Justicia Legítima
Iván Lima M.
24/01/2015 - 10:42

Agenda de la nueva Ministra de Justicia

En los próximos meses el país retomará la discusión constitucional en relación a la administración de justicia. La elección de los Magistrados que conforman los “Altos Tribunales” del país, es uno de los elementos importantes a considerar, pero no el único. Pocos cambios requieren una reforma constitucional, la mayor parte de las reformas son legislativas e incluso reglamentarias. La principal se refiere a mejorar los niveles de coordinación institucional y que todos los jueces asuman el rol que les asigna la Constitución en la creación del derecho.

A nivel constitucional la discusión inicial se refiere al tiempo de duración del mandato de los Magistrados. Actualmente el periodo es de seis años; en general la mayor parte de los sistemas judiciales que garantizan a sus ciudadanos niveles altos de independencia judicial tienen periodos indefinidos: algunos vitalicios, otros hasta los 75 años y en nuestra región periodos de 10 años sujetos a revocación o ratificación luego de los primeros diez años de mandato. Se dice que mientras mas democrática es la sociedad los periodos son más prolongados, contrariamente los regímenes no democráticos tienen cortos periodos de tiempo de ejercicio para sus Magistrados.

La segunda discusión constitucional se refiere a la forma de elección de los Magistrados. Es un error pretender que la Asamblea Legislativa pueda ser remplazada por grupos Universitarios o Gremiales. Nada nos garantiza que esos grupos sean mejores, contrariamente la experiencia de elección por estos grupos ha representado retrocesos importantes para la independencia judicial. La elección por la Asamblea Legislativa, podría ser en parte originaria y en parte de ratificación de un trabajo de selección previo (sea por parte del Presidente del Estado o los Grupos Gremiales-Universitarios).

En cualquier caso, la GARANTÍA PRINCIPAL en la elección o ratificación por la Asamblea, requiere una mayoría calificada. En general se exige en todos los países ⅔ de Votos de la Asamblea. Esa mayoría usualmente garantiza que la sociedad sea representada de forma plural, los partidos políticos deben llegar a consensos y acuerdos. En nuestro país los ⅔ corresponden al MAS y por ello el Partido de Gobierno tiene una gran responsabilidad, ya que cualquiera que sea el proceso previo, finalmente estará en sus manos elegir a los nuevos Magistrados. Cambiar la Constitución para que la elección sea por unanimidad o por un porcentaje mayor a ⅔ no es una opción viable. Evitar el cuoteo político partidario, pasa por garantizar que al menos el 50% de los Magistrados tengan una experiencia como Jueces intachables al menos los 10 años anteriores a su elección. Cuando me preguntan si existen esos jueces, mi respuesta es SÍ. Los litigantes del país y la gente que acude a los Tribunales conoce a estos Jueces, pocos pero valiosos, jueces que nunca llegan tarde a su trabajo, que nunca fueron sancionados y cuyas Sentencias nunca son revocadas, tengo el honor de conocer a varios de ellos.

 Definido el periodo y la Mayoría con la que se seleccionará o ratificará a los Magistrados, pasamos a la discusión de la estructura del Órgano Judicial, la fusión o supresión de Tribunales y la existencia misma del Consejo de la Magistratura. Tema en el que los costos, la estadística y la gestión deben llevar a un modelo que nos garantice Tribunales independientes, con visión estratégica de la reforma y de un altísimo nivel de preparación y conocimiento del derecho. Solamente cuando logremos conformar este TRIBUNAL SUPREMO ÚNICO, será posible consolidar la carrera judicial, la evaluación de desempeño, la modernización de la gestión y la distribución del conflicto de forma estratégica. La creación de Juzgados de Paz, Justicia Vecinal, la manera de cobrar deudas, el expediente digital y otros temas de gestión solo podrán ser consolidados por nuevos Magistrados que entiendan que el conflicto y su solución no son tarea exclusiva de los Jueces. Siendo realistas se necesita Magistrados que entiendan que su rol no es repartirse pegas y cobrar sueldos a fin de mes.

La mayor parte de la  “Reforma a la Justicia” no requieren un cambio constitucional, existen temas urgentes que deberían representar un trabajo inmediato por los graves niveles de violencia y vulneración a los derechos humanos, los cuales no son exclusiva responsabilidad del Órgano  Judicial:

Situación de privados de libertad, tanto los condenados, como los detenidos preventivos.

En la región se tiene cifras altas de personas privadas de libertad: Brasil con 549.577 personas privadas de libertad o Colombia con 34.751 detenidos preventivos, nos muestran que el número boliviano aún es manejable. En nuestro país tenemos mas de 13.000 personas privadas de libertad, y casi el 84% de esa cifra no tiene sentencia ejecutoriada. Las condiciones de hacinamiento, los costos del sistema, la tortura y muerte de personas agravan la situación.

En este momento el Sistema Penitenciario en lugar de resocializar al delincuente, perfecciona y agrava su situación. No existe separación entre detenidos y condenados, están juntos traficantes que pertenecen a organizaciones criminales y jóvenes condenados por delitos menores. Esta situación podría solucionarse rápidamente si utilizamos alternativas a la detención preventiva, la más eficiente se da con el uso de “brazaletes y vigilancia electrónica”. La realidad en nuestro Sistema Penal, es que la detención preventiva ha remplazado a la Sentencia, una vez detenida una persona su juicio puede prolongarse por mas de 5 años y en ese tiempo los Jueces no le otorgan libertad provisional pese a que la ley lo ordena. De esta forma la detención preventiva se convierte en la mejor manera de extorsionar e incluso cobrar deudas. Un sistema eficiente de vigilancia electrónica, podría pagarse fácilmente con el dinero que gastamos para mantener la estructura carcelaria de nuestro país.

Ya con un número razonable de privados de libertad, se podría construir un sistema penitenciario que garantice que los ciudadanos no sean extorsionados desde la misma cárcel y así evitar que la cárcel sea una Universidad de la delincuencia. Nuestra Constitución, no asume que la pena sea un venganza para la víctima, la pena tiene como fin resocializar al condenado.

La situación de menores en Instituciones de acogida. Actualmente tenemos una competencia compartida entre los SEDEGES (Departamentales) y las Defensorías (Municipales). A esto habría que sumar las iniciativas particulares (Iglesia, SOS, etc). Las cifras de niños “institucionalizados” superaría las 15.000 personas. Estos niños tienen el derecho constitucional a una familia. El Órgano Judicial y las autoridades locales deben generar condiciones eficaces y rápidas para que puedan ser adoptados de la manera más rápida posible. Los niños tienen presupuestos de 4 Bs. diarios para su alimentación, condiciones infrahumanas de habitación y maltrato evidente. Es de público conocimiento la situación de niños como el Bebé Alexander y otros casos menos mediáticos en los que se ha visto desprendimiento de la oreja, daño físico grave y violaciones.

¿Quién defiende a estos niños?, ¿es normal que toleremos tal nivel de violencia?, ¿podemos reclamar algo cuando a los 18 años son expulsados de estos hogares? La situación es crítica con 15.000 niños Institucionalizados, el Órgano  Judicial logra la adopción de 150 niños por año. Esa situación es muy grave, los trámites en los que la Ley establece plazos de 60 días se prolongan por años y no se utiliza el derecho constitucional a una familia como el principio que oriente el trabajo de estas instituciones. El problema es de los Jueces, pero es agravado por los SEDEGES y las Defensorías Municipales, tema importante para consultar a los candidatos.

El tercer sector que no puede esperar un solo día más es el referido a la trata de personas con fines de explotación laboral o sexual. La crueldad de este crimen, la afectación a la vida y dignidad de estas personas constituyen un crimen de lesa humanidad. Cómo nos juzgarán las próximas generaciones, cuando la historia relate que no hicimos nada con los graves niveles de esclavitud que se generan desde nuestro país. Son los mismos bolivianos, que explotan a sus compatriotas en talleres textiles de Argentina o Brasil. Esta situación de crimen transnacional, requiere medidas de urgencia a nivel interestatal, el crimen organizado no conoce fronteras y los estados deben generar políticas internacionales a nivel MERCOSUR y Comunidad Andina que nos permitan parar estos niveles de crueldad que son espantosos.

En general el conflicto y la justicia no son tarea exclusiva del Órgano Judicial, ya es hora de que activemos el rol de la justicia de paz y la justicia vecinal. No todo conflicto podrá ser resuelto por los jueces. Contrariamente las sociedades que han logrado avances en el tema han delegado la solución del conflicto a niveles privados (con control estatal). No tiene sentido que el 60% del tiempo de nuestros Jueces Civiles sea destinado a cobrar deudas de los Bancos y prestamistas en forma gratuita. Es inconcebible que la mayor parte del tiempo de los Jueces sea destinado a trámites administrativos. Como muchos coincido en que el Fiscal General del Estado, es la única autoridad que se ha tomado en serio un cambio real en la política criminal y la persecución penal, quizás uno de los motivos es qué decide él solo. En cambio el resto de los Órganos Judiciales está conformado por SALAS PLENAS de muchos Magistrados que son semi Dioses que no han logrado entender que su trabajo y opinión están limitados por el derecho y la Constitución. Cuando los Magistrados creen que el derecho se construye por mayorías y minorías de voto circunstancial destruyen la independencia del Órgano Judicial y dañan al país.

Es urgente activar los recursos constitucionales y legales para exigir que las situaciones de injusticia y crueldad del sistema sean consideradas y coordinadas por todos los órganos del Estado involucrados en esta problemática. El rol de la nueva Ministra de Justicia Dra. Virginia Velasco es de coordinar y dirigir estas políticas estatales, comienza su gestión con la expectativa que genera su juventud, es importante apoyarla y contribuir desde todas las instituciones al trabajo que inicia. 

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