Justicia Legitima
Iván Lima M.
13/02/2016 - 23:19

Libertad de prensa y "soberbia de enjuiciar"

Amenazar con iniciar un juicio, cuando eres parte de un debate público, es reconocer la derrota y la pobreza de los propios argumentos.  La decisión de iniciar una acción legal, cuando es seria y meditada, no se anuncia con fecha, hora y argumentos ante la prensa.

El uso de la justicia para “medir billetera”, las amenazas y la mentalidad pleitista de muchos poderosos son una de las causas principales de la crisis de credibilidad de la Justicia. Esa frase que amenaza “con enjuiciar o querellar” a quien te demuestra que eres injusto, muestra que muchos bolivianos mas que justicia quieren demostrar su capacidad de conseguir injusticia comprando la conciencia del Juez. El proceso democrático que vivimos en Bolivia, nos ha enseñado que el uso abusivo del poder es algo intolerable para los bolivianos. Sea cual sea la ideología partidaria que se tenga, el común denominador es la intolerancia al abusivo, al déspota que amparado en el poder del dinero pretende silenciarnos.  

Quiero formular algunas afirmaciones que informen la decisión de algunas personas que pretenden limitar la libertad de expresión en el país:

  1. La Ley 348 (Integral para Garantizar a las mujeres una vida libre de violencia) al definir qué debemos entender por violencia mediática, violencia psicológica y violencia contra la dignidad, el nombre y honor de una mujer, no habilita el inicio automático de un juicio penal. Esto es así porque la Ley es INTEGRAL y busca que los medios de comunicación, las instituciones y los ciudadanos asumamos conciencia de esas formas de violencia y generemos políticas preventivas para erradicar esas lacras. El Título V de la Ley, artículos 83, 84 y 85, modifican los tipos penales y crean delitos para combatir la violencia contra la mujer: un total de 22 delitos creados o modificados. El artículo 272 bis, sanciona la violencia psicológica contra la mujer, sin embargo lo hace cuando el agresor es un familiar, un conviviente, si esta al cuidado o guarda de la victima, o si es que se ha procreado un hijo con el agresor.   En resumen, pretender utilizar la Ley 348, en la vía penal contra el Periodista Carlos Valverde resulta inapropiado, y poco cuidadoso. Habría que recomendar la atenta lectura del artículo 100 de la Ley, pues esa norma sanciona a quien acusa falsamente a los periodistas. Esta situación NO admite ninguna duda, no existe posibilidad o alternativa de enjuiciamiento, el único Tribunal habilitado para escuchar cualquier reclamo es un Jurado de Imprenta, eso es absoluto y definitivo.  
  2. Un segundo factor a considerar es el “derecho a la privacidad”, lo privado se transforma en público en el momento en que el titular de la información libremente comparte el contenido que originalmente fue privado. La privacidad en los tiempos del internet es contractual, es global. Representa un cambio de paradigma del modelo que se diseño en los Pactos y Tratados Internacionales sobre derechos humanos.  El derecho a la privacidad, estaba ligado a la inviolabilidad del domicilio, a la prohibición absoluta de interferir las comunicaciones privadas por carta, teléfono o telegrama.  Ahora debemos revisar la Política de Datos del Facebook https://www.facebook.com/full_data_use_policy  y las restantes redes sociales, seguramente quedaran sorprendidos de sus alcances, básicamente ya no somos titulares de la información que compartimos y subimos a la web.  La Tecnología avanza mas rápido que el derecho, hace unos años  las “clausulas Herodes” (que son las que insertan en la letra pequeña cosas tan absurdas como ceder a tu primogénito por toda la eternidad) eran bastante comunes. La revelación de fotografías, adhesiones, apoyos y comentarios cuando se publican marcando la opción “PUBLICO”  o cuando se comparten con terceros, determinan que la privacidad deja de existir el momento que se usa el servicio de forma voluntaria.
  3. Un tercer elemento que quiero resaltar se encuentra en la Página 16 de la Revista Divas de Leonardo Ville, de diciembre de 2013, la pregunta y respuesta dicen: ¿De qué forma combina su faceta como empresaria y abogada? Soy licenciada en Ciencias Jurídicas y Políticas, egresada de la Universidad Mayor de San Simón de la ciudad de Cochabamba, realice un Diplomado en “Derecho Financiero”, en la Universidad Privada Boliviana (UPB) y una maestría en la Universidad Autónoma de La Plata – Argentina.”   En declaraciones posteriores se sostuvo que en realidad Egreso de la Carrera, que no estudio en San Simón y que no firma memoriales. Estas afirmaciones no desvirtúan un eventual ejercicio ilegal de la profesión, ya que de acuerdo a la Ley de Abogacía, esta no solo se refiere al litigio, sino a toda función de asesoramiento y trabajo extra judicial en materia jurídica.

TEXTO: https://issuu.com/revista_diva/docs/diva_55?e=12813528/8683274

La verdad, es un valor que los Jueces construimos con base en la prueba, la argumentación de ideas, la aplicación de la Constitución y la búsqueda de justicia.  La teoria del Conflicto de Derechos ha sido superada, por el balanceo y la ponderación de los derechos. Los derechos estan en conflicto permanente por ejemplo el derecho a la vida que parece absoluto, podrá suprimirse si alguien pretende secuestrar a un niño, se permitirá al padre a usar todos los medios de defensa e incluso matar al delincuente. El derecho a la información de la sociedad y la privacidad de un personaje público, en doctrina y jurisprudencia ya no son materia de discusión, la libertad de prensa en estos casos prevalece siempre sobre el derecho a la privacidad. Quien elige ser la pareja sentimental de un Presidente, renuncia a su privacidad. Esto es así porque los valores y los derechos que son analizados por la justicia, son los hechos trascendentes, aquellos que afectan el interés nacional (no es trascendente y nunca podría ser materia de juicio conocer donde cenan o que regalo de cumpleaños reciben). El límite se cruza -en el caso concreto- cuando existe una relación laboral con una Empresa que contrato con el Estado. Ese solo hecho habilita la intervención de la prensa y habilita al ciudadano a dudar y pedir explicaciones. Ante el silencio o la mentira, surge la ironía y la burla, un político y un personaje público saben que solo la verdad absoluta lograra recuperar la credibilidad y evitar un daño mayor a su entorno y su imagen. De ninguna manera esa actuación personal, debería afectar la credibilidad de la Autoridad afectada por el exceso o uso inapropiado de su nombre, contrariamente si el Presidente del Estado desconocía un uso arbitrario de su nombre (y ese hecho llega a establecerse en un debido proceso) en ese momento se encontrará habilitado para exigir la actuación de la Justicia.   

El tema del uso de información del SERECI y la protección a la imagen de un menor se tratan en la segunda parte de esta nota pues requieren de un mayor análisis y desarrollo.

Concluyo señalando, que el rol del Contralor, y la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa se verían enriquecidas  si el Periodista Valverde o quien este sugiera pudiera ser parte de la Comisión.  El rol de la Sociedad Civil enriquecerá la credibilidad del proceso, si la Comisión es plural y se abre a los ciudadanos esa posibilidad definitivamente garatizará la imparcialidad y objetividad del proceso.  La realidad de este caso muestra que todos los involucrados, y el país, necesitan conocer toda la verdad de lo ocurrido solo eso restaurará la paz y nos permitirá crecer como sociedad democrática.

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