica e incumple con la obligación de actuar en favor del bien común. El sistema de justicia no es inmune a este fenómeno. Los jueces y magistrados, los fiscales y los empleados del sector pueden ser sujetos activos de acciones que se configuren como delitos relacionados con corrupción, tales como el soborno, el tráfico de influencias, el prevaricato, etc.

Cuando se habla de corrupción judicial muchos piensan en una justicia a la carta, donde los resultados de un juicio se ajustan para favorecer a la parte más poderosa en el proceso. Pero lo cierto es que la corrupción, en las instituciones del sector de la justicia, puede ser más compleja que únicamente favorecer a una de las partes del litigio. Puede ocurrir en asuntos de índole administrativa, relacionados con compras de bienes o servicios; en temas de investigación criminal; también en el trámite de procesos judiciales de toda índole (civiles, familiares, criminales, laborales, etc). Es posible que también suceda en el nombramiento de jueces, magistrados y del personal.

El juez en el ejercicio de su cargo se enfrenta diariamente a situaciones en que puede actuar con apego a la ley y privilegiar la justicia, o por el contrario facilitar y permitir que se cometan hechos ilícitos. La decisión es eminentemente personal y tiene que ver con la ética del funcionario judicial. En mi labor como juez de instancia en Guatemala, pude constatar la forma en que la corrupción opera dentro del Organismo Judicial y en distintas oportunidades luché por combatir ese flagelo.

Al inicio de mi gestión, pude detectar que existía un retraso injustificado en las notificaciones de los procesos judiciales. Inmediatamente solicité el apoyo de la Corte Suprema para que se realizara una supervisión exhaustiva de todos los casos en trámite en el juzgado. Se pudo establecer que los propios notificadores engavetaban los expedientes, para promover que las partes interesadas pagaran una cuota a cambio de agilizar el proceso. Al descubrirlo, tomé las medidas necesarias para evitar esa situación y realicé las denuncias respectivas, en contra del personal responsable de las anomalías. Además, se establecieron mejores controles en la gestión de los casos.

Un tiempo después, pude identificar las diversas formas en que un grupo de abogados, en contubernio con empleados del juzgado, hacían uso del sistema judicial para fines ilícitos. Una práctica habitual era señalar una dirección falsa para notificar al demandado, en un lugar previamente acordado con el demandante, para que allí recibieran la notificación. Al no responder la parte demandada, el interesado solicitaba que se dictara la rebeldía y el caso continuaba sin conocimiento de la parte demandada, lo que a todas luces vulneraba sus derechos. Al no poder responder a la demanda, ni ofrecer las pruebas pertinentes estaba en total desventaja y la sentencia seguramente sería dictada a favor del demandante.

Otro asunto más complejo de establecer fue reconocer a un grupo de litigantes dedicados a la apropiación indebida de bienes. Este grupo de abogados-estafadores efectuaba un seguimiento de empresas familiares con finanzas sólidas o de personas que tuvieran inscritos a su nombre bienes inmuebles de valor considerable. Generalmente aprovechaban la ausencia prolongada en el país o el fallecimiento de un individuo para simular un contrato de reconocimiento de deuda o falsificar un título de crédito, con fuerza ejecutiva. Posteriormente presentaban la demanda en la Corte, con los documentos “legales” en mano, acompañados de un acta notarial de saldo deudor y la solicitud de embargo de los bienes del supuesto deudor. En todos los casos la deuda aparentaba estar garantizada con una propiedad inmueble o con un negocio pujante. Al analizar los documentos, todos llenaban los requisitos de forma, y para el funcionario judicial era difícil -si no imposible- determinar a priori la ilegalidad de los mismos. Consecuentemente, se admitía a trámite la demanda y se ordenaban las medidas cautelares.

Para hacer efectivas las medidas dictadas, los abogados se hacían acompañar de hombres fuertemente armados, para intimidad a la contraparte. Después de ser notificados los ejecutados (demandados), se defendían argumentando que los títulos ejecutivos eran falsos y recurrían al órgano judicial indignados con lo que estaba sucediendo. Por lo general se presentaba la nulidad de los documentos y durante el proceso lograban probar la falsedad de las firmas, o la imposibilidad de haber firmado por no estar en el país cuando se llevó a cabo el contrato. En alguna oportunidad, incluso se probó la inexistencia del auditor que autorizaba los libros de contabilidad, los que servían para justificar las actas de saldo deudor.

Ante dicha situación opté por dar los avisos respectivos a la Corte Suprema de Justicia y a la vez informé al Ministerio Público para que realizara las investigaciones necesarias. Después de analizar varios casos similares, se logró establecer el modus operandi de una red de abogados dedicados abiertamente a la apropiación ilegal de bienes, los que coincidentemente, eran defensores de personas vinculadas al narcotráfico. También se estableció que, en otros juzgados, esta era una práctica habitual y una forma en que los abogansters se apropiaban de bienes ajenos.

Durante el proceso de nombramiento de magistrados a Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia en el año 2014, junto con otras juezas, señalé las anomalías que se dieron en el proceso elección, que facilitaron que algunos magistrados ligados a la corrupción tomaran posesión.

Además, denuncié la interferencia de otros poderes en el sistema judicial y presenté las pruebas correspondientes que sirvieron para condenar por 13 años al ex presidente del Congreso por tráfico de influencias y cohecho. Posteriormente, a través de una investigación realizada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se detectó la forma en que los grupos de poder influían en la elección de los magistrados. Este es un caso sin precedentes, en el que la interferencia indebida en el nombramiento de magistrados de altas cortes, esta vinculado a un caso de corrupción, el cual se conoce bajo el nombre de “Comisiones Paralelas”.

Los hechos relatados, son ejemplos de la forma en que las redes de corrupción operan en distintos niveles y de variadas formas dentro del sistema judicial. Estas situaciones pueden suceder también en otros países en donde no se tomen las medidas adecuadas para prevenir y combatir la corrupción. El hecho que la corrupción prolifere en un sistema judicial es grave para un Estado, pues los índices de impunidad aumentan de forma exponencial, ya que las instituciones judiciales son las encargadas de administrar justicia y hacer que se cumpla la ley.

Para combatir la corrupción en las instituciones de justicia, es fundamental implementar decididamente medidas de transparencia y rendición de cuentas, así como procesos de selección y nombramiento que obedezcan a los principios de independencia judicial y a los estándares internacionales de nombramiento de funcionarios en el Sistema de Justicia, especialmente a sus altas cortes. Pero también hace falta voluntad política en las más altas esferas del poder. Cuando la corrupción anida en las instancias más altas es muy difícil de combatir, pues es como un cáncer que tiene metástasis e infecta a otros órganos.

Mientras el fenómeno de la corrupción en el sector de la justicia sea sistemático, se garantiza la impunidad de los integrantes las redes de corrupción y de otros grupos delictivos. El combate de la corrupción judicial, puede ser el hilo de la madeja, el primer paso para combatir la corrupción de las demás instituciones del Estado. Para avanzar en la reconstrucción de un sistema de justicia que funcione para el bien común, se necesita romper con las estructuras que alimentan la corrupción y dar vida a un sistema de legalidad. Quienes dirigen las instituciones de justicia tiene que asumir un compromiso de lucha contra la corrupción para que prevalezca la justicia. Son los jueces y magistrados los actores principales de esta obra, y quienes pueden devolver la esperanza a la democracia.

*Ex magistrada de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Guatemala y experta en temas de corrupción

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