Los derechos en serio
Iván Lima M.
10/10/2016 - 15:38

INDULTO Y CRISIS DE LA JUSTICIA

De acuerdo al artículo 172 de nuestra Constitución, la atribución 14 del Presidente Evo es Decretar amnistía o indulto, con la aprobación de la Asamblea Legislativa. Esta atribución fue ejercida el 19 de diciembre de 2012 (DP 1445), el 18 de septiembre de de 2013 (DP 1723), 1 de octubre de 2014 (DP 2131) y 1 de julio de 2015 (DP 2437), las cifras oficiales a Octubre de 2015, señalaban que 3955 personas se beneficiaron con la medida recuperando su libertad. En todos los Decretos Presidenciales se explico que la medida era humanitaria considerando el hacinamiento carcelario y la exagerada demora de la justicia en el país.  Se explico entre los argumentos que la medida beneficiaba a los ancianos mayores de 60 años y que serviría para evitar la contaminación criminal de personas jóvenes de entre 16 y 22 años; también se beneficio a mujeres embarazadas y a personas con enfermedades terminales.  Al ejercer esta atribución constitucional el Presidente Evo, reconoce la profunda crisis del sistema penal porque estas medidas se dan frente a un sistema ineficiente y desbordado por la gran cantidad de causas. La decisión política es positiva porque frente a un problema que afecta la dignidad del ser humano enfrentada al derecho de las víctimas a castigar el delito, se le da mayor valor al sufrimiento de la persona privada de libertad.

El Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Justicia, estaban encargados de dar cumplimiento a esta medida “excepcional” y extrema asumida con valor y que no reporta réditos políticos. Contrariamente, en los Estados donde existe oposición política este tipo de medidas son criticadas, porque se sostiene que mientras la Policía combate el crimen, con el indulto se libera a 3955 personas que estaban privadas de libertad.  La lógica nos diría que si estaban detenidas preventivamente era porque había violado la ley de manera grave en un grado extremo que llevo a encarcelarlos. Sin embargo en el país la crisis judicial es tan grave que los grandes peces gordos del narcotráfico nunca  están detenidos, contrariamente los encarcelados eran los pobres que no tuvieron un abogado eficiente y los recursos para ser liberados. El Presidente Evo, dicto una medida de un alto costo político desde el año 2012, solo para reparar los graves errores de la justicia. Pero este tipo de medidas no pueden ser la regla, son excepcionales, extraordinarias y asumidas de manera particular en cada caso concreto.

El 13 de junio del año 2000 se promulgo la Ley de Concesión de Jubileo y junto a los compañeros del CEJIP (Centro de Estudios de Justicia y Participación) trabajamos para acelerar el proceso de elaboración de listados y liberación de personas. Como Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, acelere los sorteos de causas, sostuve graves conflictos con mis colegas e incluso presente denuncias en contra de ellos por la delegación de funciones y la extrema demora en el trabajo de la Justicia. Es angustiante ver como los expedientes se acumulan en los anaqueles de Sucre y se tiene como respuesta cerrar la Sala Penal Liquidadora y continuar con la delegación de funciones a “abogados asistentes” que no tienen la visión y el poder para realizar reformas estructurales que controlen la demora judicial y garanticen el derecho de las víctimas a la justicia. Cada día la situación empeora, la Cumbre de Justicia otorgo 120 días para que se realice la evaluación del desempeño de los jueces y se reglamente la manera de elegir a Magistrados, mañana 10 de octubre de 2016 se cumple el plazo y la Ministra de Justicia no ha presentado al país el plan de implementación de la Cumbre. Si un ciudadano que es abogado y esta libre no puede defenderse de la extorsión de la justicia, si los Jueces de AMABOL no pueden defenderse de los abusos del Concejo de la Magistratura y si estos Consejeros no pueden lograr que la Asamblea Legislativa respete su derecho al principio de inocencia, nos encontramos en un estado de anomia, abuso y arbitrariedad extremos. Esa situación que he descrito cuando estas privado de la libertad y ademas eres inocente es una afrenta al derecho y la justicia y esta prohibido por la Constitución y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El Defensor de Pueblo presenta la solicitud de indulto, porque trabajo con estas personas y las garantizo siempre con su libertad y patrimonio, por eso lo entiendo en su propuesta y comprendo su buena intención.

Sin embargo esta vez no estoy de acuerdo con el Indulto, porque ya hemos superado los 15.000 privados de libertad, porque la Asamblea Legislativa que critica tanto al sistema penal, sigue emitiendo leyes penales y dando responsabilidad a un sistema colapsado.  Los 65 Jueces Cautelares de las ciudades capitales llevan el control jurisdiccional de 360.593 casos; los 39 Tribunales de Sentencia emiten cada año un promedio de 1.000 Sentencias.  La diferencia de los casos que ingresan al sistema de justicia penal y los que concluyen es abismal. A estas cifras sumamos el dato referido a que el 78% de los detenidos no tienen sentencia condenatoria sus expedientes están en las etapas iniciales del proceso.  Lamentablemente y como reconoció el Ministro de Gobierno, el indulto beneficio a secuestradores y puedo afirmar que estafadores y sujetos con graves casos de violencia familiar fueron indultados.  La medida de urgencia fue aprovechada para que narcotraficantes busquen condenas express e inmediatamente busquen el indulto. Estos hechos fueron la excepción sin embargo existieron  y pueden existir en este nuevo indulto porque el sistema no es inmune a la corrupción y el fraude.

El responsable de esta situación son los Magistrados y Consejeros que hacen cabeza del Organo Judicial, porque han permitido que un Juez Cautelar de Pando controle 67 casos y el mismo Juez Cautelar en Santa Cruz controle mas de 5.000 casos.  Porque no han garantizado el derecho Convencional de todo  ciudadano a no sufrir una pena cruel, inhumana o degradante en ese sentido la Jurisprudencia es muy clara sobre sus obligaciones en los casos Caesar v. Trinidad y Tobago y especialmente en el caso Fermín Ramirez v. Guatemala.  Pero también han vulnerado el derecho las víctimas al acceso a la justicia, a la verdad y la reparación, la Jurisprudencia a partir del Caso Barrios Altos, ha sido sostenida, precisada y mantenida por la Corte Interamericana, en sentido de que el Organo Judicial es el responsable de la negativa de la justicia estructural.  En definitiva el indulto le priva a las víctimas de la justicia y a la sociedad la condena a vivir en una ficción, una farsa que encubre la profunda crisis de la justicia. Ya es tiempo de que los Magistrados reconozcan la responsabilidad de su omisión, la incapacidad en dar respuestas y que renuncien a sus cargos, si bien el próximo año se cumple su mandato y se tendrá que elegir nuevas autoridades, el 2017 es critico para la justicia penal y requerimos de una dirección estratégica, que conozca el derecho y no tolere la injusticia en ningún caso.

Un camino lógico a la crisis esta en limitar la detención preventiva a casos graves, construir un sistema de penas alternativas a la cárcel, implementar las manillas con GPS, construir jurisprudencia que respete el plazo razonable y especialmente proteger a los jueces darles la certidumbre que su Tribunal Supremo los defenderá ante los otros poderes fácticos, mediáticos y políticos cuando ellos actúen correctamente.  Resulta esencial revisar como sociedad que tipo de justicia queremos y asumir con responsabilidad la reforma del sistema de justicia cada día que pasa los presos injustamente retenidos claman contra nuestra indiferencia. 

ARTICULO ORIGINALMENTE PUBLICADO EN LA RAZON SUPLEMENTO ANIMAL POLITICO EL DOMINGO 9 DE OCTUBRE DE 2016. 

LA SECCION CARA Y SELLO. INCLUYE LA PRESENTE OPINION Y LA DEL DEFENSOR PUEBLO. 

 

 

 

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