Los derechos en serio
Iván Lima M.
05/11/2016 - 14:10

¿ LA PRESCRIPCION O LA IMPUNIDAD EN BOLIVIA ? 

El caso de Samuel Doria Medina, se inició el 13 de enero de 2015, con una proposición acusatoria de Tres Diputados del MAS Marcelo Elio, Tania Melgar y Emeliana Aiza.  El Fiscal General,  presento el caso al Tribunal Supremo, el 4 de marzo de 2015.  El Tribunal Supremo, remitió el caso a la Asamblea Legislativa el 20 de marzo de 2015.  Finalmente la Asamblea Legislativa por dos tercios de votos autorizo el enjuiciamiento el sábado 16 de enero a las 00:35 a.m. El argumento que han expuesto entre otros el mismo imputado, los ex Presidentes Mesa, Quiroga e incluso el Senador Masista  Rene Joaquino, es que el caso esta prescrito porque los hechos que se juzgaría ocurrieron el año 1992, hace 24 años.  Este tema es muy importante porque en Bolivia para los ciudadanos comunes los delitos prescriben en el plazo máximo de 8 años después de cometidos y no se puede confundir ese derecho con la impunidad de los políticos. 

A partir del año 2009, la nueva Constitución Política del Estado, destierra la impunidad de quienes nos gobiernen desde ese día (gracias a la nueva Constitución) nunca mas los corruptos se ampararan en la prescripción de sus crímenes. La Asamblea Constituyente, señalo que para los casos de corrupción anteriores al año 2009 regia la retroactividad del principio de imprescriptibilidad y por tanto ningún caso de corrupción podría dejar de ser investigado por que estuviera prescrito. Esa novedad jurídica tiene matices entre ellas la señalada por la SC 770/2012 a la que ahora se hace referencia. Sin embargo en el Caso FOCAS la situación no se refiere a la aplicación de esa Sentencia o de la Constitución.

Sostengo que al analizar el caso FOCAS, es necesario que consideremos los siguientes aspectos para no distorsionar el debate público sobre este tema: 

  1. En primer lugar el mes de mayo de 2016, la Sala Penal del Tribunal Supremo de justicia, escucho los argumentos de los ciudadanos imputados y rechazo su solicitud de prescripción.  Los imputados apelaron la decisión ante la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, instancia que confirmo el rechazo a la prescripción. Los argumentos y fundamentación de estos Magistrados desde mi punto de vista son formales, incluso pareciera que fueron redactados para que una futura acción de Amparo Constitucional -que no se ha presentado aún- revoque las decisiones asumidas. Son Autos Supremos débiles por mala fundamentación y debilidad lógica en sus argumentos, sin embargo por el momento cierran el debate sobre este tema en lo procesal. Por eso todo nuestro debate esta por el momento en el ámbito del deber ser.  
  2. Cuando ocurrieron los hechos el año 1992 en nuestro país estaba vigente la Constitución Política de 1967, la cual establecía que los Ministros de Estado debían ser juzgados bajo un juicio de responsabilidades y en ese tiempo regia las leyes de 31 de octubre de 1884 y 23 de octubre de 1944, las cuales establecían que el juzgamiento lo realizaba el Congreso.  El tiempo avanzo y a los pocos años aprobamos la Reforma a la Constitución el año 1995 y como consecuencia nuevas leyes procesales, el nuevo Código de Procedimiento Penal Nº 1970 y las Leyes Especiales  2411 y 2445.  
  3. Al 25 de marzo de 1999 que se aprueba la ley 1970, han transcurrido 7 años de una posible prescripción, esa norma establece en su artículo 31 inciso 3) que se suspende la prescripción durante la tramitación de cualquier forma de antejuicio, es decir de la tramitación congresal de la autorización. 

En este punto se bifurcan las dos posibles interpretaciones de la prescripción de los delitos anteriores al 7 de febrero del año 2009 que es la fecha de vigencia de la nueva Constitución:  

  1. La primera sostiene que es necesario el inicio del antejuicio formalmente es decir que hace falta que algún ciudadano presente una proposición acusatoria. Una vez presentada, el tiempo queda suspendido. Esta posición señala que pasados 8 años de la comisión de un delito se extingue la posibilidad de investigarlo y juzgarlo, de esta forma si Samuel hubiera cometido un delito el año 1992 el año 2000 el delito habría prescrito para equilibrar los ejemplos si algún funcionario del MAS hubiera cometido un delito entre el 2006 y el 2009, los mismos prescribirían entre el 2014 y 2016. Los mágicos ocho años significarían la dorada impunidad de cualquier crimen. La única posibilidad de suspender estos plazos estaría en que algún ciudadano presente una proposición acusatoria.  La cual si pensamos desde la realidad, muy probablemente terminaría en un sobreseimiento o una declaración de inocencia porque el Poder del investigado esta aún vigente y las condiciones para juzgarlo no garantizan un juicio imparcial.  Bajo esta posición la Acusación contra Samuel Doria Medina presentada el año 2015, fue presentada al menos 5 años después de que el delito había prescrito. 
  2. La segunda posición sostiene que en el caso de los ex Presidentes, ex Vicepresidentes y ex Ministros de Estado, el artículo 31 inciso 3) debe ser interpretado en sentido de que el plazo de la prescripción esta suspendido hasta que concluya el antejuicio y que los ciudadanos no tienen plazo para presentar la Acusación e iniciar el Antejuicio.  Esta interpretación encuentra aproximación en el artículo 4 de la Ley 2445, que señala que el plazo de prescripción se computa desde que ha fenecido la función pública. Nuevamente se nos abre dos interpretaciones: (i) la inicial diría que cuando el imputado deja de recibir un sueldo del Estado se inicia el plazo de prescripción; (ii) la segunda nos dice que la “función pública” es una categoría mas amplia que la de trabajar para el Estado, bajo esta perspectiva ser el Jefe de la Oposición, ser el operador político mas importante -recuerdo a Oscar Eid- y en general ejercer poder sobre una bancada determinan que se sigue en función pública.  El sentido de la norma busca evitar que el político haga mal uso de su poder porque lograr ⅔  de votos del Congreso es el factor de garantía y no el transcurso del tiempo.  Es por eso que para esta segunda posición el tiempo es un factor secundario, lo importante es analizar si el político juzgado, ejerció función pública si ejerció un poder suficiente para evitar que la Asamblea Legislativa lo juzgara. 

Bajo los argumentos expuestos surge la pregunta sobre la responsabilidad por que un caso prescriba. ¿quién es responsable cuando un delito prescribe?  Los ciudadanos que no presentaron la Acusación antes del año 2000,  el sistema político que no fue capaz de crear consensos de ⅔ de votos en la Asamblea. Recordemos que ni siquiera la poderosa bancada del MAS logro  los ⅔ durante su primera gestión del 2006 al 2010. La responsabilidad de los Asambleístas y líderes del MAS a partir del 2010 al 2015, es ejercida en su último mes de trabajo, días antes de irse presentaron la Acusación en este y otros casos. 

La garantía del tiempo es absoluta para el ciudadano común, porque no tiene antejuicio, para todos los ciudadanos el tiempo es una garantía fundamental. Pero para los políticos que tienen Antejuicio, la garantía la constituye el “juicio de responsabilidades” la necesidad de reunir ⅔ de votos para procesarlos.  La interpretación de la ley debe ser justa, coherente y lógica, por eso en el caso de los políticos que ejercieron como Vicepresidentes, Presidentes o Ministros de Estado, el tiempo recibe un tratamiento diferente.  No es lógico que los ciudadanos presenten juicios contra un régimen que tiene el poder de evitar ser enjuiciado solo para evitar que el tiempo genere impunidad.  Es un derecho de la sociedad que la impunidad no sea un valor protegido por el tiempo, no es lógico buscar juzgar a un poderoso cuando esta en la cúspide de su poder parlamentario por ese motivo el tiempo de prescripción no es aplicable ni a este ni a ningún caso en el que se juzgue a ex Ministros o ex Presidentes.

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