Los derechos en serio.
Iván Lima M.
24/07/2016 - 20:31

20 años de cambios sin que cambie nada

El año 1995 las prisiones tenían un gran porcentaje de personas que no habían cometido ningún delito, literalmente, muchos de ellos habían dejado de pagarle a su abogado. Ese año se aprobó la Ley de Abolición de prisión y apremio corporal por incumplimiento de obligaciones patrimoniales, para abreviar se la bautizó como Ley Blattmann. Lejos de ser un homenaje para su autor, que en ese momento era Ministro de Justicia, buscaba identificar al responsable de los que los abogados calificaban como un grave error que crearía un desastre monumental, todos dejarían de pagar sus deudas. Los argumentos para abolir la "prisión por deudas" eran muchos, entre ellos que el Código Civil ya la había abolido el año 1976; la realidad es que esa norma no era cumplida como lo evidenciaban los cientos de presos por esa razón.  A nivel internacional Bolivia, era uno de los pocos países que mantenía esa práctica en el mundo y en la región era el único.  La segunda medida de ese periodo fue la Ley de Fianza Juratoria, porque tener detenida a una persona por ser pobre es la principal violación a la dignidad humana, la reforma seguía con el Código Penal y el Anteproyecto de Código de Procedimiento Penal, todas estas normas tenían como base el respeto a los derechos humanos y la dignidad de la persona. El tiempo de duración de un juicio, es necesario porque existe un derecho humano fundamental a no vivir en la incertidumbre.  El Anteproyecto hablaba de 5 años como el plazo máximo de duración de un juicio, la Ley 1970 fijo ese plazo en 3 años. En la región el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, construyó la teoría del "no plazo" que puede ser utilizada solo en aquellos países que no han establecido un plazo legal de duración del proceso, de ninguna manera y bajo ninguna interpretación esa teoría es aplicable a Bolivia. Lamentablemente algunos Magistrados, usaron la teoría del "no plazo" para Bolivia y de esta manera ampliaron el tiempo de duración indefinidamente. Abrir esa puerta fue el peor error del proceso de reforma al sistema penal. Lo tendrán en su conciencia los Tribunos que permitieron ese acto de arbitrariedad extrema, el tiempo y la historia los verán siempre como las personas que demoraron la construcción de un sistema de combate a la criminalidad desde una visión democrática.

Después de 15 años de vigencia del modelo acusatorio vale la pena analizar algunas causas estructurales de la crisis:

EXCESIVA CARGA PROCESAL.- En Bolivia, cada año desde el 2006, se presenta un promedio de 300.000 casos penales con la intervención de la Policía y el Ministerio Público. De esa cantidad de casos, solo se presenta ese mismo año 28.000 imputaciones formales. Pasan a juicio oral público y contradictorio cada año un promedio de 2.500 casos. El sistema de recursos (apelación y casación) es excesivamente lento y demora un promedio de 2 años en concluir el juicio.  La cantidad de casos que ingresan al sistema penal, cada día va acumulando la cantidad de procesos en el sistema, por ejemplo  un Juez Cautelar  en Santa Cruz está a cargo de controlar más de 8.500 casos. Contrariamente la cantidad de Sentencias cada vez es menor, el año 2013 en la ciudad de Trinidad no se emitió ni una sola sentencia.

DEFICIENTE TRABAJO LEGISLATIVO.- Entre el año 2006 y el año 2016, la Asamblea Legislativa, ha incorporado dos leyes marco de reforma penal la Ley 007 y la Ley de Descongestionamiento del Sistema Penal. En la primera incorporaron la Audiencia Conclusiva en la Segunda eliminaron la Audiencia Conclusiva.  Cada nueva ley emitida crea nuevos delitos y limita aún más el principio de inocencia. Los ejemplos de la improvisación parlamentaria son lamentables, primero crean vacaciones individuales y luego derogan la norma para volver a las vacaciones colectivas. Cuando los Asambleístas, critican el rol del Consejo de la Magistratura que designa y evalúa los Jueces, parecen no recordar que fueron ellos quienes aprobaron la Ley 025.  En los últimos años, han incorporado un cúmulo de leyes que asignan más trabajo a un sistema colapsado desde la ley del biocidio de gatos y perros, hasta leyes importantes como la Ley 348 o algunas equivocadas como la ley contra la discriminación (que siendo importante no puede ser enfocada desde la perspectiva penal).

LA INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN.- Cada día cientos de ciudadanos acuden a la policía a denunciar robos de autopartes para poder cumplir el requisito que pide la Empresa Aseguradora; miles de personas maldicen la mala suerte de sufrir el robo de un celular.  También cientos de mujeres y niñ@s sufren de violencia en sus escuelas, todos los días asumimos conciencia de la contaminación minera o el tráfico de personas con fines de explotación sexual.  Hay algo común en todos los delitos, los ciudadanos no creen en la Policía, ni en la Justicia; contrariamente creen que sin dinero el caso podría volverse contra ellos. La extorsión y la corrupción alejan a los ciudadanos, que ingresan el caso al sistema penal, porque el seguro lo pide, porque tienen un enojo momentáneo o incluso para dejar un precedente para el futuro. En resumen nadie espera que el Sistema, actúe como está descrito en la Ley, nadie en su sano juicio no reservará una importante cantidad de dinero para contratar un abogado y acudir cada semana a ver el desesperante pasó de tortuga del sistema.  Entonces si las víctimas no aportan dinero y el Estado no lo tiene presupuestado, como esperamos lograr resultados eficientes. El presupuesto de la Policía y la Fiscalía para investigación está destinado al pago de sueldos y con lo justo a fotocopias y transporte.  Por eso es que los ciudadanos deben esperar con angustia que el Ministerio de Gobierno o el Ministerio de Transparencia asuman algún interés y trabajo en sus casos.

Estas causas, y otras que podríamos seguir enumerando vuelven a mi idea inicial, el año 1995 teníamos un excelente Ministro de Justicia, que tomó la idea de la dignidad humana, como un valor real, creía que cada ser humano es inocente y que el Estado debía limitar su intervención a los marcos de un debido proceso. Esa idea no destruyo el sistema, contrariamente fue capaz de fortalecer la democracia, recordábamos hace unos días que el principal cliente del Ministerio de Justicia en esos años era el Presidente Evo Morales y los miembros de los sindicatos cocaleros en el Chapare. La mayor parte del presupuesto del Ministerio se destinaba a la Defensa Pública, en las zonas rurales del país.  La importancia del debido proceso y el principio de inocencia en una democracia son fundamentales, el Poder expresamente o por miedo de los operadores de justicia, representa una desproporción abismal con el ciudadano.  El sentido de las garantías es asegurar que todos los ciudadanos puedan intervenir en el debate democrático sin riesgo de ver afectados sus intereses o su libertad. La detención preventiva debe ser utilizada en casos extremos, muy limitados y por un tiempo razonable. Si la sociedad asumiera el principio de inocencia como una excepción limitadísima mejoraría todo el sistema, porque dejaría de ser extorsivo y podría asegurar que los crímenes graves sean perseguidos. Por ahora la billetera de la víctima es la que dispone del tiempo del sistema y un delito menor tiene mayor atención si la víctima tiene los recursos. Ese camino no es democrático y crea mayor violencia en el tiempo, la sensación de abuso e impunidad tiene límites y estamos cerca de alcanzarlos.

Lamentablemente las reformas que está trabajando la Asamblea Legislativa van a contramarcha del derecho penal contemporáneo. Es lamentable que pese a todos sus errores y al estado en el que esta la justicia se piense que la Cumbre de Justicia representa una Agenda digna de ser implementada.  Aun así existen Asambleístas en el oficialismo y la oposición que representan una garantía para los ciudadanos, es importante que en los próximos meses el trabajo de la prensa y las redes sociales identifique y de visibilidad a su trabajo.  La Cumbre no tenía ninguna legitimidad, contrariamente la Asamblea representa a cada ciudadano y será importante que en esta etapa post-Cumbre ejerza la representación de las diferentes visiones que tienen sus electores. Esperamos con ansia que nuestros Presidentes de la Asamblea Legislativa presenten el nuevo Código del Sistema Penal, puede ser un avance o una crónica de una muerte anunciada.

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