Los derechos en serio
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Iván Lima M.
27/12/2017 - 16:23

La impunidad y desconfianza en la justicia

El derecho penal diferencia el dolo (querer y entender) de la culpa (solo entender la posibilidad de que un resultado se produzca) como elementos esenciales de la responsabilidad penal. Si matas dolosamente la sanción puede llegar a los 30 años de prisión; contrariamente si matas conduciendo un vehículo, por un accidente o incluso por negligencia médica la sanción podría ser menor a los 3 años de prisión.  Existe una tercera posibilidad que es la falta de dominio de la causalidad por el autor, por ejemplo cuando tratas de evitar la muerte de otra persona ya herida, cuando matas mientras te defiendes en tu casa de un ladrón, cuando cortas la cuerda que solo puede sostener una persona y mueren los demás andinistas.  En derecho penal, una acción u omisión debe ser típica, antijurídica, culpable y solo si supera estos tres filtros podría significar que es punible. Esa es la primera idea que debe quedarnos clara nunca será punible el acto médico porque la “parte general” del Código del Sistema Penal Boliviano (en adelante CdSPB) crea una serie de salvaguardas y protecciones mayores a las ya establecidas en el Código Penal de 1997. 

El 10 de marzo de 1997, mediante ley 1768, se elevo a rango de ley el Código Penal Banzer, fui parte de la Comisión de Reformas Penales que presidía el Ministro Rene Blattmann y recuerdo muy bien que a los pocos días de publicar la norma tuvimos que modificarla mediante la Ley 1778 porque el sector del transporte había anunciado el inicio de movilizaciones y bloqueos. No valieron las explicaciones y se impuso la necesidad de superar los conflictos derogando leyes era la solución fácil, rápida e inmediata. 

Cuando los profesionales médicos alegan que el artículo 205 criminaliza el acto médico y piden su supresión se olvidan y no informan a sus bases que esa derogación dejaría aplicables y subsistentes a los artículos 136, 153, 154, 155 y 94 del Código del Sistema Penal, con la agravante de que no existiría ningún exclusión de responsabilidad penal porque no se cuente con los insumos y equipamiento suficientes o se determine que su acción es parte de una compleja decisión médica. No existe ningún argumento valido para sostener que el artículo 205 agrava la situación de los médicos, desde la perspectiva de la doctrina penal y lo saben bien los dirigentes del sector. 

La verdadera razón de la critica al artículo 205, la dicen todos los bolivianos cuando señalan que deben “persignarse al pasar por tribunales”, poca confíanza en la justicia penal, miedo a la extorsión, a la corrupción y a que el sistema penal termine triturando a cualquier inocente.  Por eso es importante despejar los miedos con razones y argumentos: 

  1. El Código del Sistema Penal, busca una justicia restaurativa, no tiene como meta encarcelar a todos los médicos, sus principios son de humanización en la justicia y restricción de la detención preventiva. Por ese motivo el art. 205 señala como alternativa a la prisión la “reparación económica” a la víctima y las instrucciones judiciales. Son medidas alternativas, que concluyen con un proceso penal que lo terminan definitivamente. Lo que busca una víctima razonable de negligencia médica, es una disculpa y que le restablezcan su salud esos son el 99% de los ciudadanos de Bolivia y se les esta dando a los médicos la oportunidad de que toda acción penal se extinga por esa reparación, ¿no es lo menos que pueden hacer? ¿no es el mínimo de la justicia que se podría pedir a quien actuó con culpa y negligencia?. 
  2. Una segunda preocupación que se ha generado tiene que ver con la inhabilitación profesional, y solo se lee el artículo 205, cuando deben revisar el artículo 39 que señala dos posibilidades: (i) que el médico sea privado de libertad, en cuyo caso su negligencia sería tan grave que merece ser inhabilitado mientras esta en la cárcel; (b) que el médico no vaya a la cárcel en cuyo caso la inhabilitación solo podría durar de 6 meses a dos años e incluso se suspendería al llegar a los ⅔ de la inhabilitación si es que se reparo el daño a la víctima. Estamos hablando de casos comprobados de negligencia médica y no de casos fortuitos o accidentes. 
  3. La tercera preocupación y falacia es la que señala que la reparación económica, se transmite a los herederos a los hijos de los médicos y que esto ocurre solo en el caso del artículo 205. La realidad es diferente y esta reglada por el artículo 32 del CdSPB, que entre otros aspectos señala que la reparación económica no puede señalarse cuando la persona condenada no tenga capacidad de pago, que los seguros a favor de la víctima son parte de la reparación e incluso que si concurre una causa sobreviniente que impida el pago el mismo puede tornarse al cumplimiento de instrucciones judiciales para reparar el daño a la víctima. Lo que si hace el CdSPB es señalar que este monto se conocerá y dispondrá en SENTENCIA ya no será necesario sufrir extorsiones o calcular los montos arbitrariamente. Ya no mas abuso en ejecución de sentencia, todas las garantías, a las dos partes se mantendrán y definirán en la sentencia. 

Concluyo señalando, con un avance significativo del CdSPB señalado en el artículo 50 como “concurso aparente” y que la doctrina penal lo refiere como “conflicto aparente de ley penal” esta norma busca eliminar por completo la arbitrariedad y la extorsión a los médicos y profesionales de la salud, la sub-regla de especialidad evitara que se los acuse de otras conductas que no sean las referidas por el artículo 205. Muchos profesionales, habrán visto que malos abogados y Fiscales los acusan de Homicidio, Homicidio culposo, lesiones gravísimas, graves y leves vacían todo el Código Penal en su querella o imputación. Ya no mas, con la regla del artículo 50, los abogados tendrán que estudiar con precisión el alcance de la disposición aplicable utilizar el derecho con sentido humano, buscando resolver el problema y evitar la extorsión.

Creo importante referirme a la alegada inconstitucionalidad representada por el I.Colegio de Abogados de La Paz. (i) alegan indeterminación del sujeto activo, esto no es evidente porque el derecho penal solo requiere una acción y un autor en términos subjetivos y objetivos de tipicidad no que señalemos el nombre y apellido de los posibles autores; (ii) alegan que se trata de una ley penal en blanco, esto tampoco es evidente el artículo 205 determina todos los elementos del tipo objetivo y al señalar la referencia a normas de especialidad cumple el mandato de legalidad en los términos exigidos por la doctrina penal con claridad, precisión y sin afectar el núcleo de tipicidad; (iii) finalmente sostienen que existiría vulneración al principio de legalidad por existir diferentes penas concurrentes, tampoco este elemento es valido, es parte del principio de reserva legal determinar sanciones que puedan ejecutarse en el cumplimiento de los fines del derecho penal y la reparación a la víctima, se trata de tutela judicial efectiva a los ciudadanos. 

Pretender analizar el artículo 205 haciendo abstracción del derecho penal contemporáneo, de la doctrina, de la jurisprudencia y los frenos que se han establecido por el nuevo CdSPB es una señal de que los reclamos y la derogación del artículo 205 solo tienen un motivo aparente. El motivo real es la desconfianza en la justicia, que como dije siempre no puede ser sinónimo de impunidad, igual que se exige una Ley Integral de la Salud deberíamos apoyar y trabajar en la reforma real y seria a la justicia penal. Los próximos 18 meses será necesario ajustar instituciones, generar presupuestos, formar operadores, elegir un nuevo Fiscal General y exigir que los nuevos Consejeros y Magistrados cumplan su trabajo en la implementación de la reforma. Lo que no esta bien es cerrar las puertas a la democracia y mantenernos en un régimen de impunidad, nadie puede negar que en una sociedad de riesgos permanentes se tenga alguna vez que recurrir a la vía penal ojalá y sea la menor cantidad de veces y que se encuentre justicia eso será un avance de la democracia.

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