La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP), emitió un comunicado en el que denuncia “la criminalización de la protesta y de las demandas sociales”; y el amendrentamiento a algunos periodistas y medios de comunicación. 

Según el documento la libertad de expresión y las garantías democráticas fundamentales están en riesgo por la intención del Estado de imponer “verdades oficiales”.

“La Verdad Oficial se alimenta de persecuciones penales, medidas cautelares judiciales y arrestos policiales para sembrar la duda frente a las posiciones críticas o disidentes”, se lee en el documento.

El documento menciona a Carlos Valverde, quien salió del país a Argentina; a Wilson García Mérida, que huyó a Brasil; a Amalia Pando, Raúl Peñaranda, Gonzalo Rivera, Jesús Alanoca y Alvaro Valero, los dos últimos agredidos mientras cubrían la movilización de las personas con discapacidad en La Paz.

Además denuncia que para imponer la “verdad oficial” el Estado “actúa a través de impuestos internos, el Ministerio de Transparencia, el Ministerio de Defensa, el Viceministerio de Descolonización, el Ministerio de Educación, etc., como está sucediendo en el caso del abogado Eduardo León”.

El documento finaliza afirmando que la APDHLP “tiene la obligación de denunciar a la comunidad boliviana e internacional estas amenazas y violaciones a las libertades y derechos fundamentales del pueblo boliviano”.