Los derechos en serio
Iván Lima M.
05/07/2016 - 17:05

Objeción de conciencia y servicio militar: Cerrando ideas 

El año 2009 -al aprobar nuestra Constitución Política- optamos por un modelo de estado pacifista (art. 10), el que analizado desde la perspectiva de la protección a la liberad de pensamiento (art. 21 número 3) permite presentar objeción de conciencia al uso de armas de fuego. Sin embargo de ello, simultáneamente establecimos la obligación constitucional de todos los ciudadanos varones de cumplir con el servicio militar obligatorio "de acuerdo con la ley". (art. 249).  Esta Ley en nuestra tradición jurídica se denominaba "Ley del Servicio Nacional de Defensa", la misma fue aprobada bajo la forma de un Decreto Ley (DL 7755 el 1 de agosto de 1966).  La norma fue declarada inconstitucional mediante Sentencia Constitucional 7/2006 de 31 de enero de 2006, el efecto derogatorio se difirió por dos años. Días antes vencer el plazo el 16 de enero de 2008, el Ministerio de Defensa, presentó un "Proyecto de Ley de Servicio Militar Obligatorio", sin que la Asamblea Legislativa desde esa fecha hubiera aprobado esa u otra ley que regule la obligación impuesta a los bolivianos de prestar el servicio militar obligatorio.

LA CANTIDAD DE JÓVENES HABILITADOS SUPERA LAS PLAZAS OFRECIDAS. 

El año 2015, se proyectó reclutar a 28.000 jóvenes soldados y marineros; el primer escalón reclutó a 20.528  soldados aproximadamente el 70% y el segundo escalón 8.777 soldados casi el 30%. Durante él periodo 2015-2016 el servicio pre-militar inició la formación de 16.000 adolescentes de los cuales 3873 eran mujeres.  Las Fuerzas Armadas de Bolivia, acogen en estas dos modalidades un promedio de 44.000 jóvenes.  En ese mismo periodo de tiempo el Ministerio de Educación reportó la entrega de 147.772 Títulos de Bachiller. La diferencia entre los bachilleres egresados y los soldados licenciados es de 97.467 jóvenes, entre ellos se encuentran las mujeres que no están obligadas a prestar el servicio, jóvenes con discapacidad y los que optan por ingresar a los institutos de formación militar, policial y la EMI (Escuela Militar de Ingeniería).  Un cálculo optimista muestra que existen 25.000 jóvenes cada año que estando en condiciones de salud para cumplir con el servicio militar no acuden al mismo y "compran su libreta" cuando requieren de ese documento. No se puede decir que las puertas de las Fuerzas Armadas estén cerradas para quien quiera acudir al servicio militar pese a que se ofrece pocas plazas en relación a la población habilitada, las Fuerzas Armadas ofrecen alternativas al servicio militar. La principal es la postergación del servicio para concluir los estudios universitarios y luego trabajar en la profesión concluida recibiendo simultáneamente el entrenamiento militar. La opción de compra se conoce como "redención" y significa el pago de la suma de 4.000 Bolivianos y el 5% adicional por cada año de omisión del servicio hasta un máximo de 10 años, es decir un pago máximo de 6.000 bolivianos.  En esta última opción se encuentran la mayor parte de los políticos, los que llegaron a los 22 años sin servir a la patria (esa es la edad máxima para presentarse a los cuarteles) y a partir de los 23 años proceden a reconocer el delito militar de omisión y pagan la multa correspondiente. Presenta una situación diferente la de los jóvenes que obtienen la libreta como Auxiliares A, B o C, se trata de casos en los que estando enfermos, siendo inhábiles o por enfermedad son descartados para cumplir con el servicio y en ese caso se acogen a esta modalidad de "auxiliares" y quedan sujetos a disponibilidad hasta los 55 años, la realidad es que las Fuerzas Armadas nunca los convocarán pues esa posibilidad está prevista para un caso de guerra. 

LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA. 

El DL 7755 la denominada Ley del Servicio Nacional de Defensa, fue derogada por la SC 7/2006. El ex Defensor del Pueblo Waldo Abarracín cuestiono la obligación de presentar la libreta de servicio militar para poder obtener el Título Profesional, mantener un trabajo u obtener el Pasaporte. El Tribunal Constitucional, declaro “constitucional” la posibilidad de exigir la libreta para realizar esas gestiones. En un fallo condicionado, la sentencia establece que esas obligaciones deben estar contenidas en una Ley y no en un Decreto Ley, y como consecuencia exhortan a la Asamblea Legislativa a aprobar bajo la forma de ley lo contenido en el DL 7755.  A esta situación se suma que el Gobierno de Bolivia, llego a una solución amistosa con Alfredo Diaz Bustos (Informe 97/05 de 27 de octubre de 2005), este acuerdo arribado bajo el auspicio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, determino el compromiso de Bolivia para promover la aprobación congresal de la legislación militar que incorpore el derecho a la objeción de conciencia respecto al servicio militar.  

En conclusión existe una obligación de la Asamblea Legislativa, de aprobar una ley que regule el servicio militar obligatorio, por mandato del Tribunal Constitucional que expulso el DL 7755 de nuestro ordenamiento jurídico y que esa ley deba incorporar la objeción de conciencia en su regulación.  Esta obligación no se ha cumplido en mas de 10 años. 

LAS RECIENTES SENTENCIAS CONSTITUCIONALES SOBRE EL SERVICIO MILITAR. 

El Gobierno Nacional, aprobó el DS 1875 el 23 de enero de 2014, esta norma hace referencia a los Decretos Supremos 14657 y 21479 (los que a su vez se remiten al DL 7755). En dicha norma se modifica la edad para prestar el servicio militar desde los 17 años.  Este Decreto fue impugnado por el anterior Defensor del Pueblo Rolando Villena, ante ese pedido el Tribunal Constitucional Plurinacional, declaro inconstitucional el DS 1875, en relación a la edad de 17 años. El argumento principal fue que el Estado Boliviano, suscribió el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, norma por la que el Estado se obliga a no reclutar a personas menores de 18 años de edad.  La Sentencia Constitucional 37/2016, analiza la obligatoriedad del servicio militar (incluso asumiendo que el DL 7755 estaría vigente ¡grave error¡¡) y en ese afán precisan que el servicio pre - militar es voluntario y opcional no obligatorio. La sentencia indica: “Aquí, es preciso diferenciar lo que se entiende por Servicio Militar y lo que el Servicio Premilitar implica; en ese orden, se tiene que el primero se constituye en el desarrollo de la actividad militar de los civiles jóvenes; y, el segundo, se trata de una instrucción previa que recibe el recluta antes de integrarse al servicio de las fuerzas armadas; es decir, su objetivo es la socialización del sujeto a efectos de que pueda, en su caso, adaptarse al ámbito militar, adquiriendo nociones básicas sobre el rol y la organización de las fuerzas armadas.”

Esta disposición, transcrita, tiene como fin establecer que la declaración de inconstitucionalidad de la edad de reclutamiento, no afecte a los pre militares, ya que ellos son convocados antes de los 18 años. La medida, en su esfuerzo de diferenciar el “servicio militar” del “servicio pre-militar” genera un problema mayor. La Constitución en su artículo 249, nos habla de la obligación de prestar el “servicio militar obligatorio” y no “el servicio pre militar voluntario.”  Esta incertidumbre se concreta porque la Ley que equipara a ambos y permite otorgar una “libreta” a los pre militares es el DL 7755, norma que reiteramos fue expulsada y no esta vigente.

La segunda  Sentencia Constitucional, relevante es la SCP 0265/2016-S2 de 23 de marzo de 2016, que fue emitida en el caso presentado por Jose Ignacio Orias Calvo, quien decidió acogerse y presentar objeción de conciencia a la prestación obligatoria del servicio militar. La referida sentencia, revoco la decisión inicialmente emitida por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de La Paz, y declaró la imposibilidad de acoger el Amparo porque no existe una ley que regule la objeción de conciencia en Bolivia. Finalmente, mediante Auto 7/2016-ECA de 24 de marzo de 2016, el Tribunal Constitucional Plurinacional, exhorto a la Asamblea Legislativa a legislar con relación a la objeción de conciencia en este periodo legislativo es decir el periodo 2016.

CONCLUSIONES SOBRE LEON, VICEPRESIDENTE Y MURILLO. 

La primera constatación es que por el momento el cumplir con el “servicio militar” es una obligación de “estirpe constitucional” -en palabras del TCP- y por tanto en posición del Gobierno no se requiere de una ley para cumplir con el servicio militar obligatorio.  

La segunda realidad es que la Ley del Servicio Nacional de Defensa,  DL 77555, ha quedado expulsada de nuestro ordenamiento jurídico desde febrero de 2008 (por mandato de la Sentencia Constitucional 7/2006) y por tanto Bolivia no cuenta con una norma legal que regule el tiempo, la edad, forma de licenciamiento e incluso objeción de conciencia; existe sin embargo una aplicación y cita de la norma expulsada del ordenamiento jurídico en Decretos Supremos y Sentencias Constitucionales. 

La tercera constatación la da la realidad, en Bolivia cada vez menos personas cumplen con el Servicio Militar Obligatorio,  porque esta vigente el servicio pre militar (aunque esta modalidad por ahora no cuenta con una base legal que la equipare al servicio militar), porque no existe justificación que explique el tiempo del servicio, porque existen graves violaciones a los derechos humanos de los reclutas.  La situación de los cuarteles no representa un ejemplo de trato digno a los jóvenes, el dinero destinado a su alimentación y a su entrenamiento no representa la posibilidad real de un servicio militar eficiente.  En ese contexto la pregunta es simple si el servicio no fuera obligatorio o con mayor precisión si existiera la objeción de conciencia en sentido de que los jóvenes bolivianos declaren que no están dispuestos a usar armas de fuego; con cuantos reclutas contaríamos cada año. ¿cuantas personas acudirían al ejercito a servir a la patria de esa forma?

En análisis de esta realidad es evidente, una nueva LEY DEL SERVICIO NACIONAL DE DEFENSA, al tener mandato de regular la objeción de conciencia enfrentara la posibilidad de que las Fuerzas Armadas dejen de recibir cada año a los jóvenes bachilleres. También se dejaría de percibir el mal llamado impuesto militar o multa por ser declarado inhábil u omiso.  Es posible que algún parlamentario piense que la solución esta en colocar un standard muy alto a la objeción de conciencia,  exigir requisitos tan difíciles de obtener que desanime la presentación de la objeción.  Sin embargo en esta materia (en la que el fraude debe ser reprimido) no será difícil explicar como una persona razonable no puede ser obligada a utilizar armas de fuego, porque no tiene sentido alguno en un país que opto por ser pacifista, en el que la Policía profesional tiene el control de la violencia y en el que históricamente las Fuerzas Armadas han sido un factor de poder y afectación de los derechos del pueblo. 

Pienso que desde febrero de 2008, y en linea concordante con la nueva Constitución del 2009, no existe una obligación legal de cumplir con el servicio militar obligatorio (es muy discutible el alcance de la obligación constitucional, ya que este ahora es regulado por Decretos y normas que no son leyes, como manda la Constitución).  El principio de reserva legal es muy claro, mientras no exista la Ley que regule la obligación de prestar el servicio militar no existe posibilidad sancionar a los ciudadanos por el incumplimiento de esa obligación constitucional.

En esta materia y respecto a los ciudadanos mencionados en el subtitulo (Murillo, Vicepresidente y León) al haberse expulsado del ordenamiento jurídico el DL 755 que les obligaba a cumplir el servicio militar y obtener la libreta de servicio militar de una manera y formas previstas por ese Decreto Ley, no existe ahora base jurídica para perseguirlos penalmente.  La Falsedad y el uso de instrumento falsificado, protegen bienes jurídicos y requieren la existencia de lesividad en la conducta, la protección derivada de la obligación normativa en este momento no existe.  Pareciera que la omisión de la Asamblea Legislativa de no regular el servicio militar obligatorio, se dará finalmente este año,  lo contrario si constituye delito porque existe un mandato expreso del Tribunal Constitucional Plurinacional de emitir esta ley. 

Esa nueva Ley debería tomar la decisión de eliminar el “servicio militar” y decidir sobre la cantidad de efectivos de las Fuerzas Armadas en un país pacifista, definiendo para ello la profesionalización de nuestro Ejercito en todos sus niveles y la definición de un nuevo modelo que garantice el cumplimiento de los fines constitucionales de nuestro Ejercito. Emitir una ley que omita la objeción de conciencia y repita conceptos formales del DL 7755 no sería responsable en un parlamento que viene analizando el Proyecto remitido por el Ministerio de Defensa por mas de 8 años.

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