Ser ambientalista o activista en los últimos años desde el conflicto por la defensa del área protegida del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), sumada a la resistencia por el decreto que permite la exploración de hidrocarburos en áreas protegidas; pasando por la reciente resistencia a la conservación del Parque Nacional Madidi frente al proyecto de la represa en El Bala, entre otros; hizo que el gobierno autoproclamado defensor de la madre tierra, ejerza mayor crítica y persecución a estos grupos de defensa de la ecológica y el medio ambiente, ¿paradójico no?

Lo cierto es que el inventario de ataques a estos grupos ha sido encaminado desde las más altas esferas de decisión política del país, el año 2012 el presidente Evo Morales declaró que el ambientalismo es el nuevo colonialismo, para el año 2015 amenazó expulsar del país a todas aquellas Organizaciones que se opongan a la exploración y explotación de los recursos naturales;  ese mismo año el Vicepresidente boliviano, reafirmó la posición denunciando que estos movimientos defienden un discurso ambientalista” de la potencia del Norte.

A esto sumamos la variada posición de los ministros y autoridades que en esa misma línea por ejemplo el titular de la cartera de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, en octubre del 2016, llegó a la conclusión que, si un indígena estudia y tiene una empresa, deja de ser indígena por defender su territorio; este año el asesor ambiental de la misma cartera denunció la “injerencia” de la Organización Caritas en el proyecto de exploración en la zona de Tariquía y los acusó de desinformar.

La lista de autoridades y acusaciones es diversa frente a cualquier posición que en juicio del gobierno vaya en contra de sus disposiciones de construcción de caminos, explotación de hidrocarburos, impulso a espectáculos deportivos, entrega de concesiones mineras, construcción de infraestructuras urbanas, ampliación de la frontera agrícola, cualquier principio de disonancia es motivo de fustigar a la conciencia de protección de la vida.

Lo cierto que gran parte del año pasado y este 2017 la situación en Bolivia ha generado la desaparición de importantes cuerpos de agua, ha dejado sin agua a la sede de gobierno, ha colocado a nuestra nación entre los 10 países con mayor pérdida de bosques según la Unidad de Estadística de la Organización de Naciones Unidas (UNSD), perdiendo una superficie mayor a toda la extensión territorial de Panamá.

La justificación total de esto es la generación de ingresos, el inmediatismo económico de un gobierno que no sabe generar recursos con el manejo del medio ambiente y de la biodiversidad del país y que en todo caso apuesta a una política agresiva contra las áreas naturales por energía, minería, hidrocarburos y agricultura.

Es tiempo de reactivarnos, para construir un modelo de ejemplo de cuidado y defensa de la naturaleza y la madre tierra desde el ejercicio ciudadano, sin embargo como nunca es más complejo que antes, pero al mismo tiempo como nunca es más urgente que cualquier periodo de nuestra historia, ya que en 10 años perdimos ambientalmente más que en 180 años de vida republicana.