Justicia Legítima
Iván Lima M.
13/08/2015 - 19:26

La censura indirecta, la compra del silencio y el papel de los jueces

La Libertad de Prensa y la libertad de expresión pueden ser afectadas por la censura directa, la autocensura y formas de censura indirecta. El Sistema Interamericano y Universal de los Derechos Humanos han identificado a la asignación de publicidad como un medio de censura indirecta. La pauta de la publicidad oficial y el presupuesto destinado a promover las políticas públicas del Estado son materia que debe ser regulada por una ley específica. En principio no existe un derecho a publicidad, pero sí existe el derecho a no ser discriminado y el derecho de la sociedad a recibir información plural que no se vea afectada por la limitación del Poder Estatal mediante la publicidad dirigida únicamente a los medios afines y que comulgan con el Gobierno de turno sea municipal o nacional.  

Una revisión parcial del Presupuesto 2014, referido a 54 Instituciones Estatales con relación a los Códigos 255 (Publicidad) y 256 (Servicios de Imprenta, Fotografía y Fotocopiados), presenta un presupuesto de 50,3 millones de dólares norteamericanos para publicidad (255) y 29,8 millones de dólares norteamericanos para Impresos (256), haciendo un total de 80,2 millones de $us. La entidad número 1 en ese ranking es YPFB con 13,2 millones de $us, la segunda es la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra con 7,6 millones de $us, el Banco Central con 5 millones de $us. Un detalle ordenado y el archivo pdf que es la fuente se encuentran en los siguientes links: 

https://www.scribd.com/doc/274413820/Ranking-Presupuesto

https://es.scribd.com/doc/274413231/Publicidad-Estatal

El Presupuesto General del Estado contempla una partida denominada “otras” y asigna ítems de publicidad en partidas que no corresponden a la 255, por lo que los 80,2 millones de $us son referencia para señalar que existe una gran cantidad de recursos públicos que se utilizan a los efectos de generar una censura indirecta en los medios de comunicación. 

La segunda constatación que debemos analizar se refiere al D.S. 181 que regula la contratación que realiza el Estado de la publicidad y se rige por los principios de participación, libre participación y equidad: “Los proponentes pueden participar en igualdad de condiciones, sin restricciones y de acuerdo a su capacidad de producir bienes y ofertar servicios.”  El caso de la publicidad está regulado por el artículo 72 inciso c) del Decreto que señala la contratación directa, sin licitación de la publicidad televisiva, radial, escrita y de otros medios de difusión; cada entidad pública debe regular este proceso y una vez contratado el servicio debe presentar la información a la Contraloría General del Estado y registrarla en el SICOES, si el monto contratado es mayor a 20.000 Bs, una revisión rápida del SICOES muestra que solo se sube los Formularios 400 y 500 y no así los anexos que exige la norma en la mayor parte de los casos, un ejemplo se puede ver en el siguiente link: 

https://es.scribd.com/doc/274413231/Publicidad-Estatal

Bajo este contexto, pasamos a analizar el rol de los Jueces de la Región para lograr se emitan leyes que eliminen estas formas de censura indirecta. 

EL ROL DE LOS JUECES EN RELACIÓN A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

  1. La Corte Suprema de Justicia de Argentina juzgó el caso presentado por la Editorial Río Negro S.A. contra la Provincia de Neuquén, en dicho caso el Gobierno Provincial de Neuquén eliminó la publicidad oficial que tenía contratada con ese medio como consecuencia de una cobertura crítica. La Sentencia determinó la obligación del Gobierno de establecer un marco legal adecuado que limite la discrecionalidad de los funcionarios públicos e impida ese tipo de arbitrariedades: “1) … no puede manipular la publicidad, dándola y retirándola a algunos medios [con base en] criterios discriminatorios; 2) no puede utilizar la publicidad como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión”. 
  2. Se presentaron otros casos relevantes: ante la Corte Suprema de Chile presentado por la Revista Punto Final; en México ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con relación a la revista Contralínea; en Puerto Rico el caso del diario El Día; en la India, en el caso Ushodaya Publications Private Ltd. Vs. Goverment of Andhra Pradesh. En esos casos se ha discutido si el Estado puede distribuir el presupuesto en forma discriminatoria, concluyendo que la garantía de la libertad de expresión se vería afectada de forma indirecta si no se aplican criterios transparentes, auditables y estadísticos en la asignación de publicidad estatal. 
  3. En general, el Sistema Universal y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos han establecido como criterio que los recursos publicitarios nunca deben ser distribuidos discriminando, positiva o negativamente, de acuerdo a la línea editorial de los medios de comunicación. La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, en su principio 13, señala: “la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial (...) con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atentan contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”.

LAS LEYES DE ASIGNACIÓN DE PAUTA OFICIAL

En nuestra región, las leyes que regulan la Política Comunicacional de los Gobiernos fueron emitidas en el Perú y Canadá. En España la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional es del 2005, la legislación del Reino Unido, Italia y otros países se ha ajustado en los últimos años. Es sin duda un tema de desarrollo contemporáneo. Los criterios comunes que deben ser tomados en cuenta en una futura ley son los siguientes: 

  1. Definir el objetivo de la comunicación estatal y establecer criterios de planificación y distribución de la pauta oficial en el marco del plan anual de actividades de cada entidad; 
  2. Deben existir mecanismos de ponderación que precisen el modo en que serán sopesadas las distintas variables de asignación. En todos los casos, deben divulgarse públicamente los criterios que utilicen quienes toman las decisiones a nivel de gobierno para distribuir la publicidad del Estado.
  3. Establecer sistemas de información o registros de proveedores, en los que se inscribirán los medios de comunicación, los programas y los agentes intermediarios. Toda la información asentada en este registro debería ser considerada pública. Esta información debe ser verificable en cuanto a la cantidad de lectores, oyentes y público al que llega el medio.
  4. La asignación real de publicidad y la suma total del gasto deben ser también objeto de divulgación pública y rendición de cuentas al público. Es necesario que se establezcan mecanismos de control externo claros que informen sobre la legalidad y la idoneidad de la pauta estatal. Los controles deberían incluir auditorías periódicas. 
  5. Los defensores de intereses colectivos deberían estar facultados para impugnar asignaciones inadecuadas; también los particulares deberían poder cuestionar, mediante procedimientos adecuados, aquellas campañas que consideren ilegítimas. 
  6. Los Estados nunca deben utilizar la publicidad oficial como un subsidio, ya que tienen objetivos distintos, si se quiere promover una publicación o un grupo vulnerable se debe emplear incentivos tributarios y asignaciones directas que estén justificadas y sean sujetas de auditoría. 

LA COMPRA DEL SILENCIO Y LA PROMOCIÓN INDEBIDA

En contrapartida, es necesario que existan mecanismos eficientes que regulen y sancionen a los medios de comunicación que actúen con criterios de desinformación, discriminación e incitación a la violencia. El problema referido a los periodistas que solicitan pagos para realizar coberturas positivas o “compras del silencio”, es un aspecto que debe ser regulado para garantizar la libertad de expresión. Estos mecanismos nunca pueden significar una censura previa y tampoco la afectación de la libertad de expresión. En una sociedad democrática, el desequilibrio entre el poder y la sociedad es tan grande que las personas que ejercen función pública deben estar conscientes y asumir que su vida y acciones están bajo el permanente escrutinio de los medios. La actitud de transparencia y absoluto apego al derecho y la ética son el único camino para los funcionarios estatales. Esta posibilidad que existe no puede ser controlada mediante la distribución de la pauta publicitaria gubernamental, porque al ser discrecional y no ser establecida por un juez es arbitraria; y por tanto, está sujeta al control judicial.

En general, los expertos en libertad de expresión animan a los periodistas a acudir a los Tribunales para hacer valer el derecho constitucional de la sociedad a la libertad de expresión, cuando es afectado por mecanismos de censura indirecta o cuando la pauta de publicidad no cuenta con objetivos, ni mecanismos de regulación transparentes. La libertad de expresión deben llamar a los Jueces a actuar de forma inmediata. 

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