Los derechos en serio
Iván Lima M.
08/09/2016 - 07:43

¿ ES NULA LA CONVOCATORIA 122/2016 PARA DESIGNAR VOCALES ?

El Consejo de la Magistratura mediante Acuerdo de Sala Plena No. 122/2016, convocó a un proceso de selección y designación de Vocales de los Tribunales Departamentales de Justicia, solo se elegirá a quienes cubrirán vocalías acéfalas (sin un titular del cargo)  y cargos de Vocales creados por la Ley 025 de junio de 2010.  El Concejo de la Magistratura, por su particular interpretación de la norma, paralizó la selección de los nuevos vocales, por cinco años, y ahora a raíz de la SC  499/2016 retoman el ejercicio de sus funciones. Su argumento principal para no designar Vocales se refería  a la vigencia temporal normativa, los Consejeros sostuvieron que la Ley 025 y la carrera judicial no estaban vigentes porque no se había aprobado todos los Códigos Morales. Curiosamente el Acuerdo publicado en su página web, solo lleva la firma de los Concejeros Freddy Sanabria, Wilma Mamani y Wilber Choque; no consta si los Consejeros Roger  Triveño y Cristina Mamani participaron y tampoco consta su disidencia. 

La Convocatoria 122/2016, es nula porque otorga y comparte competencias  constitucionales que son privativas y exclusivas del Consejo de la Magistratura. La distribución constitucional de competencias, permite la coordinación interinstitucional y procesos de construcción colectiva de decisiones gubernamentales, sin embargo este no es el caso. La Constitución Política del Estado, ha divido las competencias en el proceso de selección de los Vocales, en dos etapas, inicialmente el Consejo de la Magistratura realiza todo el proceso de pre selección y elabora ternas de candidatos que presenta a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. En la segunda fase una mayoría calificada de Magistrados elige de cada terna a los Vocales de Tribunal Departamental. Lamentablemente el artículo 7 del Acuerdo 122/2016, crea una "Comisión de Pre Selección y Selección de Vocales" instancia que está conformada por los representantes de la Sala Plena del Consejo de la Magistratura y la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Demás está decir que el término representante define a un mandatario que transmite y ejerce el cargo en nombre de  las Salas Plenas. En todo caso cualquiera de las dos interpretaciones, muestra la nulidad por inconstitucionalidad de la Comisión, si es que representan a las Salas Plenas del Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo existe una concentración inconstitucional de la primera fase de la elaboración de ternas; si son terceros independientes la situación es más grave aún porque existe delegación de funciones ya que la referida Comisión elabora los exámenes, los califica y conoce de impugnaciones al proceso de elaboración de las ternas de Vocales. Además de ese aspecto de fondo, debe tenerse presente que en lo formal la Constitución nos habla de ternas y el mentado Acuerdo 122/2016 nos habla de listas ordenadas en puntuación. 

El Acuerdo 122/2016, en su artículo 14 numeral 4, equipara la libreta de servicio militar con el certificado de exención militar. Esta decisión no cuenta con base legal puesto que la Ley del Servicio Nacional de Defensa fue expulsada de nuestro ordenamiento jurídico por ser inconstitucional. (Ver cf. http://oxigeno.bo:81/node/17077 ).

El artículo 15  inciso d) del Acuerdo 122/2016,  señala que los Vocales en funciones deben renunciar al cargo para poder postular, esta disposición es contraria a la Ley 025 y la Ley 211 que garantizan a los Vocales en funciones el derecho de postular y presentarse a concursar por cargos en los que actualmente cumplen funciones.

Finalmente el artículo 39 del Acuerdo de Sala Plena del Consejo de la Magistratura, es al menos inaplicable, porque regula la manera, los plazos y la forma en la que el Presidente y la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia deben elegir a los Vocales, señalando incluso el plazo para firmar el título de los futuros vocales. El Consejo de la Magistratura, no cuenta con atribuciones legales que le autoricen a regular el trabajo de otro órgano constitucional. 

El origen de esta situación, está en la renunciada independencia judicial. Desde que en nuestro país funciona la Comisión de Implementación del nuevo Código del Proceso Civil, la Asamblea Legislativa a garantizado un espacio de definición de políticas judiciales. En ella se establecen los criterios de aplicación y se otorgan o más bien se generan mecanismos de implementación. En este caso el Acuerdo 122/2016, refleja una cesión de poder del Consejo De la Magistratura que sigue perdiendo o compartiendo sus atribuciones constitucionales. 

Existe en nuestro país una clara tipificación penal que sanciona el incumplimiento de deberes, la designación ilegal de cargos y el ejercicio abusivo de la autoridad. Por ese motivo los órganos públicos deben tener cuidado de que sus actos no sean cuestionados por esos motivos. Un proceso de selección tiene perdedores y ganadores, y el trabajo de los jueces y vocales en cada decisión genera un número mayor de ganadores y perdedores. El Acuerdo 122/2016, creará una larga cadena de recursos que sobrecargaran nuestro sistema de justicia, la esperanza está en que con toda seguridad los actos realizados por las actuales autoridades serán revisados por quienes sean elegidos en las Elecciones Judiciales de octubre del próximo año. 

El Periódico Digital OXIGENO.BO, es desarrollado y administrado por Gen Film & Crossmedia Ltda. Teléfono: 591-2-2445455. Correo: info@gen.com.bo