Todo Estado usualmente cuenta en su presupuesto nacional con un capítulo referido a los “gastos reservados”, es decir aquellos fondos que se manejan discrecionalmente por el alto gobierno sin tener que rendir mayormente cuentas de su empleo.

Esos fondos generalmente son destinados a gastos urgentes, sin que pasen por los controles ordinarios, y casi siempre están destinados al pago de servicios de inteligencia militar y policial.

En los años 60 Bolivia detuvo a un general de su ejército al que acusó de entregar documentos confidenciales al gobierno chileno. El coronel Claudio San Román, jefe de la policía política, se había apoderado de documentos de la embajada chilena en La Paz para llegar a tal conclusión.

Nunca se supo quién fue el que le facilitó la operación por la que San Román pagó un buen dinero de los fondos reservados, Otras veces esos recursos fueron a manos de ilustres bolivianos muy necesitados de una discreta ayuda.

Lo usual, al término del año fiscal, según lo reveló el ex ministro de Hacienda, Augusto Cuadros Sánchez, era que él titular de la cartera y el Presidente, sin más testigos, revisaran esas erogaciones y destruyeran los recibos. Primaba la buena fe de los gobernantes.

Eso que era tradicional en la administración pública fue prostituyéndose con el paso del tiempo, sobre todo en los regímenes militares cuando los gobernantes apelaban a esos fondos para comprar conciencias, sobornar a dirigentes sindicales, premiar con sobresueldos a los favoritos de la hora.

El presidente René Barrientos Ortuño fue pródigo en el uso de los “fondos reservados”. Su sorpresiva muerte en un accidente de aviación evaporó cualquier atisbo de averiguación sobre los fondos que manejaba discrecionalmente especialmente entre los campesinos quechuas.

En la opinión pública fue creciendo un sentimiento de aversión al acceso de los gobernantes a esos “recursos” en los años que siguieron a la etapa de la “Revolución Nacional”.

Cuando Evo Morales accedió a la Presidencia hace casi ya 9 años su promesa fue que eliminaría la existencia de tales recursos. Escribí que era una promesa que no la cumpliría, porque sencillamente no era posible. El Estado siempre necesita de fondos de libre disponibilidad. Otra cosa era que se hicieran más amplios los controles.

Ni lo uno ni lo otro. Morales, como ningún otro presidente en la Historia de Bolivia, ha recibido cuantiosos recursos abierta y encubiertamente y hasta ahora nadie le ha pedido cuentas.

Apenas elegido, Hugo Chávez, le obsequió en cadena de radio y televisión $30 millones. Puso a su disposición helicópteros y aviones para sus desplazamientos y le regaló, además, $5 millones para el mejoramiento de los cuarteles militares.

Poco antes de la muerte de Chávez, Morales anunció que Bolivia ya no recibía donaciones de Venezuela (como las 60 ambulancias exhibidas en un estadio) y que se manejaba con recursos propios. Pueda que sea, aunque Morales sigue obsequiando fondos a alcaldías rurales.

Que yo sepa, nadie hasta ahora ha pedido a Morales que rinda cuentas de lo que ha hecho con los fondos gratuitos venezolanos (y de otros países), que no son otra cosa que los “gastos reservados” de gobierno. ¿Será que por esto se niega a debatir con sus opositores de cara a las elecciones del 12 de octubre?

(*) Hernán Maldonado, periodista ex UPI; EFE, dpa, CNN, El Nuevo Herald. Por 43 años corresponsal de la ANF de Bolivia.