Los derechos en serio
Iván Lima M.
15/09/2016 - 10:55

¿Culpables?

El Sistema Judicial boliviano destina la mayor parte de su tiempo y recursos en la aplicación del Código Civil Banzer, esta norma legal fue aprobada mediante Decreto Ley 12760 de 6 de marzo de 1975 y aún sigue vigente.  El Tribunal Constitucional, mediante la SC 0024/2004 de 16 de marzo de 2004, declaro inconstitucional al Código Civil Banzer y exhorto a la Asamblea Legislativa a aprobar la norma mediante Ley del Congreso, otorgándole un plazo de 5 años que venció el año 2009. Tres años después el 8 de noviembre de 2012, el  Tribunal Constitucional Plurinacional emite la SCP 2139/2012, en la que deciden declarar la constitucionalidad del artículo 564 del Código Civil y exhortar al Órgano Legislativo para que en el plazo de 5 años subsane los vicios de origen del Código Civil Banzer.  La fecha se cumple el 8 de noviembre de 2017, queda un año y dos meses para que nuevamente quedemos sin Código Civil.

El país vive un estado de Anomia en el que podemos vivir tres años sin Código Civil, estar cerca de no tener dicha norma y sin embargo continuar aplicando ese texto en contratos, juicios y arbitrajes. ¿cómo llegamos a este estado de situación?

La  nueva Constitución  Política del Estado  determino un plan de acción y asignó al Consejo de la Magistratura la atribución de transformar la justicia en el país:

1. La disposición transitoria segunda de la Constitución fijo un plazo de 180 días para aprobar la Ley del Órgano Judicial, la cual fue promulgada el 24 de junio de 2010.

2. La Ley 025 del Órgano Judicial, establece en su disposición transitoria tercera: “Se establece un proceso de transición de dos (2) años para que los distintos códigos que rigen la administración de justicia sean modificados para adecuarse a esta Ley y sean aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional.”  En teoría para el 24 de junio de 2012, tendríamos el Plan diseñado por la Constitución ya consolidado, tendríamos  a las nuevas autoridades electas por voto popular y tendríamos aprobados todos los Códigos Morales.

3. La Ley 025 establece una serie de facultades esenciales para transformar la justicia, otorga al Consejo de la Magistratura, el poder más amplio que la democracia otorgo a la menor cantidad de personas. Tres Concejeros pueden designar, destituir, evaluar y suprimir Juzgados, pueden designar a todo el personal Administrativo, administrar la carrera judicial, modificar el mapa de justicia y ejercer un cambio integral en todos los modelos de gestión.

El Concejo de la Magistratura y luego algunos Magistrados del Tribunal Constitucional asumieron que el carácter transitorio de la reforma judicial es indefinido. Basaron su hipótesis en que la vigencia plena de la Ley 025, solo se daría cuando se aprobarán todos los Códigos Morales. Esta afirmación es una falacia porque no existe argumento jurídico que determine la obligación de la Asamblea Legislativa de reformar todos los Códigos Procesales, incluso mi ejemplo inicial sobre el Código Civil desbarata esa posibilidad porque no se puede pretender que la reforma del Código Civil se amplíe por 5 años dos veces y que este hecho suspenda la vigencia plena de la Ley 025. Existe un mandato temporal definido con fecha exacta al 24 de junio de 2012, la Asamblea debía adecuar hasta esa fecha los Códigos a la nueva Constitución. Una vez cumplido el plazo no se agota la  facultad constitucional de modificar o emitir leyes, el plazo de 2 años únicamente determina la vigencia plena de la Ley 025.

Este dato es muy importante porque la Disposición Transitoria sexta de la Constitución otorga al Concejo de la Magistratura la obligación de revisar el escalafón judicial en el plazo máximo de un año después de la vigencia plena de la Ley 025, es decir hasta el 24 de junio de 2013. Hasta esa fecha el Concejo de la Magistratura debió haber concluido la evaluación del desempeño de todos los jueces del país, revisado el Escalafón Judicial y por consiguiente establecido la carrera judicial en el país.

¿Por qué es importante la carrera judicial? ¿Por qué se niegan a evaluar el desempeño?

Pese a que la Cumbre de Justicia ordenó con carácter obligatorio que se evalúe a los jueces del país en 120 días, el Consejo de la Magistratura ha desobedecido ese mandato. La carrera es importante por muchos motivos, si el país conociera cuál es el juez más eficiente, el nombre del juez que atiene más casos, al que nunca le revocaron una sentencia seguramente podría contar con elementos objetivos para luego elegir a sus Magistrados y Concejeros. En toda organización es posible medir quienes son mejores trabajadores, y quienes dañan y destruyen su credibilidad. Se imaginan que en cualquier empresa los mejores trabajadores sean castigados sin acceso a papel, impresoras o capacitación y que los peores sean premiados con una escasa carga de trabajo, con cursos de capacitación y licencias especiales. Eso es lo que ocurre en la justicia porque no se tiene una escalafón de los jueces y Vocales.

Entre los jueces del país existe un grupo, cada vez más reducido, de personas con vocación de servicio, con una honestidad intachable y un esfuerzo admirable. Al ser transitorios se encuentran con una incertidumbre permanente, sin posibilidades de planificar su futuro y criticados en forma permanente. Esto no es correcto, estamos conscientes que en los últimos años el Concejo de la Magistratura ha designado jueces cuya conducta y trabajo merecen todas las críticas emitidas, pero generalizar la crítica a todos los jueces es un exceso.

En definitiva en las próximas semanas la Asamblea Legislativa, no sólo debe evaluar las acusaciones de los particulares que han denunciado a los Consejeros, también debe analizar las causas de su responsabilidad institucional en la crisis de la justicia, su rol en el estado actual en el que nos encontramos y su flagrante desobediencia al mandato de la Cumbre de Justicia. 

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