La búsqueda y toma del poder por la vía democrática conlleva el ejercicio de funciones por parte de los elegidos con el fin de cumplir ciertos fines, que  se supone deben ir en beneficio de la sociedad.

A partir de ese momento se establece una relación de orden ético legal  entre el elector y elegido,  que  obliga a la autoridad a cumplir con lo prometido o cuando menos a desplegar su actividad  pública en función al interés general, sobre todo a partir de la utilización de recursos estatales que deben ser manejados con reglas de juego preestablecidas y no de manera discrecional.

La política debe estar siempre sometida a la legislación y no al revés, con esto se expresa que hay reglas de juego que cumplir en el ejercicio del mandato democrático para evitar que en el futuro se establezcan responsabilidades a la autoridad que vulnero o incumplió con la legislación vigente.

También existen ciertos códigos de comportamiento  en la función pública que si bien no están escritos pero  deben ser cumplidos por las autoridades electas, por ejemplo un gobernador, un alcalde, un ministro debe desarrollar sus funciones en sus oficinas o debe procurar ejecutar su presupuesto institucional en porcentajes lo más elevados posibles.

No existe ley alguna que fije un porcentaje de ejecución de un presupuesto pero en la medida que esta sea elevada se entiende que se han cumplido con los objetivos fijados y la ciudadanía ha sido atendida en sus requerimientos así sean mínimos.

Lo que si legalmente debe hacer una autoridad es transparentar sus actos e informar a la ciudadanía de cómo están siendo gastados ésos recursos públicos de tal manera que la ciudadanía ejerza un adecuado control y seguimiento sobre el gasto público y los grados de eficiencia y eficacia de una determinada administración.

En Sucre, la Capital del Estado, se ha conocido públicamente,  que la ejecución presupuestaria del primer trimestre del  2016 en inversión pública de la Alcaldía ha llegado al 1 %, quedando para los próximos nueve meses el desafío casi imposible de  ejecutar el 99 %.

La situación es gravísima y por lo tanto preocupante. Pero ¿cómo se ha llegado a tal extremo? da la impresión que en Sucre no hay Alcalde, que existen  cerca de tres mil burócratas que reciben un sueldo como servidores públicos municipales por no hacer nada, que el Concejo Municipal no cumple con el mandato constitucional de fiscalizar,  que el control social y la Federación de Juntas Vecinales socapan al Alcalde y al Concejo, en suma nadie cumple con la ley en el Gobierno Municipal de Sucre con daños irreparables a la ciudad.

Seguramente hay argumentos para ello, desde el manido que funcionarios de la anterior gestión complotan contra la actual administración, que el equipo del Alcalde es el culpable, que el Alcalde y el Concejo están tomando decisiones que serán comunicadas oportunamente y cosas por el estilo, lo cierto es que el nivel de irresponsabilidad de estas autoridades ha llegado a un límite en el cual la ciudadanía debe de tomar decisiones e impedir que los ineptos dañen de la manera como lo están haciendo a la ciudad de Sucre.

De seguir así la gestión municipal el camino más decoroso para el Alcalde será la renuncia digna antes que quienes lo eligieron revoquen su mandato lo que implicaría una nueva y grave derrota política para el MAS en Sucre, ciudad en la que el ganó  por primera vez en las elecciones municipales anteriores pero que puede ser la última.

Sucre, 4 de abril de 2016