Bingo Bahití
Redacción Oxígeno
03/02/2017 - 11:22

Viceministerio de Transparencia obtuvo tutela de caso Lotex 

Lotex, propietaria de Bingo Bahiti, habría incumplido cláusulas del contrato firmado con Lotería Nacional y ocasionando daños económicos al Estado por  $us 63.335.168.

Lotex es la empresa propietaria de la cadena Bingo Bahiti. Foto: Mira Bolivia

El Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción obtuvo la tutela del caso seguido por el Ministerio Público contra el representante de la Empresa Lotex S.R.L., José María Peñaranda Aramayo. La decisión fue tomada por la Juez Público Civil y Comercial 22 de la ciudad de La Paz, Carolina Terrazas. 

“La Autoridad Judicial dispuso la nulidad de dos Resoluciones Jerárquicas emitidas por la Fiscalía Departamental de La Paz, las mismas que ratificaban dos Resoluciones de Rechazo, que establecían la inexistencia de elementos para acreditar una imputación por el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, contra los investigados en el Proceso Penal, poniendo en riesgo los intereses del Estado, al vulnerar derechos y garantías consagradas en la Constitución Política del Estado”, señala un comunicado del Ministerio de Justicia y Transparencia. 

Lotex, empresa propietaria de Bingo Bahiti, habría incumplido las cláusulas del contrato firmado con Lotería Nacional de Bolivia (Lonabol) y habría omitido pagos del canon acordado, ocasionando daños económicos al Estado por  $us 63.335.168.

En febrero de 2010 se inició un proceso penal contra Peñaranda, por incumplimiento por parte de la empresa de la adjudicación sobre la comercialización y mercadeo de los juegos de lotería que habría suscrito con lotería nacional. Pero la Fiscalía de La  Paz,  emitió dos resoluciones jerárquicas que ratificaban el rechazo a la denuncia contra Peñaranda, y otras 3 personas  alegando que no existían elementos para acreditar una imputación.

En la audiencia de ayer estuvieron presentes el Viceministro de Transparencia y Lucha contra la TR Corrupción, Gonzalo Trigoso, el Director General de Lucha contra la Corrupción, Ricardo Céspedes y dos abogados de esta institución. Además representantes de la Procuraduría General del Estado que coordinan acciones con el Ministerio. 

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