Christian Rojas
13/01/2015 - 22:43

El Legislativo cierra un solo caso de privatización y no toca la ola privatizadora de Jaime Paz Zamora

Este martes, el pleno de la Asamblea Legislativa aprobó por 2/3 de voto el informe de Investigación sobre el Proceso de Privatización y Capitalización en Bolivia 1989 - 2000 que sugiere dos proposiciones acusatorias y un proyecto de resolución que culpa a 13 exautoridades por los delitos de contratos lesivos al Estado  y conducta antieconómica por los casos Fundapro y la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE). Sin embargo, no se pronunció sobre el proceso de privatización iniciado por Jaime Paz Zamora.

Foto de archivo

La Paz, 13 de enero (Oxígeno).- La comisión investigadora del proceso de privatización de la Asamblea Legislativa culminó su investigación presentando sólo resultados de dos casos investigados de 16 y dejó de lado el proceso de privatización de Jaime Paz Zamora 1989 - 1993. En suma, se pronunció sobre un caso emblemático, el relacionado con la transferencia de ENFE, pero no menció el inicio mismo del traspaso de las empresas estatales iniciado por el gobernante mirista a inicios de la década de los 90.

Este martes, el pleno de la Asamblea Legislativa aprobó por 2/3 de voto el informe de Investigación sobre el Proceso de Privatización y Capitalización en Bolivia 1989 - 2000 que sugiere dos proposiciones acusatorias y un proyecto de resolución que culpa a 13 exautoridades por los delitos de contratos lesivos al Estado  y conducta antieconómica por los casos Fundapro y la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE).

Entre las exautoridades acusadas se encuentran el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el exministro Sánchez Berzaín, el empresario Samuel Doria Medina, entre otros.

 el vicepresidente, Álvaro García Linera, explicó que al momento solo se toman en cuenta dos procesos de privatización, debido a que se hallaron la totalidad de pruebas en ambos casos, además anunció que los próximos senadores y diputados continuarán con la investigación.

"Uno diría por qué no hay más gente, simple, estas dos acusaciones tienen que ver con dos casos en los que se consiguió la totalidad de pruebas y por lo tanto, la próxima Asamblea, va a volver a conformar una nueva comisión especial para seguir enjuiciando a otros responsables de la privatización. Esto no acaba acá", enfatizó.

Caso Fundapro

La proposición acusatoria de la comisión legislativa de investigación establece que el 8 de octubre de 1992, el ministro de Planeamiento y Coordinación de entonces, Samuel Doria Medina, y su director de la Unidad de Coordinación del Proyecto Formación de Capitales en Áreas Secundarias (UCP-FOCAS), Arturo Caballero, otorgaron en préstamo de $us 21.061.277,70 al Fondo para la  Producción (Fundapro).

El documento destaca que esos recursos eran provenientes de la cartera del proyecto FOCAS y otros recursos para las unidades crediticias financieras, dependientes de las corporaciones regionales de desarrollo, ejecutaban mediante créditos otorgados a productores de poblaciones rurales y periurbanas.

 Este hecho, según la comisión, incurrió en los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos  al Estado e incumplimiento de deberes.

La lista de acusados es la siguiente:

  1. Gonzalo Sánchez de Lozada
  2. Carlos Sanchez Berzaín
  3. Samuel Doria Medina
  4. Reynaldo Peters
  5. Fernando Illanes
  6. Arturo Beltrán Caballero
  7. Flavio Escobar Llanos

Único caso de privatización 

Una segunda preposición acusatoria se refiere a la privatización de  ENFE- Red Andina. El documento indica que el 12 de marzo de 1996, la junta extraordinaria de accionistas con el respaldo del entonces presidente, Gonzalo Sanchez de Lozada, decidió otorgar ENFE-Red Andina a la empresa chilena Cruz Blanca por un monto de $us 13.251.000 cuando en realidad tenía un costo de 137.132.200 dólares.

Esta segunda proposición remitida a la Fiscalía incluye a las siguientes personas:

  1. Gonzalo Sánchez de Lozada
  2. Carlos Sánchez Berzaín
  3. Gonzalo Afcha
  4. Reynaldo Peters Arzabe
  5. Alfonso Revollo
  6. Jaime Villalobos Sanjinés
  7. Fernando Candia Castillo
  8. José Luis Landivar
  9. Rolando Suárez Montoya

El documento señala que los delitos cometidos por esas personas son la firma de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Según el presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera, este es el inicio para el juicio de responsabilidades a otros exministros  y exjefes de Estado que en un año de investigación por la comisión no fueron incluidos.

“Una vez que la Asamblea autorice un juicio de responsabilidades de  ex presidentes  y ex ministros inmediatamente la Fiscalía procede con el procedimiento ordinario”, indicó.

Informe de privatización no toca a Jaime Paz

El 24 de abril de 1992  el expresidente de la República de Bolivia, Jaime Paz Zamora, promulgó la Ley de Privatización  que autoriza a las instituciones, entidades y empresas del sector público la enajenación de bienes, valores, acciones y derechos de su propiedad y transferirlos a personas naturales y colectivas nacionales o extranjeras y de constituirla en sociedades anónimas mixtas.

El Vicepresidente del Estado explicó que ésta y otras autoridades serán tomadas en cuenta pero en la siguiente Legislatura 2015 – 2020 que comienza el 22 de enero. Justificó el retraso de la comisión a la falta de tiempo y pruebas que sustenten la denuncia ante la Fiscalía.

“Por qué no lo hizo la Comisión, por dos motivos: no hubo suficiente tiempo y falta recopilar  un conjunto de pruebas más minuciosas y específicas para llegar a un nivel de acusación personalizada”, manifestó García Linera.

El Gobierno de Paz Zamora privatizó la Fábrica de Aceites Comestibles "Rafael Deheza" (FAC)  en favor de la Empresa Granos del Oriente S.R.L., por la suma total de $us. 5.150.000. Autorizó la formación de la Compañía Boliviana de Perforación S.A.M. entre Y.P.F.B. y Pride International Inc. A estas se suma la venta del  Hotel La Paz (ex Sheraton) y el Hotel Crillón, que estaban en propiedad del Banco del Estado.

Reacciones 

Por su parte, uno de los acusados, el empresario y excandidato presidencial, Samuel Doria Medina, sostuvo que la acción de la comisión legislativa es política y un intento de eliminarlo de la actividad política.

“Me quieren acusar por Fundapro. Este caso es un problema de Bolivia y los EEUU y anunciaron que iban a enjuiciar a Tuto a Jaime Paz y desaparece Jaime paz, desaparece Tuto Quiroga y me ponen a mí y a muchos que se han ido del país. Entonces está claro que  me quieren amedrentar", dijo Samuel Doria Medina, en entrevista con el programa Que No Me Pierda de la Red Uno.

“Parece curioso que me acusen de cosas que hizo un Gobierno. Yo no era el Presidente, o sea, deberían acusar al presidente a los ministros”, acotó el exministro de Jaime Paz Zamora.

 Otros casos investigados 

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