Justicia Legítima
Iván Lima M.
30/01/2015 - 23:47

Independencia judicial: Juicio a Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional

El juicio seguido contra los Magistrados Cusi, Velasquez y Chanez, concluyó la labor del Senado y abrió la Competencia de la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional (al final de este artículo se encuentra el link para descargar el texto completo de la Sentencia).

La Ley 044 y su modificación mediante la Ley 612 buscaron ajustar el proceso de enjuiciamiento a los criterios establecidos por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La objeción principal se refería a la posibilidad de imponer una sanción penal (privativa de libertad) por parte del Órgano Legislativo. Nuestra Constitución Política del Estado garantiza que toda persona solo puede ser condenada a una pena privativa de libertad por un Juez que sea parte del Órgano Judicial. La Ley 612 excluye la competencia del Órgano Legislativo para imponer una pena y convierte a la Asamblea Legislativa en un  órgano equivalente a un “jurado de enjuiciamiento”, la SENTENCIA habilita al Ministerio Publico y al Órgano Judicial a iniciar un juicio penal en la vía ordinaria común una vez que la Asamblea Legislativa confirme la decisión del Senado.

La nueva Asamblea Legislativa está habilitada a conocer el recurso de Apelación Restringida que pudiera presentar la Magistrada Rosario Chánez. La Asamblea Legislativa para revocar la SENTENCIA, necesita reunir ⅔ de Votos de los Asambleístas presentes en la Sesión que considere la Apelación. Actualmente la Asamblea Legislativa está conformada por 130 Diputados y 36 Senadores, por lo que si estuvieran presentes los 166 Asambleístas que la conforman los ⅔ de votos son formados por 110 Asambleístas. Por ello si es que 109 Asambleístas pensaran que la Magistrada es INOCENTE, no podrían dejar sin efecto la Sentencia. Una minoría de 57 PARLAMENTARIOS podría tener la capacidad de mantener una condena.  No parece lógico que la inocencia o culpabilidad de un Magistrado esté en manos de la minoría. Usualmente en materia sancionadora, al juzgar no se utiliza estos criterios que son propios de la Asamblea y de la naturaleza política de sus decisiones en las que es correcto aplicar criterios de mayoría derivados del voto ciudadano.  Quizás valga la pena reflexionar y pensar en una modificación a la Ley de enjuiciamiento, porque bajo los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la redacción actual de la ley vulnera la garantía de la Magistrada Chánez a la doble instancia.

El origen de este problema está en la misma Constitución Política del Estado, la cual establece que la Cámara de Diputados “acusa” y la Cámara de Senadores “juzga” a los Magistrados. El artículo 183 numeral II de la Constitución señala que los Magistrados cesarán en sus funciones por: “…sentencia ejecutoriada emergente de juicio de responsabilidades”. Estas disposiciones deben ser modificadas. El derecho comparado establece la posibilidad de un “juicio político” por mal desempeño y no el juzgamiento por delitos o más propiamente indicios de delitos.El modelo más adecuado para nuestro sistema sería el aplicado por un ”Jurado de enjuiciamiento”, que podría estar formado por 5 personas de reconocida imparcialidad y prestigio. Su designación debe garantizar la representación de los niveles políticos y sociales; una propuesta podría incluir a cinco personas designadas por diferentes instancias: el Presidente del Estado, la Asamblea Legislativa, los Colegios de Abogados, las Universidades e incluso un Juez o Magistrado ya jubilado. El Jurado de Enjuiciamiento permite que los Magistrados no sean cubiertos por un manto de impunidad y logra que cada Órgano del Estado cumpla su función de garantizar la independencia de los Jueces y Magistrados.

En nuestro país se está generando una costumbre perversa, pensamos que es bueno perseguir a los Jueces y de ser posible encarcelarlos. La prensa y la sociedad aplauden cuando un Juez es detenido preventivamente o cuando el Consejo de la Magistratura lo destituye. Ese pensamiento no es correcto, la Justicia constituye una garantía de los ciudadanos, los Jueces definen la vida, la familia y la libertad de las personas. No se puede pensar que la solución al problema está en la sanción. Que pensaríamos si un Ministr@ de Salud, nos dijera que vamos a mandar a la cárcel a todos los médicos que operen por lucro y no frente a una verdadera enfermedad, a quienes sin ser especializados en cirugías operen, a quienes den un mal tratamiento o diagnóstico por un soborno.  Todos estaríamos de acuerdo en mandar preso al médico y todos coincidiríamos que el Ministro es un irresponsable por contratar a ese tipo de médicos. Cuando un Juez es encarcelado debemos preguntarnos quién fue el irresponsable que lo designo, quién fue el negligente que no evaluó su desempeño como juez. ¿Quién es el equivalente a un Ministro de Salud de la Justicia?

La realidad es que la misma Asamblea Legislativa que designó a los Magistrados, fue la que los destituyó. Eso no es bueno para la democracia porque afecta la independencia, quien tiene la capacidad de destituir podrá influir en la justicia. Para establecer la destitución de una Magistrada era necesario construir la argumentación de la sentencia, convenciendo al país que existen indicios suficientes para destituirla, luego enjuiciarla penalmente y privarle de su libertad.

Es indudable que la Ley 044 y su modificación presentan más dudas que certezas, ya el solo hecho de cambiar la ley de enjuiciamiento en medio del juicio representa una afrenta grave al debido proceso. La participación del H. Rodolfo Calle (colega egresado aún no titulado de la carrera de derecho) representa un grave cuestionamiento. El H. Calle fue miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que a los efectos del juicio es un Tribunal que conoce de la apelación incidental en el juicio. De su rol de juez de apelación, pasa a ser el Fiscal que acusa a los Magistrados, en el mismo juicio. Ese hecho es muy grave no puede ser que quien fue JUEZ DE GARANTIAS DE SEGUNDA INSTANCIA, pase a ser FISCAL ACUSADOR en el mismo juicio. Ese solo hecho generara problemas en la justicia internacional de los Derechos Humanos.

Superadas todas las objeciones procesales es importante analizar cuál es la base de la Sentencia, qué delitos se han considerado consumados por los Magistrados. La Sentencia no se pronuncia con relación al “Incumplimiento de Deberes” por lo que deberíamos asumir que el Senado considera que ese delito no fue cometido por los Magistrados. En consecuencia únicamente nos queda analizar los dos delitos por los que se destituyó a la Magistrada Chanez:

  1. Prevaricato, este delito sanciona al Juez que toma una decisión “manifiestamente contraria a la Ley”, es difícil argumentar cómo un Magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional podría cometer esta acción, porque su rol es dictar sentencias contrarias a la Ley, porque su rol es expulsar las leyes inconstitucionales. El delito de prevaricato es cuestionado por la doctrina contemporánea porque la LEY ha dejado de ser la única razón de la sentencia. Esta superado el concepto decimonónico que veía al Juez como la “boca de la ley”. La justicia constitucional tiene como función central cuestionar a la ley y en derecho sancionador no es aplicable la analogía, por lo que la argumentación de la Sentencia no es suficiente. La sentencia afirma que la Comisión de Admisión no puede aplicar la medida cautelar de suspensión de la vigencia de la Ley del Notariado, sin embargo el artículo 9 de la Ley 254 indica: “El Tribunal Constitucional Plurinacional, de oficio o a petición de parte, a través de la Comisión de Admisión, podrá determinar las medidas cautelares que considere necesarias. Estamos frente a una deficiencia en la Argumentación de la Sentencia la cual se agrava en la naturaleza jurídica del Tribunal Constitucional. Imaginemos la aprobación de una ley que castigue con la pena de muerte, es indudable que nadie cuestionará que esa Comisión de Admisión suspenda esa ley mientras la Sala Plena considera el fondo del caso. La objeción referida a que la pena de muerte y la Ley del Notariado son diferentes es algo evidente. La Comisión de Admisión está habilitada a suspender la vigencia de una ley, independientemente de la magnitud de la violación a la Constitución. El baremo que permite la suspensión de la norma y por tanto su decisión no pueden ser objeto de un proceso por prevaricato, porque su decisión está protegida por la discrecionalidad reglada de esta decisión judicial. La Asamblea no es competente para definir en un juicio qué “medidas cautelares” son proporcionales para asegurar la protección del derecho afectado.
  2. Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes, el Tribunal Constitucional es “el intérprete supremo de la Constitución”, se presume la constitucionalidad de toda norma hasta tanto el mismo Tribunal Constitucional resuelva y declare su inconstitucionalidad. La Sentencia considera que los Autos Constitucionales firmados por la Magistrada Chánez, consuman este delito. Nuevamente existe carencia de argumentación porque incluso siguiendo su razonamiento esos AUTOS CONSTITUCIONALES (al igual que la Ley del Notariado) se presumen constitucionales hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional se pronuncie. La Sentencia Constitucional 1620/2014 de 19 de agosto de 2014, cuando levanta y deja sin efecto las medidas cautelares dispuestas por la Magistrada Chanez, y declara la vigencia de la Ley del Notariado, no argumenta, ni define que los Autos Constitucionales 106/2014-CA y el Auto Constitucional 72/2014-CA-ECA/S sean inconstitucionales.

A todos estos elementos hay que sumar la referencia que realiza la Sentencia al artículo 179ter del Código Penal, sin tener en cuenta los alcances de la Sentencia Constitucional No. 11/1999 de 18 de octubre de 1999.

Retomado las ideas expuestas, es importante que los Magistrados no sean IMPUNES, la sociedad tiene el derecho a revocar, procesar y juzgar a sus Magistrados por mal desempeño en su cargo. Ese derecho debe ser ejercido en los marcos de nuestra Constitución, la cual exige que se argumente, explique y FUNDAMENTE los motivos de la SENTENCIA. Creo personalmente que existen elementos que no se han considerado en el juicio y que ahora la nueva ASAMBLEA LEGISLATIVA deberá solucionar y resolver. Lo contrario significará que el Estado Boliviano sea enjuiciado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en algunos años (más de 8 con los plazos de este Sistema) deba reparar los derechos vulnerados a los Magistrados enjuiciados.

https://www.scribd.com/doc/254007829/Sentencia-No-1-2015-Caso-Magistrados-TCP

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