Las políticas públicas no pueden ser establecidas en base a percepciones o hechos puntuales, independientemente de la gravedad de estos hechos. No resultaría razonable para nadie el cambio de la política económica basada en un hecho puntual que afecte a 15 individuos.

En materia de seguridad esto parece no estar claro, no solo en Bolivia sino en muchos lugares en los que se asumen cambios legislativos o restricciones administrativas fundadas o aceleradas en base a hechos puntuales de alarma social.

Son varios los ejemplos de esto, en Bolivia podemos recordar la aprobación de la Ley 348, que más allá de sus enormes virtudes y sus resultados dudosos fue aprobada o acelerada en un contexto de legítima indignación social ocasionada a raíz  de la muerte de la periodista Anali Huaycho.

Recientemente el caso de una agresión filmada por cámaras de seguridad ha ocasionado un trabajo eficiente de la policía y el Ministerio de Gobierno para cumplir con su obligación descubriendo y aprehendiendo a muchos de los integrantes de un supuesto grupo delincuencial conformado por algunos menores de edad.

El rol investigativo y represivo de las autoridades de seguridad en este caso parece -para un observador alejado del caso- oportuno y eficiente y demuestra la utilidad de filmaciones para coadyuvar al trabajo posterior a la comisión de un delito.

Sin embargo, proponer políticas públicas de reducción de la edad de imputabilidad basados en este hecho no parece razonable, no solo por la apariencia que sugiere que la medida surge a consecuencia de un hecho puntual sino por el fondo mismo de la política propuesta.

El Estado no puede reaccionar ante un problema de niños infractores de la ley pensando en que la cárcel es la solución más eficiente para lograr reducir el número de casos, el derecho penal debe ser empleado como herramienta extrema y no como la primera solución que se encuentra a la mano para modificar conductas de las personas o de los niños.

Reducir la edad de imputabilidad implica:

- Reconocer el fracaso de las políticas educativas.
- Reconocer el fracaso de las medidas de prevención.
- Decidir como sociedad que preferimos enjaular a nuestros niños antes que educarlos o darles oportunidades reales de integración.

El CEJIP desarrolló hace ya algunos años el Programa de Escuela Segura - Comunidad Segura en el Distrito 1 de El Alto, muchas experiencias interesantes fueron puestas en práctica para establecer metodologías de seguridad que ven a la policía como un aliado de la comunidad y de los niños que autogestionan planes de seguridad y convivencia pacífica.

Uno de los resultados llamativos de este trabajo fue que encontramos que los niños percibían a sus padres (o tutores) y a la policía como las principales amenazas, desde los más pequeños que dibujaban escenas de maltrato doméstico hasta los mayores que actuaban en dinámicas grupales casos de agresión familiar o incluso alguno de extorsión policial.

Una sociedad pacífica no puede reaccionar ante el caso de una niña con aparentes problemas familiares y de vínculos con infractores de la ley pidiendo que enjaulen a la niña en una cárcel, un Estado progresista debería preguntarse cuantos niños están en esa situación y que se está haciendo para prevenir que la influencia negativa pueda afectarles.

Si son ciertas las cifras y tenemos cientos de pandillas en las calles no podemos comenzar una cacería humana o un etiquetamiento que prejuzgue a grupos de niños solo por su edad, si esas cifras son ciertas deberíamos preguntarnos como sociedad que haremos para integrar a esos grupos antes de que sean reclutados por organizaciones criminales que los verán como empleados baratos, ya sea que los contraten en las calles o que los encuentren en las cárceles.

JJLM