Los derechos en serio
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Iván Lima M.
04/04/2018 - 10:56

Combate al Contrabando y Ejecuciones Extrajudiciales

La Ley de Fortalecimiento Contra el Contrabando PL No. 140/2018-2019 incorpora los siguientes elementos que podrían ser reiterativos y dar lugar a interpretaciones restrictivas de los derechos humanos:

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY: http://www.diputados.bo/sites/default/files/leyes/informes/INF-PL-140-18_0.pdf

  1. Los artículos 1 al 3 formulan el marco de aplicación de la norma, la obligación de coordinación del Ministerio Publico con la Policía Nacional y la Fuerzas Armadas. El ingreso de estas al control de delito es cuestionable porque no es su función constitucional, recordemos entre otros temas la Sentencia dictada en USA contra Sanchez de Lozada en la que el Jurado determino su responsabilidad en Ejecuciones Extrajudiciales, debido a la aprobación de normas legales que permitieron la intervención de las Fuerzas Armadas. La intervención de las Fuerzas Armadas en control del delito deber ser una decisión política meditada y no el resultado de los excesos de un grupo de criminales que merecen un combate estratégico a sus actividades. 

  2. El artículo 4 referido al USO LEGITIMO DE LA FUERZA, nos presenta una EXENCION de RESPONSABILIDAD PENAL a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que actúen en estado de necesidad y legitima defensa. Esa decisión es imprecisa y contradictoria porque estas personas que son FUNCIONARIOS PUBLICOS cuando actúan en estas categorías lo hace en EJERCICIO DE UN OFICIO O CARGO y esta categoría esta regulada por el artículo 11 numeral 2) de la Ley 1760. En general reiterar categorías ya previstas por el Código Penal no tiene rigor y es innecesario ya que siempre prevalecerá la normas mas beneficiosa al imputado por mandato constitucional, en este caso la norma parece señalar que Policías y Militares no serán sometidos a juicio, esa interpretación no es correcta ninguna persona puede declarar amnistías o indultos genéricos. Es un hecho diferente que el Juez del Caso considere la profesión el oficio y el uso de violencia proporcional, para determinar que no sean sancionados. 

  3. El artículo 5 reitera la aprehensión en casos de FLAGRANCIA e incorpora una ampliación de plazo en razón de la distancia. La Ley 1970 contiene una precisa regulación sobre esta materia y la jurisprudencia constitucional ha desarrollado el tema de la distancia, porque se trata de materia constitucional. No tiene sentido y no se puede ampliar los plazos de aprehensión en flagrancia para el contrabando y menos con la gran cantidad de jueces rurales que tenemos en la zona de frontera con Chile.  El párrafo II referido a la destrucción e in utilización de bienes encontrados en operativos de contrabando nuevamente es una reiteración a las reglas de confiscación y decomiso. 

  4. El artículo 6 remite a la Ley 400 y reitera la posibilidad de uso de armas de fuego por parte de Militares y Policías. La Disposición Adicional Tercera señala que se redactara en el plazo de 30  días los protocolos referidos a la intervención y uso de la fuerza en los operativos de contrabando. 

  5. El resto de la norma agrava la pena de los delitos e incluye el delito de Favorecimiento y Facilitación al Contrabando con una pena de 4 a 8 años. Esta norma es criticable porque las categorías de co autoría, complicidad y encubrimiento están previstas para castigar a quienes faciliten y favorecen el delito principal se trata de una reiteración igual que el resto de la ley.

El problema del CONTRABANDO en materia de politicas criminales podría ser encarado de manera mas exitosa si el Ministerio Publico desarrolla modelos de trabajo que destruyan los elementos económicos del delito. Cuando se habla de organizaciones criminales, no es apropiado atacar a los eslabones mas débiles porque estos son reemplazables y su encarcelamiento solo distrae recursos y congestiona el sistema. En lugar de atacar a ese eslabón de la cadena deberíamos aprovechar para construir un discurso coherente de combate al contrabando:

  1. El tema con Chile y al acceso soberano, me refiero al Tratado de 1904 y el libre transito a Perpetuidad que son la causa del contrabando y los muertos en Bolivia. El ZOFRI y la Aduana de Chile deben darnos acceso a toda la información de carga destinada a Bolivia. A partir de esta información es necesario identificar casos emblemáticos de contrabando y llevar a juicio no solo al vendedor de la Eloy Salmón sino también a todos los participes de la cadena y si hace falta pedir la extradición de los funcionarios chilenos hay que hacerlo. Ellos están conscientes que es en Chile donde se origina el problema. 

  2. Las Organizaciones Criminales de contrabando están trabajando en rubros específicos, electrodomésticos, telas, ropa usada y vehículos, su margen de ganancia se debe atacar en el momento en que se produce el lavado de dinero, cuando realizan las transferencias bancarias. Los pagos que salen a CHINA y otros países no van en maletas se requiere un trabajo sistemático de inteligencia financiera para golpear a este nivel de la cadena. 

  3. Finalmente pienso que debemos asumir una estrategia de negociación, con los sectores mas débiles ofrecerles indultos, suspensión del proceso y otros beneficios directos en la medida que nos entreguen y declaren contra los niveles superiores de la cadena criminal. Esto parte de una decisión política del Fiscal General. 

La Agenda de la Justicia y el Ministerio Publico son el problema, si contrastamos los altos niveles de impunidad con relación a la decisión política de ABRIR el trabajo a las Fuerza Armadas y el uso de armas de fuego estamos transmitiendo un mensaje equivocado, me preocupa que un grupo de militares no capacitados para contener civiles enfrente a una población de contrabandistas, los resultados de muertos y heridos en una EJECUCION EXTRAJUDICIAL se buscaran entre los que no dijeron nada y seguramente entre los que aprobaron la ley sin dimensionar sus consecuencias. La realidad muestra que subir las penas, usar armas de fuego e iniciar una guerra no son la solución al combate de las organizaciones criminales. 

Hace muchos años cuando la Fuerza de Tarea Conjunta ingresaba al Chapare y abusaba de su poder contra los cocaleros todos coincidimos que era un abuso y un exceso atacarlos cuando lo que pedimos es atacar a las Organizaciones Criminales de Narcotraficantes. Un ejemplo ayudaba a explicar que pensarias si un dia los militares entran a tu barrio, los llevan a todos a la plaza y requisan tu casa a la media noche, nadie estaba de acuerdo. Lo mismo podria decirles de esta Ley que pensarias si las Fuerzas Armadas asumen el uso de la fuerza en la Eloy Salmón o en la Ramada, me pregunto porque los ciudadanos de Bolivia tienen mas o menos derechos de acuerdo a cuan lejos estan de la Plaza Murillo, eso no esta bien y como sostengo en este articulo si quieren combatir a las organizaciones criminales busquen escoger un Fiscal General que no le tenga miedo a cumplir su rol constitucional, esta en manos de la Asamblea hacerlo este año. 

 

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