Los derechos en serio
Iván Lima M.
10/01/2017 - 12:02

Interpretación Constitucional o Reforma Constitucional. 21F.

El Congreso del MAS realizado en diciembre de 2016, propuso cuatro caminos para la modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado. Dos de ellos son similares el que busca la reforma mediante la recolección de firmas del 20% del Padrón Electoral  y el que pide una nueva Ley aprobada por ⅔ de la Asamblea Legislativa. Los dos caminos terminan en un nuevo referendo como el del 21F.  La única diferencia esta en el origen de la solicitud en un caso son las firmas de los ciudadanos y en el otro la decisión política del MAS que cuenta con  ⅔ de votos de la Asamblea Legislativa.  Existen posturas que sostienen que un nuevo Referendo no es posible de repetir porque el 21F constituye un mandato vinculante a los mismos ciudadanos y a la Asamblea Legislativa. El argumento principal de esa posición esta en la cantidad de veces que un mismo tema puede ser llevado a referéndum y la imposibilidad de contrastar dos resultados vinculantes cuando entran en contradicción, porque en el caso de los referendos no existe revocación por el tiempo en que la población definio una posibilidad. Un referéndum es una fotografía de la voluntad popular en una fecha determinada; el 21F rechazo la reforma del articulo 168,  y no podría ser descartado por otro resultado pronunciado en una fecha posterior ya que ambos eventos tienen la misma magnitud vinculante.  Existe una limitación a la misma población que  no podría cambiar de idea y aceptar la reforma (BREXIT, Plebiscito por la Paz en Colombia, etc.). Esto es así porque si un nuevo referendo rechaza la reforma, podríamos acudir a un tercer referendo, uno cuarto y así sucesivamente.  No parece una opción remota que los opositores a la reforma del art. 168, logren reunir el 20% de votos del Padrón y pidan un tercer referendo. En este caso la pregunta legal sobre la cantidad de referendos se debe consultar al Tribunal Constitucional Plurinacional, que analiza la constitucionalidad del procedimiento. El limite de veces que un tema puede llevarse a Referendo, no es el mismo en todos los casos, se trata de una decisión judicial que podría variar dependiendo de las razones de la consulta.  Es decir que los hechos fácticos que sustentan la reforma deben haber variado sustancialmente entre una y otra consulta. Existen temas cuya ejecución impide un segundo referendo, porque la vinculatoriedad del primer referendo logra la ejecución de la decisión asumida. En definitiva un nuevo 21F requiere de un cambio significativo en las condiciones facticas que lo determinen y una Sentencia Constitucional que modifique el alcance de las Sentencias emitidas para dar vía libre al 21F.  Un nuevo “21F” en el que la propuesta del Presidente Evo Morales podría ser nuevamente rechazado representa un alto riesgo, sin embargo mostraría una gran vocación democrática y un valor político importante, entre todas las opciones parece ser la mas democrática. 

La tercera opción, fue desarrollada por el Procurador General, su argumento principal  sostiene que la renuncia al cargo de Presidente habilita la posibilidad para el Presidente Evo Morales de ser candidato el 2019.  Asume la teoría del precedente existente en los casos de Ovando, Barrientos, Paz Zamora e incluso la última habilitación del Presidente Evo Morales, que constituyen en su criterio un antecedente de la tradición jurídica constitucional boliviana. La teoría de los precedentes jurisprudenciales, no es aplicable a las decisiones que corresponden a la órbita del Poder Ejecutivo. Vg. la elección de un Presidente no puede basarse en antecedentes por que el Poder Ejecutivo se rige por los principios de alternancia y responsabilidad política principios que anulan esa posibilidad. En caso de que se utilizara la teoría de los precedentes por analogía existen razones que inviabilizan el argumento por tratarse de situaciones cuyos supuestos fácticos son diferentes. El caso de Barrientos al tratarse de una dictadura representa un antecedente de diferencia sustancial y en los demás casos tampoco es aplicable: (i)  en el caso de Jaime Paz Zamora el “periodo de mandato” fue acortado para el Presidente y el Vicepresidente, es decir que el precedente solo sería aplicable si se acorta el mandato que termina el 2019 para el binomio Evo-Alvaro. El caso sería complejo porque los sucesores constitucionales que son los Presidentes de las Cámaras Legislativas también deberían pactar la renuncia, entiendo que esa hipótesis no es la formulada.  La propuesta es que renuncie el Presidente Evo Morales y que complete el mandato hasta el 2019 el Vicepresidente Alvaro Garcia, en esa posibilidad ni siquiera el antecedente de acortamiento de mandato del Presidente Morales el 2009 es equivalente porque también en ese caso el periodo de ambos Presidente y Vicepresidente fue acortado. (ii) El segundo óbice esta en la definición de “mandato o periodo  constitucional” que fue establecido por el artículo 168 de la Constitución y desarrollado por la Ley 651, que sostiene en su texto: “proclámese Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, al ciudadano Dn. Juan Evo Morales Ayma, y Vicepresidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, al ciudadano Dn. Álvaro Marcelo García Linera, elegidos por mayoría absoluta de votos, con sesenta y uno punto treinta y seis por ciento (61.36%) en forma directa, en las Elecciones Generales del 12 de octubre de 2014, por un período Constitucional de cinco (5) años, según establece el Artículo 168 de la Constitución Política del Estado.” En consecuencia si un Presidente o Vicepresidente, renuncia al cargo antes de que se cumpla los 5 años de período constitucional, incumple una obligación constitucional para la cual fue elegido por el 61,36% de los ciudadanos que lo votaron  por un periodo de 5 años. El principio jurídico aplicable es que el propio incumplimiento no puede generar derechos entre ellos el derecho político a ser candidato. (iii) Una renuncia antes de cumplir el 50% del mandato representa menores objeciones que una renuncia realizada el último año, 6 meses antes de que la elección se realice. La pregunta final es si la propuesta de la renuncia habilitante podría ser realizada indefinidamente, no solo una vez sino para siempre. Esta pregunta es importante porque la respuesta representa un cambio de sistema político a un régimen sin limites a la reelección. No es posible sostener una respuesta variable de acuerdo a si es la primera, segunda o sexta reelección, porque si se puede renunciar y habilitarse una vez porque esta bien y es constitucional; ese procedimiento puede ser realizado, dos, tres o las veces que la vida de las personas lo admita.  Nuestra Constitución regula, que TODOS los funcionarios deben renunciar a su cargo tres meses antes de la elección, EXCEPTO el Presidente y el Vicepresidente, que pueden continuar en funciones hasta el mismo día de la elección. La excepción busca mantener la continuidad de la gestión y representa un reconocimiento a la necesidad de que la cabeza del Estado sea continua y que las políticas publicas no tengan una interrupción. Si aceptamos la teoría de la renuncia habilitante se estaría desconociendo ese principio y aplicando un interpretación contraria a norma expresa de la Constitución, que manda la continuidad en el cargo y no la renuncia habilitante. Esta opción tiene un costo político importante, porque no interviene el TCP y tampoco se discute vía referendo. 

La última opción presentada por el Congreso del MAS, se presento como “interpretación constitucional” por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional y se basa en el hecho de que existen normas inconstitucionales en la misma Constitución. En ese caso es el Tribunal Constitucional Plurinacional quien debe declarar la inconstitucionalidad de la norma que afecta a las bases fundamentales de la Constitución.  Esta posibilidad es admitida por la doctrina de manera uniforme y fue adoptada por la mayor parte de las Altas Cortes de países que se precian de ser republicanos, con profundos valores democráticos.  Cuando una norma de la Constitución señala por ejemplo que los Magistrados deben ser elegidos por voto popular para resguardar su independencia y la experiencia nos demuestra que la Elección Judicial, daña la existencia misma de la independencia y su valores principales, correspondería sin duda que esa elección popular sea expulsada de nuestra Constitución por afectar el derecho fundamental de los ciudadanos a tener Jueces Independientes.  En Nicaragua se interpreto que la prohibición a la re elección -norma constitucional- dañaba los principios de igualdad y no discriminación, en aplicación de ese principio la Corte Suprema de ese país declaro inconstitucional la prohibición equivalente a nuestro artículo 168 Constitucional. La interpretación del Tribunal Constitucional Plurinacional, no requiere de referéndum, pero si necesita de un TCP creíble con Magistrados de probada independencia, que asuman que las decisiones jurídico constitucionales deben ser asumidas por razones de Estado y  asegurando la paz social.  Las decisiones a ser asumidas por el TCP en la construcción de la democracia deberían asegurar estabilidad y ayudar a que el sistema político tenga igualdad de armas y la posibilidad de desarrollo democrático en temas fundamentales como la pauta publicitaria como límite de la libertad de expresión, la duración razonable del proceso incluso en los juicios políticos, la necesidad o el carácter superfluo de aprobar por voto popular las Cartas Orgánicas Municipales, entre otros temas fundamentales que la justicia constitucional debe equilibrar, modular y decidir de manera que la sociedad este resguardada del debate radical entre sectores políticos. La confrontación entre posiciones encontradas, requiere de soluciones en equidad y justicia, muchas veces las decisiones absolutas a favor de un solo sector solo llevan a los enfrentamientos fratricidas.  La Justicia tiene el rol fundamental de definir los conflictos y lograr que la Constitución sea viva, sin olvidar que su rol de interprete no es un rol de Asamblea Constituyente; existe materia que esta vedada al control de constitucionalidad, por ejemplo no podría declarar la constitucionalidad de la cadena perpetua. La prudencia y la auto limitación de sus funciones en la interpretación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado, son factores que debe analizar y decidir el Tribunal Constitucional Plurinacional si llega a presentarse una Acción Abstracta de Inconstitucionalidad. 

La propuesta del Procurador, no requiere intervención del TCP ni Referéndum, únicamente necesita de la decisión política del Presidente Evo Morales, de renunciar al cargo y presentarse como candidato el 2019. En ese camino la palabra final la tiene el Presidente, la posibilidad de evadir al Tribunal y al pueblo en un referendo es una decisión, en la que solo el Presidente Evo Morales asumiría el costo político de la decisión.  En cambio en las otras opciones el responsable es el Tribunal Constitucional Plurinacional, que debería estar consciente de que sus decisiones sobre este tema y otros les significaran un costo político y personal importante para sus miembros y el mismo Tribunal Constitucional Plurinacional, al cual le queda menos de un año en funciones; en ese escenario es posible que todos estos caminos sean considerados por un nuevo Tribunal Constitucional Plurinacional a ser elegido en octubre de este año. 

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