Justicia Legítima
Iván Lima M.
07/02/2016 - 19:56

El derecho a la información y la vida privada

Hace unos años, Carlos Menem era Presidente de la Argentina y los periodistas  Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico (periodistas con 30 y 40 años de ejercicio de la profesión), escribieron una serie de artículos con relación a la vida privada del ex Presidente. En sus artículos revelaron aspectos referidos a un hijo no reconocido del Presidente, regalos a la madre del hijo y la negociación con Paraguay para concederles un asilo.  La reacción del ex Presidente fue la de enjuiciar a los periodistas y finalmente lograr que la Corte Suprema de Argentina los condene a responsabilidad civil (adicionalmente se presentó otras acciones judiciales y acciones de hecho contra los dos periodistas). Luego de algunos años la Comisión Interamericana y posteriormente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Sentencia establecieron que el Gobierno Argentino había vulnerado el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es central el párrafo 60 de la Sentencia: 

“60. El diferente umbral de protección del funcionario público se explica porque se expone voluntariamente al escrutinio de la sociedad, lo cual lo puede llevar a un mayor riesgo de sufrir afectaciones a su derecho a la vida privada. En el presente caso se trataba del funcionario público que ostentaba el más alto cargo electivo de su país, Presidente de la Nación y, por ello, estaba sujeto al mayor escrutinio social, no solo sobre sus actividades oficiales o el ejercicio de sus funciones sino también sobre aspectos que, en principio, podrían estar vinculados a su vida privada pero que revelan asuntos de interés publico. “

Texto completo: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_238_esp.pdf

En su contenido la Sentencia, establece principios que regulan el alcance de la vida privada de un Funcionario Público, y concluyen que la relación con el interés público es sustancial y difícil de distinguir. No se puede limitar el interés público para proteger la esfera privada la cual esta reducida en extremo, porque estas Autoridades ejercen la máxima decisión sobre todas las materias públicas. La Corte Interamericana y los Jueces  protegen de manera amplia el interés publico  en el caso de los funcionarios públicos del mas alto nivel. 

En el país contamos con una Ley de Imprenta, que cuenta con un Jurado de Enjuiciamiento que puede limitar los efectos deseados por algunos políticos, que parecen no haber comprendido los alcances del artículo 410 de la Constitución Política del Estado, que otorga carácter Constitucional a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Resulta inaceptable para una sistema democrático que se busque utilizar a los Jueces para intimidar a la prensa. 

CONTRATOS CUESTIONADOS Y USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS. 

De la misma forma que resulta intolerable, limitar la libertad de expresión, es inaceptable sostener la existencia de un delito sin resguardar el principio constitucional de inocencia.  La prensa esta limitada por el derecho a la replica, la objetividad y el respeto al “derecho a estar solo”. El derecho a que nuestra imagen no sea utilizado de manera abusiva, arbitraría y sin fundamentos objetivos.  La invasión de la esfera de la privacidad, ahora se ha convertido en Autoritarismo, en linchamiento en las redes sociales. Cada día se evidencia el impacto del uso de las redes sociales, en minutos más de 20.000 personas replican un comentario, y este tiene un alcance de mas de un millón de personas. A partir de la primicia, los rumores adquieren calidad de verdad y nada de lo que se diga en contrario podrá lograr que los usuarios cambien de idea.  Algunos verán reforzados sus criterios y otros trataran de defender sus ideas con insultos, violencia verbal, lo que generara una espiral de gritos, insultos y peleas que no tienen ninguna relación con la libertad de expresión que defiende a la Prensa. Existe un uso irresponsable, difamatorio y cuestionable moralmente de la libertad de expresión. El ampararse en el anonimato, es algo que no esta bien. No es correcto hablar mal de alguien que no puede escucharte y defenderse, es cobarde usar un servicio común para atacar y agredir, basado en rumores. 

Para despejar las dudas y tomar una decisión inicial a favor o en contra de una situación es importante analizar la prueba, la palabra del afectado y el sentido común (jurídico si fuera juicio) que nos permiten formar criterio y opinión pública. En nuestro país existen decisiones políticas que fueron asumidas por el MAS y el Presidente Morales y que representan una postura que podrá ser debatible, pero es legal, incluso constitucional: 

(a) LA CONTRATACIÓN DIRECTA. La Ley SAFCO estableció un Sistema de Contrataciones Estatales que a partir de montos significativos obligaba a realizar licitaciones publicas, concursos en los que el mejor precio y calidad generaban al ganador del proceso. La idea de cambiar ese sistema tenia como fin acelerar el proceso de desarrollo del país, el Presidente, opto por generar excepciones a estar regla y se cambio ese sistema por la “Contratación Directa”.  Este sistema, se basa en elaborar una lista corta de empresas con un alto grado de especialidad y elegir a la mejor. En otros casos se contrata directamente, cuando no existen proponentes e incluso cuando se debe rescindir el contrato por incumplimiento del primer proponente.  En todos los casos la información y los contratos están disponibles en la página web del SICOES: (i) EASBA (Ingenio Azucarero de San Buenaventura), genero una primera licitación que fue declarada desierta, en ese proceso CAMCE fue descartada por incumplir en la presentación de sus documentos de propuesta. La contratación directa a CAMCE es posterior y refleja un precio mayor. La explicación parece estar en una ampliación de contrato para la construcción de Pilotes estructurales para construir la fabrica. De acuerdo a las declaraciones pública y análisis de expertos el Ingenio necesita un mayor compromiso empresarial del sector privado, un mayor esfuerzo para ocupar toda la capacidad instalada de la planta. No se ve criticas al precio o al proceso de contratación. La Gerencia esta a cargo de Ramiro Lizondo Díaz. (ii) PLANTA DE CLORURO DE POTASIO (COMIBOL), el SICOES refiere que se dio una contratación directa, sin licitación, en este caso no están disponibles los contratos. Por información de la prensa se tendrá una capacidad de 350.000 Toneladas, ampliables a 700.000 Toneladas. Este producto sirve como fertilizante y tiene una gran demanda internacional. El precio esta controlado por los tres mayores productores Canadá, Rusia y Bielorrusia que controlan el 70% del mercado y en los últimos años presenta cambios significativos desde los 780 $us por tonelada, hasta los 330 $us por tonelada. Nuestra participación en el mercado mundial, será marginal no llegaremos en esta etapa al 1% de la producción mundial. En 30 meses y a un costo de 178 Millones de Dólares contaremos con esta primera planta que debería generar regalías y trabajo en Potosí, es razonable sostener que existía urgencia de acelerar el proceso de industrialización e ingreso al mercado. La Gerencia Nacional de Recursos Evaporiticos, que depende de COMIBOL, esta a cargo de Luis Alberto Echazu. (iii) REPRESA DE MISICUNI, el precio original del Proyecto Misicuni, no alcanzo para concluir la obra, este reclamo de parte del constructor original y su falta de liquidez determinaron la Resolución del Contrato y acciones legales contra el primer constructor. Hace unos años, el Ing. Jorge Alvarado, tomo el control de la Empresa e inicio un proceso de reconducción de la construcción. De acuerdo a las Leyes vigentes, en este caso la Contratación Directa era posible para no paralizar la obra y poder concluirla. La obra debería estar concluida este año, y adicionalmente a la necesidad de agua para Cochabamba, la urgencia esta relacionada con una planta de generación eléctrica de ENDE ya en construcción. (iv) REHABILITACION MONTERO BULO BULO, este es un caso que llama la atención, CAMCE es contratada y no cumple con el contrato. El Ministro de Obras Publicas, acusa a la empresa de no haber movilizado equipos y personal y tener un avance de obra muy limitado. Esta obra es urgente porque se requiere para exportar la UREA que se producirá en la planta que esta siendo construida por YPFB, que ha contratado a la Coreana SAMSUNG mediante Licitación Pública. El lugar de ubicación de la planta en el Chapare, fue explicada como una decisión política de equilibrio regional, económicamente quizás lo mejor era construirla en la frontera con Brasil o cerca de la Planta de Gran Chaco. De esa manera se evitaba los problemas de transporte y traslado para su exportación.  Si bien la prensa refleja que existe un proceso de Resolución de Contrato, en la pagina web del Tribunal Constitucional, figura el Expediente 13351-2015-27-AAC, se refiere a un Amparo Constitucional presentado por Yinying Yao por CAMC ENGINEERIG contra el Ministro Milton Claros,Ministro de Obras Públicas.  El Amparo fue resuelto por la Sala Penal Primera (formada por los Vocales, Virginia Crespo ex esposa del ex Ministro Wilfredo Chávez y el recientemente designado Vocal Willy Arias) a favor de CAMC, la Resolución 89/2015 establece, de acuerdo a la pagina web, que la tutela fue otorgada a favor de CAMC y en contra de los Bancos y el Ministerio de Obras Públicas. El Abogado de CAMC para el Amparo fue Fernando Cortez Flores. (recuerdo el nombre, porque es quien ordeno el rechazo y archivo del Juicio Penal por los hechos de Octubre de 2003 en El Alto, en ese momento fue atacado y luego fue cuestionado por enjuiciar a Juan del Grando y finalmente fue destituido por el Ministro Sacha Llorenti la prensa refleja que fue acusado de conducir su vehículo con grado alcohólico superior al legal). 

(b) LEY MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ, la ley de lucha contra la Corrupción presenta un mandato legislativo de persecución que vulnera principios generales del derecho penal. La principal critica esta en la afectación al principio de legalidad, la existencia de un delito solo puede darse si el tipo penal describe la conducta con precisión, certeza y claridad.  Todo su sistema de Control se basa en la Declaración Jurada ante la Contraloría. La del Sr. Presidente, fue recogida por "El Deber Datos", que presentó información muy clara respecto al Patrimonio y las Declaraciones Juradas del Presidente y su Gabinete. El año 2007, la declaración del Presidente está fechada el mes de octubre de 2007.  De acuerdo a la Contraloría General del Estado, en la declaración jurada es opcional incluir el nombre de la esposa o conviviente; pero es obligatorio incluir a los hijos y familiares no fallecidos. Es en ese aspecto que se da un tema de interés público, un aspecto doloroso e intimo, que debe ser manejado con equilibrio y objetividad. Este principio deriva de una prohibición constitucional, contenida en el artículo 236 II de la Constitución, que prohíbe a todo funcionario publico: “Actuar cuando sus intereses entren en conflicto con los de la entidad donde presta sus servicios, y celebrar contratos o realizar negocios con la administración pública directa, indirectamente o en representación de tercera persona.” A partir de ese principio se incorporó al Código Penal y se agravó la pena en los casos de los delitos de Uso indebido de Influencias (art. 146 C.P.), Beneficios en Razón del Cargo (art. 147 C.P.), Omisión de Declaración de Bienes y Rentas (art. 149 C.P.), Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas (art. 150 C.P.) y art. 33 de la Ley MQSC que sanciona la Falsedad en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.  Todos estos tipos penales derivan de la prohibición de influir o participar indirectamente  en un proceso de contratación, su redacción es amplía y general al extremo de que la existencia de una relación y un contrato parecen configurar el tipo objetivo del delito.  Cuando se analiza el tipo subjetivo (dolo o culpa) se analiza la voluntad. Esta se debe reflejar en sus declaraciones públicas y en ellas se refleja los parentescos y otros aspectos para detectar y prevenir que no se de influencia indebida.  En este punto se debe analizar la AUTORIA de los delitos, pues es posible que la persona que usa indebidamente el cargo de la Autoridad, lo haga en desconocimiento de la Autoridad. Existen Parlamentarios y Dirigentes Sindicales que alegando, representación partidaria solicitan que las funciones del Estado (en la contratación y en lo judicial) favorezcan a determinadas empresas o personas. Estas personas actúan, sin ningún consentimiento y casi siempre a espaldas y sin autorización alguna de niveles superiores. Prueba clara de ello lo tenemos los casos Ostreicher y la Red de Extorsión, en la que los involucrados actuaban a nombre del Ministerio de Gobierno o incluso el uso del nombre del fallecido ex Presidente de YPFB Dr. Carlos Villegas.  Es importante en estos casos analizar,  dudar de forma responsable e informada para transmitir esa duda a los órganos del Estado encargados de acusar penalmente y juzgar.  Decía que esta decisión política es discutible, la manera en que el Gobierno Nacional  encaró la lucha contra la corrupción y la tipificación de los delitos. La ley no demostró ser eficiente y si demostró ser muy injusta. La mayor parte de los casos determinados por la ley, al ser amplios, generales y contrarios al principio de legalidad, sancionan situaciones que carecen de lesividad y “real malicia”.  Es necesario plantear ajustes a la LMQSC y abarcar los principios de control a las Empresas, en este caso el modelo europeo y el norteamericano han superado el modelo latinoamericano de combate a la corrupción. 

(c) EL SUBDITO Y EL CIUDADANO, el súbdito no puede cuestionar, dudar, preguntar y criticar a sus gobernantes. El ciudadano está habilitado a dudar, a investigar, a recibir información de calidad y preguntar siempre, está habilitado para acudir a la prensa y directamente a las autoridades y ejercer control ciudadano al poder. El famoso control social y la rendición pública de cuentas, ahora se agota en Actos Formales y la intervención de organizaciones que no tienen la capacidad de ejercer control real. Desde el año 2006, se ha fortalecido a la CSUTCB, a las FEJUVES, a las BARTOLINAS y otros niveles de control, que no han respondido a esa confianza, planteando una critica constructiva y un control real de las instituciones. Contrariamente se ha combatido a los Colegios de Abogados, se los ha sustituido por el RPA (Registro Público de Abogados) entidad que habilita a TODOS LOS ABOGADOS para poder ejercer la abogacía en Bolivia. Si usted ingresa al link de la entidad:  http://rpa.justicia.gob.bo/buscador/ podrá verificar si una persona es abogado habilitado para ejercer en Bolivia. Es notable como connotados y mediáticos abogados no figuran en ese listado. Es en este punto que la decisión política de limitar la participación de los Colegios de Abogados (prohibidos de intervenir en materias políticas) y no impulsar una Ley de Acceso a la información amplia y democrática, son cuestionables.  En concreto, pienso que es oportuno analizar los contratos (están en el SICOES), analizar el contexto de tiempo y oportunidad que motivó la decisión y conversar con los Ministros, Gerentes y Directores a cargo del Sector Público.  Definitivamente, la declaración de la Abogada de CAMC, es vital para despejar toda duda. Y reitero los ciudadanos tienen todo el derecho Constitucional y Convencional a la Duda Responsable.

El equilibrio de la democracia, exige prudencia del Órgano Judicial, el ejercicio del poder en la investigación y juzgamiento deben ser realizado en tiempos oportunos y su ejercicio debe buscar que las Sentencias sean cumplidas. No es prudente, y menos oportuno, perseguir todas las dudas de la prensa y la población. Tampoco es prudente renunciar a la Independencia Judicial, porque la mayoría del Facebook esté de acuerdo en seguir un juicio. La prudencia no es miedo y menos encubrimiento.

Lo que se pretende es ejercer la función judicial, de manera que se pueda cumplir con las decisiones y sentencias que se asuman. Esa decisión debe analizar todas las pruebas y estar despojada de todo prejuicio; el debido proceso garantiza que no se condene a los inocentes y no se los linche mediáticamente.  Contrariamente, los periodistas, no ejercen su poder con base en esos principios, siempre he pensado que su afán por la primicia -y ahora el afán por los likes o las réplicas- les obliga a lanzar la piedra y luego analizar el interés público. Descubrir el interés público y separarlo de aspectos discriminatorios, de odio y venganza, son característica de la prensa responsable que asume su rol en democracia.  

El Periódico Digital OXIGENO.BO, es desarrollado y administrado por Gen Film & Crossmedia Ltda. Teléfono: 591-2-2445455. Correo: info@gen.com.bo