Los derechos en serio
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Iván Lima M.
27/02/2018 - 11:32

EL 21F: LO JUSTO Y LO ESCRITO EN LA SC 84/2017.

La inconstitucionalidad de la Constitución, en los términos expuestos por la Sentencia Constitucional (SC) 84/2017 constituyen un paso en un camino que ajuste nuestra Constitución a los valores que están por encima de errores en su texto. La Constitución del 2009, fue resultado de un Pacto Político en el Senado Republicano e incluyó graves inconsistencias, menciono algunas:  (i) el artículo 195-I y el 240 son contradictorios con relación a la revocatoria de mandato de Magistrados; (ii) el artículo 180 II y el 8 del Pacto de San José garantizan el derecho a presentar apelación y los artículos 160-6 y 184-4 refieren el juicio en única instancia; (iii) otros temas cuya contradicción se da por avances de la jurisprudencia de la Corte, vg. la regulación de la prescripción en materia de corrupción, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la consulta previa y obligatoria etc. Estos avances de la Corte Interamericana no se ven limitados por la Constitución de cada país, en el Caso Bustos contra Chile, conocido como el Caso de la Última Tentación de Cristo, la Corte establece que la Constitución Chilena (art. 19-12) no era Constitucional, porque la censura previa de una película es contraria a la libertad de pensamiento. A partir de esa Sentencia Chile reformó su Constitución. El principio de Control de Convencionalidad, se convierte en una manera de ajustar la interpretación de la Constitución o incluso modificarla y esta obligación es vinculante a todos los poderes.

El referéndum del 21F presenta serias objeciones sobre su constitucionalidad. El Tribunal Constitucional que le dio origen sostuvo que la Reforma del artículo 168 de la Constitución podía seguir el camino de la reforma parcial si la reelección se ampliaba por una sola vez y que debía seguir el camino de una Asamblea Constituyente si la reelección era indefinida. Si la norma es parte de las bases fundamentales o incluso un derecho fundamental su reforma solo puede ser llevada mediante una Asamblea Constituyente y por tanto el 21F fue un acto nulo por ser inconstitucional. Otra dificultad se da al analizar el tiempo de duración de los efectos del 21F , en Bolivia tenemos un precedente en la pregunta cinco del Referéndum de 11 de enero de 1931 que consultó a los bolivianos sobre la reelección del Presidente, la respuesta popular fue que no pudiesen ser reelegidos sino ocho años después de la conclusión de su mandato. Una tercera objeción se refiere  a la aplicación de los resultados de un Referéndum, por parte de los Tribunales de Justicia: (i) el referéndum de Brexit, afectó los derechos de Escocia e Irlanda del Norte y sus ciudadanos que rechazaron la salida acudieron a los Tribunales Europeos para amparar sus derechos; (ii) los Acuerdos entre las FARC y Colombia, fueron rechazados por un Referéndum, el Presidente Santos emitió un acto legislativo que declaró su vigencia por 12 años y luego el Tribunal Constitucional Colombiano los declaró constitucionales; (iii) en el caso del referéndum sobre la independencia Catalana en España, el 90,8% de la población votó a favor, sin embargo el Tribunal Constitucional Español declaró la nulidad e inconstitucionalidad de la Ley que lo convocó. El referéndum del 21F es convocado a partir del artículo 411 de la Constitución y se regula por las leyes 018 y 026 del Órgano Electoral Plurinacional y no tiene una regulación expresa sobre los resultados de rechazo a la pregunta. Tampoco la norma determina que el tema no pueda ser llevado nuevamente a consulta. El padrón electoral en el país el 21F estaba conformado por 6,5 Millones de habitantes (sobre una población de 10.027.254 habitantes) de los cuales 5,2 millones de ciudadanos votaron válidamente y 2,6 Millones el 51,3% de los votantes rechazaron la Reforma a la Constitución. La negativa a reformar la Constitución, a diferencia de una decisión positiva no genera un efecto vinculante en la ley y tampoco un tiempo en el que los demás poderes deban inhibirse de tratar la materia. Una interpretación sobre los efectos tan amplia como la que se pretende ahora es un exceso, algún ciudadano podría decir que votó NO porque considera que debió convocarse a una Asamblea Constituyente, otros podrán dar cientos de razones, el fondo es que el NO SOLO significa un rechazo a la manera de reformar la Constitución propuesta por la Asamblea.

Ahora bien si el tema va al Sistema Interamericano, más allá de los errores en la presentación y los tiempos excesivos que toma el Sistema para decidir, la Corte dicto los siguientes precedentes: (i) en el Caso Yatama la Corte sostuvo que el artículo 23 del Pacto debe preservar el principio de igualdad y no discriminación; (ii) en el Caso López Mendoza contra Venezuela, sostuvo que las 7 restricciones señaladas por el artículo 23 del Pacto son “exclusivamente” únicas y que no pueden crearse otras (las restricciones validas son edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, y condena por juez penal) en su voto particular el Juez García Sayan precisó que las restricciones deben ser impuestas por una autoridad de naturaleza judicial. La regulación de la reelección en América es un tema con regulación diversa desde los países como México o Paraguay que no la admiten a países como Costa Rica, Honduras y Bolivia que admiten la interpretación del artículo 23 del Pacto para habilitar la reelección, cuando se da esta situación la Corte señala márgenes de apreciación nacional que impiden su intervención.

El Tribunal Constitucional boliviano sostuvo su competencia y señalo que estaba obligado a realizar Control de Convencionalidad. Bajo esa competencia, se entiende que su razonamiento es que no estaba vinculado en el tiempo por los resultados del 21F e incluso si existiera una contradicción entre los dos derechos (los del 21F y el art. 23 del Pacto) estaba obligado a dar preeminencia al Pacto por mandato del artículo 256 de la Constitución. Sin duda alguna el artículo 256 de la Constitución es un avance fundamental en materia de derechos humanos, establece un nuevo paradigma ya que define que los derechos humanos -la dignidad humana- determinan la manera de resolver un conflicto. En el contexto anterior se habla del Gobierno de los Jueces, de la posibilidad de que un Tribunal este por encima del Parlamento, de un Referendum y todos los poderes fácticos; este debate es una discusión de la filosofía del derecho que ha pasado del constitucionalismo positivista, al neoconstitucionalismo y recientemente en Latinoamérica al Constitucionalismo del Sur Global.

Un último elemento a considerar en este debate es la solicitud de Opinión Consultiva presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 13 de octubre de 2017. La Corte amplió el plazo a los ciudadanos americanos para presentar observaciones hasta el 26 de abril de 2018. Esta Opinión se refiere a la implicaciones del debido proceso en el contexto de Juicios Políticos contra Autoridades Constitucionalmente elegidas. Entre los antecedentes se señala los Casos de Zelaya, Dilma Rousseff y Lugo; también se cita los precedentes en los casos de destitución de los Magistrados del Tribunal Constitucional de Peru y el Ecuador.  Entre las consultas realizadas esta la relación existente entre las garantías constitucionales y la Carta Democrática Interamericana. Esta decisión dará luz a esta problemática porque la decisión de la Corte Interamericana si ingresa en el fondo deberá responder a la relación entre el Sistema Democrático y los Derechos Humanos, es decir el valor del voto de los ciudadanos y la posibilidad de que el mismo sea desconocido por Tribunales de justicia o Asambleas Parlamentarias que ejerciendo competencias constitucionales limiten los derechos de las Autoridades elegidas constitucionalmente. Esta vía de la Opinión Consultiva, puede ser ejercida por la Comisión, por el Secretario General Almagro (conforme le solicito el 22 de de febrero el ex Presidente Tuto Quiroga) y también por los países es una vía que pudo haberse utilizado para el Caso Boliviano, sin embargo las peticiones presentadas a la CIDH por los lideres opositores han cerrado esta vía que definitivamente era la idónea en términos de modulación para los países y en  términos de tiempo. 

El Tribunal Supremo Electoral, deberá convocar a la Elección Presidencial del año 2019 el primer semestre de ese año, hasta esa fecha quedan menos de 15 meses, en los que el debate sobre esta materia podría variar sustancialmente. Quedan muchos caminos por recorrer y los bolivianos tendremos que elegir entre el modelo propuesto por el MAS y la opción u opciones Opositoras. El dialogo jurídico y el litigio no son los elementos que lograran la victoria en las Elecciones del 2019, quizás mas que pedir la vigencia del 21F fuera mejor que el país escuche propuestas sobre como mejorar la educación, la salud y la justicia de ambos movimientos. Eso es lo que los ciudadanos esperan, un debate serio que de respuestas a nuestros problemas estructurales. Necesitamos construir una propuesta basada en la verdad, en el liderazgo moral ético y en los valores que acoge la sociedad boliviana en su protección a la familia y a los mas pobres de nuestra sociedad. Ninguna propuesta que no se fundamenta en la diversidad será exitosa. Pretender generar una propuesta basada en la discriminación, el odio y la visión de superioridad no es admisible. Existe un curioso fenómeno en las redes sociales el algoritmo de Facebook hace que escuchemos una realidad compatible con nuestros gustos, ideas y preferencias esto no es la realidad del país y la única manera democrática de resolver esta diferencia esta en el voto de todos los ciudadanos el 2019, por eso pese a que no es la solución ideal la SCP 84/2017 garantiza la paz social.

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