Justicia Legitima
Iván Lima M.
02/01/2016 - 19:51

Colegio de Abogados de La Paz vs. Colegio Nacional de Abogados

La política partidaria es diferente al derecho de opinar sobre políticas publicas propuestas por un Partido Político.

El derecho a la libertad de expresión constituye un derecho político esencial.  Todos los ciudadanos, están habilitados para manifestarse con relación a las políticas publicas. Cuando las personas se asocian en un Partido Político, asumen una ideología política que se manifiesta en una Visión de País, un Programa Partidario y una opinión unánime de todos sus militantes sobre la realidad nacional y como transformarla, esto se conoce como “política partidaria”.  La ley 026 de 30 de junio de 2010, derogo la Ley No.  1983 de Partidos Políticos, norma que definía la actividad político partidaria como “ejercicio de la representación popular”, actualmente se discute y analiza los alcances de la nueva ley de partidos políticos, norma que deberá desarrollar con mayor precisión los alcances de la actividad y representación político-partidaria.

Por otra parte la Ley de Abogacía Nº 387, señala en su artículo 17 que: “Los miembros de los Directorios, en representación del Colegio Nacional o de los Colegios Departamentales de Abogadas y Abogados, no podrán realizar actividades político-partidarias, siendo pasibles a sanción por infracción gravísima a la ética.” Con mayor precisión el art. 42 numeral 9 indica que constituye una falta gravísima a la ética: Realizar actividades político partidarias en representación del Colegio de Abogados en su calidad de miembro del Directorio.” El sentido de estas normas, encuentra su origen en el uso de los “Colegios de Abogados” en remplazo o como voceros de los Partidos Políticos. Cada entidad tiene un rol diferente y la norma buscaba que no se confunda ambos roles. La interpretación amplia y extensiva que pretende entender que los Colegios de Abogados, no pueden opinar sobre políticas publicas es inconstitucional. Los abogados, sus Representantes y en este caso el Presidente del I. Colegio de Abogados de La Paz, no estaban realizando una actividad político partidaria, sino mas bien opinando sobre una política pública. En este caso un acto jurídico complejo, en el que intervino la Asamblea Legislativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional y actualmente el Tribunal Supremo Electoral.

El pretender que los abogados están censurados o que están prohibidos de opinar sobre Políticas Pública es inconstitucional,  la libertad de expresión y asociación garantizan el derecho de manifestar públicamente la opinión del gremio de los abogados. Un tema diferente es la obligación impuesta por  Ley 387, que obligaba a adecuar el Estatuto del Colegio de Abogados de La Paz en el plazo de un año; lamentablemente no se conoce el resultado de esa obligación legal.  El Estatuto que figura en la pagina web de nuestro Colegio, en su artículo 20 numeral 5) señala que el Presidente del Colegio tiene como atribución: “Llevar la voz del Colegio.”  No establece que sea necesario una Asamblea, no requiere una consulta al Directorio, ninguna forma de consulta. El Estatuto otorga amplias facultades al Presidente para opinar y llevar la voz por el Colegio de Abogados de La Paz. Reiteró que tanto el Colegio Nacional como el Colegio de La Paz, tenían un año para reformar su Estatuto, plazo no cumplido y que representa una grave irresponsabilidad institucional, en su difusión, discusión y aprobación que debe ser reparada antes de iniciar las acciones que se pretende.

El Presidente del Colegio de Abogados de La Paz, ha ejercido un acto de opinión sobre una política pública, en la que no se tiene opinión uniforme. Aunque no se crea posible, los abogados estamos de acuerdo en algunos temas esenciales de forma unánime: la democracia, el estado constitucional de derecho, la prohibición de la tortura, el debido proceso, etc.  En esos casos que van a la esencia de la función de un abogado, el Presidente debe ejercer la Voz por todos los abogados, denunciando y criticando cualquier atentado que ataque el núcleo de los valores que sustentan la función de los abogados.

Ejercer voz en un tema que no tiene unanimidad, es un acto imprudente, pese a que el haber opinado en nombre del Colegio, es posible de acuerdo al Estatuto. El tema en debate, tiene múltiples argumentos a favor y en contra, muchos de los argumentos no son jurídicos y por tanto resulta impertinente que se pretenda apoyar una postura discutible, en nombre de todos los colegiados. Cuando una autoridad, utiliza un cargo público a título o beneficio personal, actúa indebidamente. Mientras se  ejerce autoridad los criterios individuales se limitan y debe asumirse un mandato democrático que debata y consulte. Un Presidente demócrata, consultaría con todos los abogados y le diría al país que existen discrepancias y acuerdos, orientando y reflejando el pensamiento diverso del Colegio.

Sin embargo no es correcta la posición del Colegio Nacional,  que pretende decirle al país que nuestro Presidente no puede opinar sobre políticas publicas.  El Colegio de Abogados de La Paz, en muchos momentos de la historia del país tomo riesgos institucionales y personales de sus directivos, ese debe ser su rol y debe recuperarlo con sentido crítico y propósito constructivo.

El Colegio Nacional, nos propone un “prudencial silencio”, imponer una autocensura y busca que se deje de opinar sobre las políticas publicas que afectan a nuestra sociedad, esta postura es inconstitucional. Al buscar atacar las posturas por el SI y buscando un implícito apoyo al NO, sostienen que los Colegios Departamentales no opinen en materia de políticas públicas, sobre posturas de los partidos políticos, busca  limitar la libertad de expresión, aspecto inaceptable por ser inconstitucional.

Ahora es tiempo que  nuestros  Colegio de Abogados, retomen una postura democrática, y debatan los alcances del proceso de reforma a la Constitución, en cuanto a la reelección. La sociedad boliviana, ansia conocer los argumentos jurídicos, constitucionales y políticos que sustentan ambas posiciones. El referéndum constitucional como todo acto electoral, requiere que el voto sea informado.  El decidir por el SI o por el NO, constituye un acto complejo, en el que uno de los componentes es el jurídico.  Es lamentable que la postura implícita por el NO del Colegio Nacional de Abogados, sostenga una postura inconstitucional y pretenda silenciar el debate democrático de ideas. 

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