Los derechos en serio
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Iván Lima M.
14/05/2018 - 20:40

Sobre la vigencia del Código Civil Banzer.

Los hechos relacionados con esta situación se inician el año 2004, fecha en la cual el Tribunal Constitucional, emitió la Sentencia Constitucional  24/2004 de 16 de marzo de 2004, la Magistrada Relatora la Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas, junto a sus colegas y eminentes juristas: Dr. Willman Duran Ribera, Dr. Rene Baldivieso Guzman, Dra. Martha Rojas Alvarez y Dr. Jose Antonio Rivera Santivañez, al conocer de un recurso incidental de inconstitucionalidad contra el Código Civil (aprobado mediante Decreto Ley 12760 de 6 de agosto de 1975), determinaron en la parte resolutiva de su decisión: 

“EXHORTA al Poder Legislativo para que en dicho plazo (cinco años a partir de la citación con la Sentencia) subsane los vicios de origen de la indicada disposición legal, bajo conminatoria de que en caso de incumplimiento, la misma quedará expulsada del ordenamiento jurídico nacional al vencimiento del término antes señalado, a ese efecto, notifíquese a dicho Poder del Estado.”

El plazo vencía el mes de abril de 2009 y no se cumplió con la sentencia. A los años de que la norma quedó expulsada del ordenamiento jurídico, el Tribunal Constitucional Plurinacional dicto la Sentencia Constitucional Plurinacional 2139/2012 de 8 de noviembre de 2012, la Magistrada Relatora fue la Magistrada Mirtha Camacho Quiroga y suscribieron la sentencia los abogados Dr. Efren Choque Capuma, Dra. Ligia Velasquez, Dra. Neldy Andrade, Dra. Soraida Chanez, en su texto sostienen los siguientes argumentos: 

Por esta causa, es necesario preservar la seguridad jurídica y evitar vacíos normativos, de modo que debe mantenerse un periodo la vigencia de esta norma inconstitucional en la forma, a objeto de evitar que la materia sistematizada por este Código permanezca sin regulación un periodo relativamente largo de tiempo, sin que ello signifique el mantenerlo de manera indefinida, ya que se estaría admitiendo que leyes que nacieron en regímenes de facto, bajo un procedimiento inconstitucional formen definitivamente parte de nuestro ordenamiento jurídico. Ahora es necesario advertir al actual Órgano Legislativo, que la naturaleza de la Sentencia Exhortativa no es de cumplimiento optativo, ya que toda Sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional es vinculante y obligatoria, en el que se establece un plazo de tiempo para que precisamente ese Órgano modifique la norma impugnada o la reemplace con otras que sean compatibles con la Norma Suprema, de no hacerlo, como se advirtió previamente, estaría incurriendo en omisión de deberes constitucionales. 

Con base en ese razonamiento la Sentencia determina en su parte Resolutiva: 

EXHORTA al Órgano Legislativo para que en el plazo previamente establecido (cinco años a partir de la citación con la Sentencia) subsane los vicios de origen de la indicada disposición legal, bajo conminatoria de que en caso de incumplimiento, la misma quedará definitivamente expulsada del ordenamiento jurídico al vencimiento del termino señalado. 

Computo del plazo de los cinco años. 

Con relación al computo de plazo la Presidenta de la Camara de Diputados, sostiene que el plazo de la misma, corresponde computarlo desde la publicación de la Sentencia Constitucional Plurinacional en la Gaceta Oficial de Bolivia. (ver Gaceta Oficial Nº 783 de 12 de agosto de 2015, página 6 parte Resolutiva de la Sentencia). 

Gaceta Oficial de Bolivia No. 0783 by Archivos Difusión Bolivia on Scribd

El texto de la decisión es claro y definitivo señala que el plazo se computa desde "...la notificación de la Sentencia", este aspecto está determinado por la Ley 254 que ordena que la notificación de las Sentencias se realice mediante cédula en la oficina de notificaciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, y se señala la obligación de notificar a la Gaceta Oficial de Bolivia para que esta instancia realice la publicación de la norma sobre cuyo texto se analizó una acción constitucional a objeto de que se haga una nueva publicación de la ley con referencia a la Sentencia Constitucional.  La referida Ley 254, adicionalmente en su artículo 19 señala que la Gaceta Constitucional tendrá una periodicidad mensual para publicar todas las Sentencias Constitucionales. 

En declaraciones de la Presidenta de la Camara de Diputados, el plazo de los 5 años vence el 12 de agosto de 2020, sin embargo para evitar interpretaciones equivocadas la Asamblea Legislativa en la Camara de Diputados aprobó el texto de elevación a rango de Ley del Código Civil Banzer, mediante PL-212/18. 

INF-PL-212-18 by Archivos Difusión Bolivia on Scribd

Ultra actividad de la norma. 

Por su parte el Ministro de Justicia Dr. Hector Arce considera que el DL 12760 de aprobación del Código Civil, tiene vigencia ultra-activa.  La figura de la ultra actividad de las normas es aplicada en materia penal y laboral, especialmente en relación a la vigencia de sus disposiciones una vez que la ley ha quedado derogada.  En analogía a lo ocurrido con el DL 12760, las disposiciones de dicha norma quedarían vigente por ultra actividad todo el tiempo entre la fecha de expulsión del ordenamiento jurídico por inconstitucionalidad y la fecha en la que rija en el país una norma aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

Es importante recordar que entre el 2009 y el 2012, o incluso en la presente gestión, la expulsión del ordenamiento jurídico es una atribución del Tribunal Constitucional Plurinacional. Esto es así porque el artículo  16 y 17 de la Ley 254 determinan que la ejecución y cumplimiento de sus Sentencias es competencia del propio Tribunal, de igual forma la responsabilidad de su omisión es de su exclusiva responsabilidad. En definitiva la interpretación y el uso que se de al vacio jurídico o la ultra actividad de la norma, serán en su tiempo una decisión de los Tribunales de Justicia. 

Evaluación del trabajo normativo por parte de la Asamblea Legislativa. 

El trabajo normativo de la Asamblea Legislativa en los 36 años de democracia no logró ajustar todas las disposiciones emitidas durante gobiernos de facto a la nueva Constitución Política del Estado. Existe una serie de disposiciones que requieren de urgente atención por parte de la Asamblea, mencionamos tres en el sector justicia.  El Código de Procedimiento Agroambiental, en la medida que el Presidente Morales propone a nivel internacional la creación de una justicia ambiental que proteja a la madre tierra, resulta contradictorio que la Asamblea no apruebe la norma necesaria para que la Justicia Ambiental y el trabajo del Tribunal Agroambiental se inicien en el país. Un segundo tema que no se ha regulado es la institución del Defensor del Litigante previsto por la Ley 025. Un tercer tema urgente es el referido a la Legislación Laboral. Podríamos seguir con la Jurisdicción especializada en materia Coactiva Fiscal. Se podría continuar. Contrariamente, a esta materia de urgencia la Asamblea en los últimos años se vio obligada a abrogar el Código del Sistema Penal.  La situación normativa, y la omisión de deberes constitucionales en definitiva nunca es propia de la misma Asamblea que debe cumplirlos, y es inapropiado pedirles ser juez y parte, peor si es que la sociedad boliviana optó por el camino de la abrogación de normas necesarias para que la justicia mejore.  

 

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