Los derechos en serio
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Iván Lima M.
12/03/2018 - 16:39

Las opiniones consultivas de la Corte Interamericana

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el máximo interprete de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En su labor en general puede decidir bajo dos procedimientos:  (a) Bajo el sistema de Peticiones y Casos en el cual existe un filtro previo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta vía fue elegida por los ex Defensores, Senadores Demócratas y Diputados de Unidad Nacional. Es una vía que suele demorar al menos 5 años y es poco probable que concluya antes de la Elección Boliviana de Octubre de 2019.  (b) La segunda vía es la Opinión Consultiva, por la cual el Secretario General de la OEA, la Comisión Interamericana o alguno de los Estados, le piden a la Corte la interpretación de la Convención. Esta interpretación es vinculante y obligatoria para todos los Estados, no se trata de jurisprudencia (cuyas reglas de aplicación pueden ser rebatibles). Las opiniones son el criterio de interpretación aplicable obligatoriamente por parte de los Estados. Esta vía fue propuesta por el ex Presidente Tuto Quiroga al Secretario General Almagro, quien aun esta estudiando el pedido, es decir que no ha iniciado su tramitación, esta pensando si es que inicia la solicitud. Esta vía es mucho más rápida y podría terminar incluso en menos de un año. 

Si bien existen algunos juristas que sostienen que las Opiniones Consultivas no son vinculantes, esta es un interpretación equivocada. La Convención, el Estatuto y las reglas de derecho internacional no tendrían sentido si es que la decisión de la Autoridad a la cual se le dio la atribución de interpretación no tuviera fuerza vinculante. En realidad el movimiento que desconoce la fuerza de las Opiniones Consultivas lo hace porque esta en contra de la postura asumida por la Corte en los últimos años. 

La última Opinión Consultiva de la Corte es la OC-24/2017 sobre Identidad de Genero que determino también los derechos de las parejas homosexuales en los siguientes términos: 

De acuerdo a los artículos 1.1, 2, 11.2, 17 y 24 de la Convención es necesario que los Estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales, en los términos establecidos en los párrafos 200 a 228.

Esta Opinión Consultiva, es expresamente contraria al artículo 63 de la Constitución y los artículos 147 y 168, I, a del Código de las Familias, porque en estas disposiciones se establece que el matrimonio solo puede celebrarse entre un hombre y una mujer. En consecuencia por Control de Convencionalidad, es necesario que la Asamblea Legislativa proceda a modificar nuestra normativa de buena fe y tome medidas urgentes para garantizar los derechos Convencionales de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, esto incluye la posibilidad de contraer matrimonio. Mas allá de que pueda discrepar al respecto de los alcances y fundamentos del “derecho a una familia” la OC-24/2017 constituye un instrumento jurídico vinculante y mandatorio igual que la SC 84/2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional boliviano, es contrario a la lógica y el sentido común desobedecer las sentencias emitidas legalmente porque discrepamos de las razones y argumentos utilizados por los jueces a tiempo de emitirlas. 

Actualmente la Corte esta trabajando en la solicitud de Opinión Consultiva presentada por la Comisión el 13 de Octubre de 2017, en este caso se pretende que la Corte determine la relación entre los Derechos al debido proceso garantizados por el artículo 8 del Pacto y la Carta Democrática Interamericana. Los resultados de esta Opinión tendrán un impacto sobre la Constitución Boliviana y las leyes de desarrollo constitucional 44 y 612 sobre Juicios de Responsabilidades; muy posiblemente determinen la inconstitucionalidad por inconvencionalidad de las normas que permiten el juicio en única instancia para Presidente, Vicepresidente y Magistrados. 

La importancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como se vio en los ejemplos anteriores es de gran relevancia, su composición de 7 Jueces elegidos por la Asamblea General de la OEA, se modificara en diciembre de este año.  Los tres jueces que concluyen su mandato son: Roberto Caldas (Brasil), Eduardo Ferrer (Mexico) y Humberto Sierra (Colombia), los tres podrían ser re elegidos.  Los cuatro Jueces que continuaran su mandato hasta el 2021 son Eugenio Zaffaroni (Argentina), Patricio Pazmiño (Ecuador), Eduardo Vio Grossi (Chile) y Elizabeth Odio (Costa Rica).  La labor de la Corte en los últimos años ha generado avances importantes en materia de derechos humanos, sin embargo su trabajo no esta alejado de criticas la mas "judicial" de parte del Tribunal Constitucional de República Dominicana que el año 2014 determino que era inconstitucional aceptar la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

Una afirmación permanente de la oposición boliviana y los juristas que suscriben sus argumentos es que la Corte Interamericana terminara acogiendo sus razones y declarando la inhabilitación de Evo Morales como candidato el año 2019.  No explican las razones de esa premonición, al igual que no explican la legitimación activa de quienes hasta la fecha han suscrito el pedido, existe jurisprudencia muy clara al respecto que sería recomendable revisen. Más allá del tiempo de tramitación que podría superar con creces la fecha de realización de la elección presidencial del 2019, existen razones jurídicas que determinan que la Opinión Consultiva o la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no inhabilitaran al Presidente Evo Morales, al menos si se continua con los argumentos empleados hasta la fecha que carecen de consistencia jurídica y no tienen en cuenta los precedentes establecidos por la Corte; la cual en el mejor escenario recomendara la Convocatoria a una Asamblea Constituyente. 

El Padrón Electoral de Bolivia esta compuesto a la fecha por 6.438.801 ciudadanos, de acuerdo al artículo 411 de la Constitución el 20% de ellos podrían solicitar la realización de una Asamblea Constituyente. Es decir que 1.287.760 ciudadanos con su firma podrían iniciar el camino para llevar adelante una Asamblea Constituyente que ajuste los aspectos inconvencionales de nuestra Constitución. Si en verdad la Oposición Boliviana tuviera un proyecto político viable y con una propuesta capaz de lograr cambios estructurales no  debería tener dificultad en lograr que el 20% del país apoye su iniciativa. Esa vía es mas seria que la opción de negarse a todo debate y victimizarse frente a todos sus errores procesales. Los colectivos ciudadanos de millones de activistas no deberían tener ninguna dificultad en poder reunir 20% de firmas para ajustar la Constitución en los términos que consideran posibles y necesarios. El MAS y Evo Morales no necesitan este camino porque pueden activar el proceso por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea o por Decreto Presidencial. 

Como sostuve incluso antes de la emisión de la SCP 84/2017, el rol de los Jueces en el control de constitucionalidad y convencionalidad deberian permitir que las instituciones creadas por la Constitución y la interpretación Judicial logren ajustes de una manera mas eficiente y rápida. Esta vía requiere de una capacidad de dialogo y debate que cada vez se ven más lejanos incluso en juristas que parecian razonables defensores del Control de Convencionalidad cuando esta les beneficiaba. 

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