Justicia Legítima
Iván Lima M.
14/01/2015 - 21:31

Por qué propongo la supresión del Tribunal Agroambiental

En Sucre, hay una frase que se usa mucho entre los Magistrados: “lo mejor es pasar desapercibido”. En el caso del Tribunal Agroambiental, esta frase parece una regla de vida. La Constitución Política del Estado en su artículo 186 crea la Jurisdicción Agroambiental y la Ley 025 a tiempo de reglamentar esta función señala en su artículo 155: “Los aspectos no regulados en el presente Título, serán establecidos en Ley Especial de la Jurisdicción AgroambientalTranscurridos mas de cuatro años, dicha ley no ha sido promulgada, ni se realizó un esfuerzo constante por lograr su aprobación.

Existe responsabilidad compartida entre los Magistrados y la Asamblea Legislativa para que la ley no exista. Si analizamos la historia de la “justicia agraria” observaremos que el ex Consejo Nacional de la Reforma Agraria y luego el INRA provocaron graves niveles de inseguridad jurídica (caso Bolibras, Las Vizcacheras, la Isla del Guitarrero, etc).  Se pensó que la solución para el tema agrario pasaba por el saneamiento de las tierras, sin embargo luego de 18 años, el saneamiento ha creado mayor inseguridad y no tiene fecha prevista de conclusión. A ese oscuro panorama debemos sumar que la materia ambiental (chaqueos, contaminación hídrica y destrucción de la biodiversidad) al existir ambigüedad de la norma no es asumida por la Jurisdicción Penal.

En ese contexto, pienso y sostengo que el derecho penal debe ser el último recurso del poder y aplicarse en pocas materias. Una de las pocas materias es la “ambiental”. No podemos dejar el crimen ambiental en manos del Tribunal Agroambiental porque no es competente para encarcelar a los destructores de nuestro medio ambiente. El problema agrario y ambiental deben estar descentralizados, deben resolverse a nivel del municipio, máximo a nivel de las Gobernaciones y cuando esos niveles administrativos sean superados debe actuar la Jurisdicción penal, nunca la Agroambiental. Si alguien merece ir a la cárcel son aquellas personas que destruyen el medio ambiente por intereses económicos.

El conflicto en materia agroambiental debe estar cerca del ciudadano. La realidad muestra que los ciudadanos de este país no acuden al Tribunal Agroambiental; la cantidad de causas es mínima  y su presupuesto considerable, durante la gestión 2014 este Tribunal recibió la suma de 18.680.782 Bs. es decir 2,6 MILLONES DE DOLARES. Alrededor de 8 millones de dólares en lo que va de funcionamiento desde su creación el año 2012.

De acuerdo a sus mismos Informes en ese período de tiempo contabilizaron 1185 CAUSAS INGRESADAS por el periodo 2012-2014. Entre las causas se citan compulsas, excusas y otros trámites que no son propiamente juicios. Si tenemos presente que el Tribunal Agroambiental está conformado por 7 Magistrados, vemos que cada uno de ellos resolvió 169 casos en 3 años, o 5 casos por mes y que cada caso le cuesta al país casi 7.000 DOLARES NORTEAMERICANOS.

A esta pesada estructura se suman los 58 Jueces Agroambientales, que están distribuidos en todo el país. De acuerdo a su misma estadística, en el primer semestre del 2014 recibieron un total de 1.682 procesos, es decir que reciben un promedio de 5 casos por mes. Los 7 Jueces Agrarios del Beni, recibieron 46 casos es decir UN CASO POR MES. Esta justicia privilegiada en la que el Estado Plurinacional de Bolivia, gasta recursos en infraestructura, vehículos y personal de apoyo, no acepta que se le dé mas trabajo. Cuando se propuso que asuman funciones como Jueces Mixtos para apoyar a la Justicia Ordinaria, rechazaron la solicitud. Recuerdo que el Magistrado Bernardo Huarachi señaló que la Justicia Agroambiental tenia CERO MORA PROCESAL. Esa afirmación irónica e hipócrita muestra una realidad que pocos conocen, mientras las Salas Penales y los Jueces Cautelares deben tramitar miles de causas cada mes, existe toda una estructura Agroambiental que en 3 años juzgó una cantidad equivalente a la que se juzga en tres meses en los Tribunales Penales.

¿Debe existir la justicia Agroambiental? ¿es necesario que exista toda esa burocracia administrativa? ¿debemos sancionar administrativamente a los criminales que destruyen nuestro medio ambiente? Pienso que en este punto debemos asumir una reforma constitucional que permita la integración del Tribunal Agroambiental como una Sala del Tribunal Supremo de Justicia. Esta es parte de la solución. El paso fundamental para que exista seguridad jurídica en el ámbito de la tierra en nuestro país es la integración del catastro y el Registro de Derechos Reales. Hasta que no logremos que los Municipios asuman el registro de todo su territorio urbano y rural no lograremos que exista seguridad jurídica. Ningún Tribunal podrá hacer el trabajo del Ejecutivo Municipal. El tema de fondo en materia ambiental está constituido por identificar y perseguir a los criminales que dañan el medio ambiente una Política Criminal que permita perseguir la destrucción del río Pilcomayo, la contaminación de los lagos y la desaparición de nuestra biodiversidad. En este caso el discurso de nuestra Constitución para crear el Tribunal Agroambiental estuvo equivocado y es momento de rectificarlo.

No quiero terminar este artículo sin destacar el rol de las Magistradas del Tribunal Agroambiental en la inclusión de políticas de género y su esfuerzo permanente por preservar la independencia judicial. Pienso que otra seria la historia de este Tribunal si ellas hubieran recibido el apoyo del país en su constante lucha por transformar las estructuras patriarcales de su jurisdicción y el abuso al que fueron sometidas en su mismo Tribunal. 

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