Justicia Legítima
Iván Lima M.
06/10/2015 - 09:20

Contra la corrupción en la justicia, cero papel

Hablamos de corrupción judicial, cuando la decisión de un Juez es injusta porque recibió dinero, porque actúo con miedo al poder político, al poder del crimen organizado o por presión de los medios. La corrupción judicial es un delito de cifra negra, se calcula que se llega a investigar solo el 5% de esos delitos; si recordamos los casos mas graves de corrupción judicial su investigación y juzgamiento es resultado de conflictos al interior de las redes de corrupción y extorsión. Sin duda es un delito de investigación compleja que se desarrolla y planifica en los Estudios de Abogados mas importantes y por los clientes de mayor poder.

La corrupción operativa y de gestión.

La corrupción de los Oficiales de Diligencia y otros auxiliares de justicia (que exigen el pago de dádivas por notificar, elaborar actas o realizar trabajos usuales de la administración de justicia) es la corrupción que más afecta al litigante. Esta corrupción exige un programa de “Cero Papel” y modernización urgente. El Ministerio de Justicia recientemente empadronó a todos los abogados del país, los más de 50.000 abogados registrados, señalaron un mail o un celular como dirección virtual de sus despachos. Con ese dato actual es sencillo implementar un Sistema de notificación electrónica inicial. Ese paso transitorio nos eliminaría costos y tiempos de notificación en lo inmediato. La Agenda única de Audiencias, es un paso a mediano plazo porque requerimos para su funcionamiento el fortalecimiento urgente de la “Defensa Pública”, tanto en su forma pública como en la privada. Es necesario comprar sistemas de grabación de audiencias y modificar el modelo de despacho judicial. Estas medidas eliminaran este problema de corrupción operativa. No creo necesaria una Cumbre, si creo necesario un mayor liderazgo del Ministerio de Justicia y el Consejo de la Magistratura en un tema que mejorara ostensiblemente la percepción ciudadana sobre la justicia. El reto es construir el “Plan CERO PAPEL” y para ello estas instituciones deberían aceptar los trabajos previos del Plan Justicia Para Todos y la experiencia regional en la materia.

El modelo 1008 de persecución a los Jueces.

El diseño de lucha contra la corrupción en el país se desarrolla a partir de la visión de la ex Ministra Nardy Suxo con relación a la transparencia y el combate a la corrupción. El primer elemento, la bandera de esa política es la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la cual representa una política pública una Ley 1008 en contra de la corrupción judicial. Un segundo elemento fue el enjuiciamiento a los ex Magistrados de la Corte Suprema, Tribunal Constitucional y Consejo de la Judicatura; el 2005 se genero la primera camada de Ministros elegidos por Decreto Supremo y antes del 2012 se continuo con el descabezamiento del Poder Judicial. Durante años el país quedo sin Tribunal Constitucional y permaneció con el quórum mínimo en la Corte Suprema. El tercer elemento es la transitoriedad de los Jueces y Vocales, ya que a partir de la crisis de la justicia la situación de la carrera judicial quedo limitada a ingresos extraordinarios de los nuevos administradores de justicia; se trata de abogados sin formación previa en la Escuela Judicial, que optan al cargo y son designados “transitoriamente” la cifra aumenta cada día y es designada por el Consejo de la Magistratura (en realidad por 3 votos de los 5 Consejeros).

La característica común de esos tres elementos, es la persecución a los Jueces, Vocales y Magistrados para encarcelarlos (o mejor forzar su renuncia) y designar nuevas autoridades transitorias, temporales que no cuentan con estabilidad en el cargo y pueden ser enviadas a provincias (como si estoy fuera un castigo, estilo “te mando al Beni”), suspendidas o destituidas por el voto de 2 de 5 Consejeros de la Magistratura. Es importante recordar que los Jueces en Bolivia, hasta hace poco eran suspendidos a sola imputación penal; ese acto es el inicio de un proceso penal y no puede generar esa consecuencia procesal porque viola el principio de inocencia. El Tribunal Constitucional Plurinacional, reconoció ese extremo y declaro inconstitucional esa disposición de la Ley Orgánica Judicial.

En resumen, la persecución penal y disciplinaria fue intensa, suspendió, destituyo y logro la renuncia de cientos de Jueces, Vocales y Magistrados. Aún así la sensación de la población es que la corrupción no ha cesado y mas bien se piensa que alcanzo grados superlativos en los últimos tres años.

¿Entonces cuál es la solución?

La solución integral parte de un ingreso a la carrera judicial vía Escuela Judicial (sin curvas ni regalos de puntos a los postulantes), un sistema de evaluación del desempeño, un modelo disciplinario judicializado por Jurados de Enjuiciamiento y un sistema objetivo de ascensos basado en la capacidad de los Jueces. Este modelo integral es el que da resultados positivos en los piases que los implementan.

El tema de la corrupción judicial en la decisión de los Jueces, Vocales y Magistrados, se debe analizar partiendo del resultado. La corrupción parte de la SENTENCIA O DECISION Judicial injusta, no existe la categoría de Jueces Corruptos en abstracto y sin nombre. También la excesiva demora judicial el NO DICTAR SENTENCIA es una omisión que debe ser sancionada. Esa acción o la omisión generalizada, deben ser analizadas desde una perspectiva estratégica. Por ejemplo:

Es importante que el país conozca quien es el Juez Cautelar que ha realizado mas Audiencias Efectivas, que Vocal de Sala Civil ha emitido la mayor cantidad de Autos de Vista revocatorios de Sentencia. Con esas cifras cuantitativas, observaremos que existen distorsiones del sistema judicial muy graves y habrá que preguntarse las razones de los rendimientos mínimos o aquellos que son sobresalientes.

Una segunda etapa luego del análisis cuantitativo del trabajo de los jueces, es identificar distorsiones que se presentan por un excesivo número de casos (principalmente en El Alto y Santa Cruz) y una cantidad mínima de causas (en provincias de Potosí y Beni). 

Depurado ese estudio la tercera etapa es evaluar el desempeño en la gestión de los juicios, un proceso que debe tener -por ejemplo- 7 pasos y resulta teniendo 23 pasos y muchos de ellos caracterizados porque el Juez no toma decisiones y se limita a correr traslados y pedir informes no representa un buen desempeño.

Finalmente, corresponde analizar la calidad de las Decisiones, estableciendo la solución del conflicto, el respeto a los derechos humanos, la aplicación de precedentes jurisprudenciales y doctrina en la decisión.

Al generar procesos de Evaluación de Desempeño, no perseguimos a los Jueces en una cacería de brujas sin sentido. Lo que logramos es identificar los problemas de incapacidad judicial y diferenciamos esas limitaciones de los problemas de exceso de carga de trabajo, insuficiencia de materiales e incluso de problemas legislativos.

Corrupción: causa o efecto.

El régimen disciplinario, y la persecución penal de los Jueces Corruptos, exige a nivel privado la persecución de los Estudios de Abogados que la crean y de sus clientes que la piden. A nivel público debe determinar que Autoridad tomo la decisión de corromper a un Juez. Esto requiere de investigación estratégica del Ministerio Público, sistemas de control de ingresos patrimoniales e identificación de legitimación de ganancias ilícitas. La corrupción a niveles Corporativos y Políticos, no es ejecutada por el Autor Intelectual del Delito, ni siquiera por sus Abogados, se trata de estructuras complejas que provocan miedo en los jueces y los llevan a optar por decidir a favor del más fuerte, y en contra del que menos daño y menos denuncias podrá presentar en contra del Juez.

Es imprescindible que los Jueces y Magistrados, gocen de buenos salarios y sistemas competitivos de seguridad social para ellos y sus familias. La estabilidad laboral es vital, pero sin evaluación del desempeño solo crea impunidad. El miedo de los jueces es la peor forma de  corrupción judicial y es el efecto de la falta de independencia judicial.

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