La Fiscalía Departamental de Santa Cruz informó que el exdirector de Régimen Interior y Policía, Boris Martín Villegas Rocabado, fue sentenciado este miércoles a dos años con siete meses de privación de libertad por el delito de Organización Criminal.

En el caso están implicados Fernando Ribera Tardío y Denis Rodas Limachi que trabajaban como representantes legales del Ministerio de Gobierno; además de Jeanette Guisela Velarde Luna, Roberto Achá Arandia, Edwar Omar Mollinedo Pinedo e Isabelino Gómez Cervero y Mario Ariel Rocha López.

Según el Fiscal Departamental, Gomer Padilla Jaro: “En audiencia de procedimiento abreviado realizada en el Tribunal Séptimo de Sentencia en lo Penal, en presencia de su abogado el imputado de manera libre y voluntaria reconoció ser autor y culpable del ilícito y deberá cumplir su pena en la cárcel de Palmasola”.

Jaro explicó que los detenidos mantenían nexos entre ellos para impedir que el ciudadano norteamericano Jacob Ostreicher recupere su libertad y así evitar que reclame por el arroz que se llevaron de manera ilegal de sus ingenios; paralelamente Fernando Ribera (sentenciado) y Denis Rodas (sentenciado) solicitaron dinero a los abogados de Ostreicher para permitirle salir de la cárcel.

La fiscalía habría establecido que estaban vinculados y organizados para la comisión de hechos delictivos que cometían desde las funciones específicas que cada uno cumplía, es decir como Director de Régimen Interior, apoderados del Ministerio de Gobierno, Directora de Dircabi, Inspectores de Dircabi, el entonces Fiscal Departamental de Santa Cruz y Fiscal de Materia, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia y Director de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia.

El empresario estadounidense fue detenido preventivamente en la cárcel de Santa Cruz acusado de lavado de dinero del narcotráfico, pero la Fiscalía no formuló cargos penales en su contra. Denunció haber sido víctima de una red de extorsionadores integrada por funcionarios de dos ministerios y con nexos en los tribunales y el Ministerio Público. Además, denunció que otros funcionarios del Gobierno vendieron ilegalmente 18 toneladas de arroz que la justicia le incautó temporalmente.